La Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida popularmente como la ley de aborto, ha sido aprobada este en el Congreso de los Diputados por 190 votos a favor. A ella se opusieron los 154 representantes de Vox, Partido Popular y Ciudadanos y contó con cinco abstenciones. Esta norma viene a modificar la ley de plazos de 2010 aprobada entonces por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para ampliar derechos a las mujeres y revertir, además, la modificación a esa norma realizada por el Partido Popular en 2015 por la que se prohibía a las menores de 16 y 17 años a realizarse un aborto sin el consentimiento parental. 

El debate del Pleno estuvo atravesado por el órdago del Partido Popular y un Tribunal Constitucional caducado, para paralizar la reforma del Gobierno para provocar su renovación. En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, inició su intervención en el Pleno afirmando que "hoy damos un paso muy importante para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país. En un contexto de ofensiva reaccionaria. El feminismo sigue siendo un impulso democratizador de nuestra sociedad dentro y fuera de este hemiciclo". 

La norma, a la que se le ha dado la luz verde para que sea ahora el Senado quien de el último paso para su aprobación definitiva, ha sufrido diversas modificaciones desde que fue aprobado por el Ejecutivo en Consejo de Ministros, gracias a la aprobación en la comisión de Igualdad del Congreso de diversas enmiendas propuestas tanto por los grupos que forman la coalición de Gobierno, como por los que lo sustentan. Entre ellas, cabe destacar algunas que tienen que ver con la objeción de conciencia de los médicos.

Así, entre las modificaciones introducidas figura la imposibilidad de que en los comités que deciden sobre los abortos a partir de la semana 22 participen facultativos que hayan mostrado su objeción a la realización de abortos. Otro de los cambios es que la mujeres que se encuentren en esta situación y a las que se les haya dado una resolución negativa a interrumpir su embarazo, puedan recurrir a la justicia. Hasta el momento no existía ninguna forma en que una paciente pudiera oponerse a una resolución negativa a estos comités, por lo que se veían forzadas a salir al extranjero para abortar si había algún problema en su embarazo avanzado. 

Por otro lado, una enmienda de Bildu, aprobada en la ponencia de la ley incluye medidas para impedir que los médicos no objetores sufran "discriminación" en el sistema sanitario. Uno de los problemas principales en la sanidad pública a la hora de realizar abortos, es la estigmatización que sufren los profesionales de la salud que deciden realizar aborto. Tal como han afirmado diversos expertos, esta estigmatización está en la base de que muchos médicos se nieguen a realizar abortos en la sanidad pública. En la actualidad, más del 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas concertadas. Una realidad que esta ley quiere corregir. 

¿Cuáles son los principales avances de la norma?

La ley quiere garantizar que la interrupción del embarazo se realice en la sanidad pública. Tal como afirmó Irene Montero en su discurso en el Congreso este jueves, con la aprobación de esta ley "estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción del embarazo en el hospital mas cercano a su domicilio y con la red pública como referencia" y añadió que "el Estado reconoce y respeta la autonomía de las mujeres para decidir. Que no dudamos de sus decisión".

La norma viene a solucionar uno de los problemas más acuciantes que presentaba la ley de 2010, debido a la desigualdad territorial que experimentaban las mujeres a la hora de acceder a un aborto. Si bien la práctica estaba garantizada, la inexistencia de hospitales públicos que la realizaran y de clínicas concertadas, obligaban a muchas mujeres a desplazarse de su provincia e incluso de su comunidad autónoma para abortar. 

La ley también incluye una serie de medidas para facilitar la capacidad de las mujeres a decidir. Hasta el momento era obligatorio recibir un sobre con información antes de abortar, que en muchas Comunidades Autónomas consistía en información de ayudas a la maternidad, y guardar tres días conocidos como de "reflexión". Ahora estos dos requisitos se han eliminado de la norma.

La ley contempla la obligatoriedad de crear un registro de médicos objetores de conciencia, al estilo de la que se incluyó en la ley de eutanasia, para poder conocer la disposición de médicos dispuestos a realizar el procedimiento en centros públicos y así poder planificar que siempre haya médicos disponibles y suficientes. Esta medida ha levantado ampollas en los grupos de la derecha y la extrema derecha parlamentaria. El Partido Popular ha afirmado que el listado de objetores "tiene un tufo a lista negra" y que oculta la "voluntad de castigar a quienes se nieguen a practicar abortos". 

