El último informe de la Fundación FOESSA pone de relieve el empobrecimiento acaecido como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Los datos sitúan a cuatro de cada diez personas en situación de exclusión social por su inestabilidad laboral y sus escasos ingresos. En esta línea, el porcentaje de población en situación de carencia material severa aumenta casi un 50%, al pasar del 4,7% al 7,0%. Canarias, Catalunya y Andalucía son las comunidades más afectadas.

Se intensifica la brecha social

Aunque es evidente que la pandemia ha golpeado a todas las personas, lo cierto es que se ha cebado con aquellos que ya partían de una situación peor. Así, de los once millones de ciudadanos que viven en estas condiciones de pobreza, 2,7 millones son jóvenes de entre 16 y 34 años, 1,4 en situación de exclusión severa. 

En este sentido, la brecha de género también se ha profundizado: en aquellos hogares con una mujer como sustentadora principal la tasa de exclusión duplica al que registran las familias donde los ingresos, o su mayoría, los aporta un varón. Peores condiciones laborales, trabajos más precarios o peor pagados serían algunas de las causas que explicarían esta feminización de la pobreza. 

Según la investigación, ya son casi dos millones de hogares los que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave. Esto es, se encuentra pluriempleada, en lo que va de año ha trabajado en tres o más empresas o ha estado en el paro durante un periodo superior a ocho semanas. Según los datos, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado, mientras la contratación temporal ha subido un 19%.

Los problemas de empleo han pasado a ser la piedra angular de los españoles en este último año (el 21,8% de los hogares se ven afectados por esta disyuntiva). Por su parte, los problemas de vivienda afectan ya al 20,6% de los ciudadanos, según la FOESSA. 

Todo parece indicar que por debajo de los ciclos económicos encontramos que existen tendencias de fondo que impiden entablar relaciones laborables estables y de calidad. En este asunto tiene mucho que decir la flexibilización del mercado de trabajo derivada de la reforma laboral del Partido Popular, que lejos de alcanzar esa suerte autonomía profesional que prometía, no ha generado sino una sensación de incertidumbre e inseguridad generalizada, incluso en los periodos de expansión. La "inestabilidad laboral grave", que en 2017 afectaba al 4,8% de sustentadores/as principales; en 2020, la proporción había subido al 10,3%.

Las políticas públicas frente a la covid-19

Si bien es cierto que lo largo de este periodo el sector público ha desplegado una serie de iniciativas que han tratado de paliar el impacto de la pandemia. Entre ellas se encuentra la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), políticas de protección sociolaboral (como los ERTE y las medidas de protección extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos) promulgadas desde el Ministerio de Trabajo o la subida del salario mínimo. También es evidente que dichas medidas, ya sea porque han tenido una cobertura insuficiente o porque se han encontrado con dificultades para ser aplicadas, no han logrado mitigar una desigualdad que parece ya crónica. En el caso del IMV, tan sólo 336.933 hogares se han beneficiado de los 850.000 previstos.

En resumen, siguiendo el informe, "la crisis de la COVID-19 nos deja una profunda huella social que incide en la situación provocada por la Gran Recesión de 2008". Una huella que se concreta en "un aumento de las desigualdades sociales, incluidas las de género, y de la exclusión social, que amenaza con profundizar y cronificar la fractura social con los sectores más vulnerables".