La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha ordenado mantener la suspensión de la repatriación de nueve menores migrantes marroquíes a su país. 

Al menos no se hará por la vía expeditiva elegida por el Ministerio de Interior al margen de lo previsto en la legislación española y los tratados internacionales. Esta paralización se ha hecho extensiva por parte de la administración al resto de los 700 jóvenes en la misma situación.

Según la jueza, "existen datos bastantes para entender que se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" de los niños en caso de devolución.

Según el auto, el Acuerdo suscrito por España y Marruecos el 6 de marzo de 2007 en el que la Abogacía del Estado basaba la defensa del procedimiento elegido para las expulsiones "no es un tratado internacional", sino "una declaración de intenciones" que "no constituye fuente de obligaciones internacionales, ni se rige por el derecho internacional".

Además, la magistrada recuerda que en su propio articulado se obliga a España a "acatar nuestro ordenamiento jurídico y las normas de derecho internacional, concretamente la Convención sobre los Derechos del Niños para proceder a la repatriación de los menores".

A su juicio, "únicamente es posible llevar a cabo dicha repatriación si ésta se realiza con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico", algo que no se ha hecho ni con la Ley de Extranjería ni con la de Protección Jurídica del Menor.

También advierte que "no consta que se haya cumplido con ninguno los preceptivos trámites: no se ha aportado información alguna de los menores afectados que permitan conocer los datos que han determinado su repatriación; no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores, ni a la Ciudad Autónoma pese a asumir ésta la guarda de los menores, ni al Ministerio Fiscal, sin que en modo alguno pueda entenderse que se cumple con los trámites exigidos la mera remisión a Fiscalía del listado de menores que ese mismo día se van a repatriar; y tampoco se ha aportado la resolución motivada susceptible de ser recurrible".

El auto remarca que "uno de los principios esenciales de nuestro ordenamiento es que las leyes deben cumplirse en sus propios términos". "Ello implica que todos, incluidas las Administraciones, tienen la obligación de cumplir las normas vigentes, sin realizar excepciones no contempladas expresamente en el propio texto normativo", subraya.

El Gobierno defiende su actuación 

Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta en el Palacio de la Moncloa para buscar una situación a la situación de los menores marroquíes no acompañados que están en la ciudad autónoma. 

Sobre este asunto, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este martes su actuación en la devolución de menores desde Ceuta y ha indicado que, si la justicia pide atender "algún matiz" en esta cuestión, el Ejecutivo "podría atenderlo".

Rodríguez ha señalado que "está constatada" la "defensa de los derechos humanos" por parte del Ejecutivo y ha indicado que lo que se ha hecho en la ciudad autónoma es "dar solución a un problema". 

"El Gobierno ha actuado en cumplimiento del convenio del año 2007 y si la justicia observara que hay que atender algún matiz, pues por supuesto podríamos atenderlo", ha declarado.

Aún así, ha señalado que la atención a estos menores migrantes es "lo importante". "Que puedan reunirse con sus familias y mantener su escolarización al principio del curso escolar", ha concluido.