En la Declaración adoptada el 31 de octubre por la Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya, en la que reclaman la excarcelación de Julian Assange, advierten de la grave situación por la cual pasa la libertad de prensa. ¿Este es el motivo de la iniciativa?

Anteriormente ya se habían presentado dos en la misma línea. La primera en 2019 y después una segunda, aprobada en 25 de febrero de 2020, donde se insta a que se restituyan los derechos jurídicos y procesales de Julian Assange, para quien se pide la libertad incondicional e inmediata. En esta última, nos centramos sobre todo en reclamar que no sea extraditado a los Estados Unidos, puesto que en caso de producirse, corre el riesgo de que se le aplique la pena capital.

El texto también hace referencia al periodista vasco Pablo González, que lleva un año y medio encarcelado en Polonia. ¿Es otro episodio preocupante?

Como el de Assange, es otro caso que confirma la vulneración de derechos que sufre la profesión periodística a escala internacional. No solo el acoso en sus lugares de trabajo o los contratos precarios a que se enfrenta. Se calcula que, cada cuatro días, un periodista es asesinado a manos de gobiernos y otros grupos de poder; hechos de los cuales solo se investiga un 13%.

¿La declaración pretende denunciar esta tendencia creciente?

Sí, solo hay que observar la muerte de decenas de periodistas en la ocupación de Palestina por parte de Israel, en la guerra entre Ucrania y Rusia y en otros conflictos bélicos. Frente a esto, entendemos que hay que reivindicar la libertad de prensa como garantía de una democracia donde prevalezca la verdad. Y en este sentido, el caso de Assange, encarcelado por filtrar documentos que revelan los crímenes cometidos por los Estados Unidos en Irak y Afganistán, se inscribe en la guerra sucia contra el periodismo que saca a la luz a estas verdades silenciadas.

El caso de Assange se inscribe en la guerra sucia contra el periodismo que saca a la luz verdades silenciadas

Dani Cornellà

En un informe del mayo pasado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) apunta que también en el Estado español tiene lugar una regresión en cuanto al libre ejercicio del periodismo. ¿Qué opina?

Demuestra que en los países supuestamente democráticos los periodistas también reciben amenazas o se les abren procedimientos que coartan su libertad. Muchos tienen que mesurar qué dicen, cuando no aplicarse la autocensura para salvar sus puestos de trabajo. Pero la involución no viene de ahora en el Estado español; venimos de cierres de diarios, de periodistas apartados de sus medios por mantener opiniones críticas o afectados por la ley Mordaza.

¿Qué incidencia puede tener la declaración en orden al debate político?

Cualquier declaración, y más si sale de la máxima institución del país, siempre tiene una repercusión u otra, a la vez que genera malestar entre los sectores que se pueden sentir aludidos. En este caso, vemos que Ciudadanos está intentando desprestigiar el documento, señal de que les molesta y de que, si fuera por ellos, lo dejarían sin efecto.

¿Esperan que el documento fuerce a las instituciones a revisar la situación de Assange e implementar medidas destinadas a garantizar la libertad de prensa?

De momento ha servido para coordinarnos con el grupo Free Assange que se ha creado en Catalunya y, en el momento en que salga la sentencia, participaremos en las protestas que se puedan organizar. Además, tenemos previsto recibir a Estela, su mujer, a quien queremos trasladar nuestra solidaridad, y acompañar las mociones con que varios ayuntamientos están exigiendo que se respeten las garantías procesales de Assange y se le ponga en libertad inmediatamente.