El Ministerio de Defensa prometió bonificar a los profesionales que trabajaron durante la pandemia en el Hospital General Gómez Ulla. Una "recompensa" que tenía por objetivo retribuir la enorme carga de trabajo que el personal había tenido que soportar entre 2020 y 2022, cuando los contagios e ingresos por covid-19 eran una constante. Sin embargo, llegada la hora de la verdad, CCOO ha denunciado que el gabinete dirigido por Margarita Robles no ha tratado igual a toda la plantilla.

Defensa ha autorizado que se pague cinco veces más al personal militar que al personal civil de este centro hospitalario. Una situación que, según fuentes sindicales, se repite en otros lugares como en el Hospital General de la Defensa en Zaragoza. Mientras los funcionarios militares recibieron de media 2.000 euros en 2020, para los civiles se establecieron diferentes tramos en función de los cuales cobrarían entre 170 y 450 euros. 

De tal modo que, si el servicio prestado era "sobresaliente" durante de más de seis meses de servicio en el periodo valorado con un rendimiento extraordinario, previo informe motivado por la jefatura del servicio y conforme el director del hospital, se gratificaría con una cuantía de hasta 490 euros. Si era "completo", se pagarían hasta 300 euros, y en el caso de los "parciales" (entre dos y seis meses) se bonificarían 170 euros. Dinero que muchos aún no han percibido.

Desde la sección sindical de CCOO consideran que "se dan agravios comparativos de personal en la misma categoría y en las mismas funciones". "En diciembre, nos llevamos el chasco de mucha gente que no ha cobrado o de casos en los que algunos han cobrado 100 euros y, otros, el máximo, 490 euros", han lamentado en una conversación con Público.

En la misma línea, la organización entiende que ha habido "una arbitrariedad en el reparto de la bonificación, que discrimina claramente a los 1.500 trabajadores civiles en régimen estatutario, frente a los 300 profesionales militares que trabajan en el Hospital Gómez Ulla; por lo que reclama que se revisen de inmediato".

Fuentes del sindicato han explicado que desde CCOO remitieron un escrito al inspector general de Sanidad para que aclarara en base "a qué habían cambiado los conceptos respecto a lo que se dijo en mesa delegada"; se les respondió que había habido una serie de errores que se iban a subsanar en enero de 2024, pero desde entonces las situación no ha mejorado.

Como consecuencia, se ha generado un conflicto entre los compañeros que sí que han cobrado y los que no. Malestar que se extiende a otras categorías del personal laboral de lavandería, cocina, ordenanzas, administrativos, pero también médicos, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o técnicos de rayos que no han tenido derecho a cobrar nada.

Tampoco han sido penalizadas "sin recompensa" algunas trabajadoras sanitarias civiles por tener que coger la baja por maternidad, coincidiendo con algunos meses de la covid-19, pese a que habían estado trabajando durante la mayor parte de Estado de Alarma, han advertido en CCOO.