Los motores de las máquinas llevan varias semanas sonando en el valle de Castanesa, una zona de montaña situada en la zona noreste de la región aragonesa en la que apenas viven más de doscientas personas. Los prados y la inclinación de las laderas se prestan irresistibles para un proyecto turístico bien conocido en la zona: la ampliación de la estación de esquí de Cerler. Los pocos vecinos del entorno se dividen entre los que sueñan con un ecosistema rico en telesillas y quienes, amparándose en los argumentos medioambientales, se oponen a un plan urbanístico y turístico al que apenas encuentran aristas positivas.

Los propios vecinos que se oponen a esta pista de esquí reconocen que en el valle no hay unanimidad, pero se subrogan al pasado para explicar que las obras no tienen mucho sentido. “Este proyecto no es nuevo, se remonta quince años atrás y fue paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en 2014”, explica a Público Francisco Iturbe, miembro de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) y portavoz de Ecologistas en Acción. La Justicia derribó las ilusiones del proyecto, no tanto por la pista de esquí, como por los proyectos urbanísticos a los que iba ligado, en tanto que se pretendían edificar miles de viviendas y parcelas hoteleras en este humilde valle.

La anulación de la Justicia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy –el principal municipio implicado– para la construcción de las viviendas frenó por completo los intereses de Aramón, la promotora que está detrás del proyecto de ampliación. Aramón es una empresa privada, aunque su capital está dividido al cincuenta por ciento entre Ibercaja y el Gobierno de Aragón. Sin embargo, la Diputación General de Aragón anunció en marzo de este año que el proyecto iba a ser retomado con un coste estimado de 40 millones de euros.

Desde el Gobierno de Aragón explican a Público que el plan ha sido “redimensionado” y que “es sostenible ambiental, económica y socialmente”. Además, señalan que se ha puesto en marcha porque la Aramón “sabe que puede afrontarlo económicamente y con todos los trámites ligados a la sostenibilidad ambiental en orden, incluidas las actualizaciones necesarias”.

Sin embargo, desde las organizaciones ecologistas –Ecologistas en Acción (EEA), SEO/Birdlife y WWF– denuncian que las obras se sustentan en la misma Declaración de Impacto Ambiental que se presentó en el año 2010, por lo que no se tendrán en cuenta los cambios que haya podido haber en territorio y, sobre todo, las últimas investigaciones sobre cómo afectará la crisis climática a los entornos montañosos. De hecho, el reciente informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) alerta sobre los efectos negativos del calentamiento global en las zonas montañosas debido al deshielo de los glaciares.

“Ya no nieva como antes”, se lamenta Manel Badía uno de los vecinos de Montanuy que se pregunta “cómo pueden pretender construir pistas de esquí en estas condiciones climáticas”. Pero el deporte de nieve no es lo que impulsa este proyecto. Así lo entiende Luis de la Infanta, de la Asociación de Vecinos Naturaleza Rural, que lleva años manifestando su rechazo a la ampliación de Cerler. “El esquí no da dinero, lo que da dinero es el urbanismo”, advierte, para señalar en el calendario una fecha clave: diciembre de 2020, el momento en el que la Declaración de Impacto Ambiental caducará y pondrá en riesgo la solvencia económica del proyecto.

Desde las organizaciones ecologistas señalan, además, las implicaciones medioambientales de estas construcciones. “En la zona se han avistado ejemplares de oso pardo y lobos, especies en peligro de extinción que no aparecen contemplados en la Declaración de Impacto Ambiental de 2010”, denuncian EEA, SEO/BL y WWF en un comunicado conjunto. Los partidarios de este proyecto, tanto poderes locales como vecinos, ponen en valor el impacto cuantitativo de la obra que afectaría tan sólo al 3% de la montaña. Sin embargo, los detractores ahondan en los efectos negativos que puede tener reorientar la economía del lugar hacia el turismo.

“Este es un entorno rural de gente que ha vivido con el ganado toda la vida y que no saben hacer otra cosa. Para ellos esto podría ser un cambio de modelo que les desplace por completo de su actividad y su manera de vivir”, opina Badía. La despoblación se ofrece como un argumento nítido al que acogerse, dada la magnitud del proyecto en materia de vivienda, pero hay quien ve en el modelo urbanístico de alta montaña un aliciente más para expulsar a los pocos residentes del lugar.

De hecho, las cantidades de dinero que Aramón ya invirtió en la compra de parcelas no han sido reinvertidas en el territorio y no sirvieron para frenar el éxodo rural. Tanto es así, que de los 307 habitantes que había en 2008, se ha pasado a los 215 en 2018. Desde Ecologistas en Acción evidencian la contradicción que supone respaldar el proyecto en la lucha contra la despoblación cuando el Gobierno de Aragón acaba de recortar 36 millones de euros del plan Leader para el desarrollo rural.

La división del valle también ha llegado al propio cuatripartido del Gobierno de Aragón, en tanto que desde Podemos y la Chunta Aragonesista (CHA) mostraron su disconformidad con el inicio de las obras a mediados de septiembre. "No entendemos cómo han empezado las obras y creemos que un proyecto de estas características obedece a un modelo caduco, con una vía de hace 10 años y las condiciones han cambiado; no comprendemos ni compartimos ese proyecto", valoraba el portavoz de la CHA en la cadena SER.

Por el momento, las obras continúan con los primeros trabajos que se centran en las mejoras de caminos e infraestructuras. Las máquinas se mueven impasibles en unas laderas que cada año se bañan con capas más finas de nieve. Los pastores, a diario, siguen sacando a sus vacas de los corrales y la escasa gente que habita esta zona de la montaña sale a exprimir lo que queda del sol de este verano alargado.

"Van a hacer una chapuza", concluye De la Infanta desde su casa en Montanuy.