Tanto el Grupo Popular, como Vox han vertido duras críticas hacia toda la norma y han criticado las prisas por aprobar una norma que se tramitó de urgencia. Ademas, la norma contempla otras medidas en el ámbito sanitario. Entre ellas, un permiso menstrual para reglas dolorosas o incapacitantes, otro permiso tras el aborto, tanto si se produce de forma espontánea o no, así como un permiso de preparto desde la semana 39. 

Otra de las novedades es el acceso y dispensación de métodos anticonceptivos, así como de la píldora conocida como del día después.

La violencia obstétrica se cae de la ley

Si bien los diversos grupos políticos que apoyan al Gobierno han reconocido los importantes avances que propone esta norma, no ocultaron su disgusto por la falta de acuerdos en algunos puntos claves.

Uno de ellos es el hecho de que el término de "violencia obstétrica" finalmente no aparece en la ley, algo por lo que había peleado el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, que fue quién lideró gran parte de la reforma. En su lugar se han incluido una serie de medidas para garantizar los "derechos en el ámbito ginecológico y obstétrico". Para algunos el grupo parlamentario Bildu, esta es una carencia importante en la norma y ha culpado al "corporativismo" de eliminarla. "Llamar las cosas por su nombre las identifica, hace que samos consientes de esta y que podamos batallarlas. La violencia obstétrica está definida por la OMS, y es una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es obvio que debería formar parte de la ley", afirmó su portavoz, Pilar Vallugera.

Otra de las oportunidades perdida, para la CUP, es que no se haya aprovechado la reforma de la norma para eliminar la criminalización del aborto del Código Penal. "Esta no despenalización, nos dice mucho del control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres", apuntó Mireia Vehí, que había introducido una enmienda en este sentido, que finalmente no se aprobó.

La gestación subrogada será una violencia 

Tal como figuraba en la propuesta del Gobierno, la gestación subrogada (vientres de alquiler) será considerada como una violencia hacia las mujeres. La ley también prohibirá la publicidad de este servicio como ilícita. Ciudadanos, que afirmó estar de acuerdo con la mayoría de los avances que contiene la nueva ley, explicó sin embargo que votaría en contra si la norma seguía manteniendo al subrogación como una violencia. Tanto para la formación naranja, como para el PNV o Junts, la consideración de esta práctica como violencia supone una decisión "ideológica" y genera "estigma" en los menores. Sin embargo, las dos últimas fuerzas no rechazarían el texto por este motivo. 

La derecha y la ultraderecha parlamentaria (PP y Vox) han sido las que más duramente han atacado al Gobierno y a la Ministra de Igualdad por esta norma y han aprovechado el atril para criticar de paso diversas leyes aprobadas o en tramitación, como la del solo si es sí o la ley trans. Desde el PP se ha acusado a Igualdad de un generar un "atropello legislativo convertido en modus operandi del Gobierno", por haber tramitado esta norma y otras por el procedimiento de urgencia. La popular María Teresa Angulo reprochó a Igualdad no haber recabado los comentarios de distintas instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace unos días puso objeciones a puntos clave de la ley, pero que presentará su informe la próxima semana. Éste había sido solicitado de urgencia por el Gobierno el verano pasado. Por su parte, la representante de Vox dijo que la ministra de Igualdad daba con esta norma "un nuevo golpe a la Constitución" y afirmó que la ley se hace "al dictado de la patronal del aborto".

Reconocimiento a la lucha de las mujeres

Tanto la Ministra de Igualdad, como diversas representantes de los distintos partidos que apoyan al Gobierno, han reconocido en el hemiciclo la lucha del movimiento feminista y de las organizaciones claves para que nuestro país hoy disfrute de derechos sexuales y reproductivos. En su alocución, Irene Montero, agradeció a "las 11 de Basauri, a Justa Motero y Begoña San José. Nos habéis enseñado la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, a luchar para conquistar nuestros derechos". También ha agradecido a Bibiana Aído, la primera ministra de Igualdad y al Gobierno de Zapatero, al Tren de la Libertad (una inmensa movilización de mujeres que frenaron la reforma de la ley del aborto por el Partido Popular en 2015). "A todas las que dese el periodismo han combatido la culpa, el estigma y la soledad".