La devastación causada por la propagación del coronavirus no entiende de territorios ni de sectores sociales porque a todos golpea por igual. Pero el COVID-19 se está cebando con las personas mayores y, principalmente, con los colectivos más desprotegidos y vulnerables, que carecen de los recursos básicos para combatir la enfermedad.

Éste es el caso de los centros de servicios sociales para personas sin hogar con los que cuenta el Ayuntamiento de Madrid, que se encuentran al límite de su capacidad y están atendidos por un mínimo de trabajadores que no cuentan con los equipos de protección adecuados.

Los empleados de estos centros han enviado una carta al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en la que le explican que los usuarios pertenecen a la población de riesgo del coronavirus y que, lejos de tener la protección necesaria ante la enfermedad, están siendo víctimas de una sobreexposición, como consecuencia de la decisión de los responsables municipales de trasladar más personas a estos centros.

En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, la plantilla se queja del "hacinamiento desmedido" que se está produciendo en la red municipal de personas sin hogar y echa en falta una mayor inversión en medidas de protección, tanto para los residentes como para los trabajadores.

"Por este hacinamiento", agrega la carta, "es tarea imposible crear los espacios de seguridad necesarios para evitar los futuros contagios e intentar así tomar las mismas medidas que se están adoptando con el resto de la población menos vulnerable".

En albergues como los de Puerta Abierta o Juan Luis Vives los trabajadores sociales se ven impotentes para atender a los residentes habituales y no disponen de los equipos de protección necesarios.

Una bomba de relojería

El centro de Puerta Abierta presta servicio normalmente a 124 usuarios, la mayoría con patologías relacionadas con enfermedades mentales, traumas, alcoholismo, toxicomanías y otras adicciones. La cifra ha subido en los últimos días a 140 internos, que están recluidos las 24 horas y son atendidos por seis empleados en algunos turnos, lo que significa una "auténtica bomba de relojería", según manifestó a este diario uno de los portavoces de los trabajadores.

Este portavoz explicó que desde comienzos de esta semana el Ayuntamiento está derivando a los centros de acogida a diferentes personas que vienen de la calle con la sospecha de ser positivos al COVID-19, pese a que los responsables municipales son conocedores de la ausencia de infraestructuras y servicios técnicos necesarios para albergarles.

El documento remitido al Defensor del Pueblo refleja el compromiso de todos los trabajadores sociales en la prevención, protección y seguridad de los residentes y hace un llamamiento a las autoridades competentes, "ya que podemos estar ante una más que probable cadena de contagios de población muy vulnerable, con lo que esto puede conllevar".

El portavoz de los trabajadores señaló que han pedido la intervención de la Inspección de Trabajo y reiteró su temor de que el virus se propague con facilidad entre los residentes, que constituyen una población de riesgo porque muchos son enfermos crónicos y pueden estar mucho más expuestos al virus.