Mehdi el Madyouni lleva meses buscando piso, desde que su casera le dijo que tenía intención de vender. Pero no lo está teniendo fácil. "Soy moro. Cuando llamo y oyen mi acento, me crucifican. Me esquivan para no enseñarme el piso", explica por teléfono desde Reus (Tarragona), donde vive desde hace décadas.

Su paciencia llegó al límite en enero. Con asesoramiento legal de la ONG Provivienda, decidió denunciar a la inmobiliaria Finques Pagès ante la Agencia de Consumo de Catalunya por discriminación residencial. Tras varios tiras y aflojas, la agencia ha acordado con El Madyouni pagarle una indemnización de 4.000 euros por daños morales para evitar un proceso judicial que seguramente habría acabado en una sanción mucho mayor.

El Madyouni denunció después de interesarse por un anuncio de la inmobiliaria. "Me llamaron por teléfono, me explicaron cómo era la casa, que el propietario contrataba un seguro de impago, que necesitaba tener un contrato fijo, un año de antigüedad como mínimo en la empresa y ganar 1.500 euros o más", relata. El Madyouni lo cumplía todo, pero al preguntar cuándo podía hacer la visita le hicieron la última pregunta: "¿De dónde eres?"

Trabas para ver pisos

No es la primera vez se la hacen al buscar casa, y está convencido de que, "por desgracia", tampoco será la última. "Respondí que era español. Es lo que pone en mi DNI", relata. Pero el fondo era otro.

"Si me preguntan por mi origen, sí, es marroquí. Llevo aquí media vida, desde que llegué con 18 años. Ahora tengo 36. Pero eso les da igual", asegura.

Nunca pudo ir a ver ese piso. El agente inmobiliario que lo atendió le prometió que le llamaría dentro de unos días, "pero solo me daba largas, me ponía pegas", explica. Fue cuando le pidió a varios amigos suyos que llamaran a la agencia preguntando por el mismo piso, pero que lo hicieran desde el teléfono de El Madyouni. "Ellos hablaban sin acento o en catalán y no tuvieron problemas", sostiene.

Conversaciones grabadas

La prueba definitiva fue cuando el agente le llamó por teléfono pensando que era uno de sus amigos para fijar la fecha de la visita. "Cuando de nuevo escuchó mi acento me dijo que se había confundido. Me llené de rabia. Nos pasa una y otra vez, vivimos un infierno para alquilar una casa", lamenta.

El de El Madyouni no es, ni mucho menos, un caso aislado. Provivienda ya realizó un informe en 2020 en el que concluía que más del 70% de las inmobiliarias reconocen que aplican discriminación racial total si así lo piden los propietarios que las contratan. Es decir, que rechazan de entrada a los interesados solamente por su raza o país de procedencia.

Prohibido por ley

Sin embargo, ya hay leyes estatales y regionales que sancionan el racismo inmobiliario. El pasado julio se aprobó la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que ya faculta y obliga a las comunidades autónomas a tramitar denuncias por este motivo, desarrollar reglamentos y a imponer sanciones a propietarios y inmobiliarias que lo practiquen.

En Catalunya ya rige desde 2007 la Ley Catalana del Derecho a la Vivienda, que penaliza conductas discriminatorias en el mercado inmobiliario. Sin embargo, son pocas las personas que denuncian, explica a Público Miguel Ruiz, abogado de Provivienda y representante legal de El Madyouni durante el proceso.

Menos aún son las sanciones. De momento, las dos únicas conocidas las ha impuesto el Ayuntamiento de Barcelona. La más sonada fue una multa de 90.000 euros a una inmobiliaria en julio del año pasado por discriminación a personas extranjeras. También sancionó a Idealista por el mimo caso, aunque los tribunales concluyeron que el portal inmobiliario solo era un intermediario sin responsabilidad. 

Un buzón contra la discriminación residencial

"Si Barcelona no hubiera impuesto dos multas y si no existieran las últimas normas sobre igualdad de trato y no discriminación, ni El Madyouni ni nadie tendría incentivos para denunciar. Hasta hace pocos años reinaba la impunidad y había una gran infradenuncia porque no había casos exitosos. Eso está cambiando", considera el abogado. 

Pero a El Madyouni también le costó poner la denuncia. "Consulté a cuatro abogados, pero ninguno quiso hacerse cargo", sentencia. Un activista antirracista le recomendó que escribiera al buzón contra la discriminación residencial que gestiona Provivienda con financiación de la Unión Europea y del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. La ONG se puso en contacto con la inmobiliaria tras interponer la denuncia y comenzaron las negociaciones.

"Se puede mediar porque las empresa se enfrentan a grandes multas o a la inhabilitación", apunta el abogado de Provivienda. Conseguir un acuerdo por 4.000 euros habría sido impensable hasta hace muy poco, pero ahora, "la propia empresa ha reconocido ese racismo inmobiliario que venía de instrucción de la propietaria. Saben que hicieron mal las cosas y que deberían haber rechazado las directrices discriminatorias", añade.

La inmobiliaria, que no ha respondido a los requerimientos de Público, también aceptó una forma de reparación más allá de la económica, e informará al denunciante de pisos con características similares en alquiler. También se comprometió a no reincidir en este tipo de conductas discriminatorias, aunque según Provivienda, es difícil fiscalizarlo.

"Esto va a ir a más porque las personas afectadas verán que hay multas para las inmobiliarias y también que pueden ser indemnizadas en caso de racismo. Creo que así se ayuda a concienciar a los agentes inmobiliarios, que son una piza clave para que exista este racismo. Somos optimistas", dice, Ruiz.

El Madyouni, en cambio, no lo ve igual. "Seguirá pasando aunque aprenderán a hacerlo mejor", opina. Aun así, anima a todas las personas en su situación a denunciar y confía en que haya "multas elevadas" por estas prácticas. "Mucha gente cree que denuncio para sacar pasta, pero a mí no me hace falta dinero. Lo hago por dignidad y porque es un sufrimiento que afecta a tu vida entera no poder encontrar casa", sostiene.