El presidente de la Fundación Educatio Servanda que gestiona el colegio Juan Pablo II de Alcorcón, Juan Carlos Corvera, ha negado las acusaciones de sexismo en sus clases y ha afirmado que los talleres de ganchillo se ofrecen "a todos" los alumnos tanto niños como niñas del centro escolar.

Así lo ha aseverado en declaraciones a Antena 3, en la que ha respondido a las acusaciones vertidas por el portavoz de Ganar Alcorcón, Jesus Santos, quien le ha recriminado que esas clases "sexistas" se tengan que pagar con fondos públicos.

Corvera ha explicado que el colegio ofrece a los estudiantes esa actividad autorizada por la Consejería de Educación en horario extraescolar para quienes lo eligen entre ocho talleres, entre los que también hay robótica o ajedrez.

"Todos los talleres está aprobados por el Consejo Escolar y se han ofrecido a todos. Cada uno, según su gusto y su criterio, elige uno u otro", ha insistido el presidente de la Fundación Educatio Servanda.

"Nuestro colegio, por las razones que sea, es mediático y ayuda en la promoción de personas y determinados grupos políticos de este Ayuntamiento", ha criticado, agregando que dentro de tres meses sacarán algo nuevo para centrar su foco en ellos por ser un colegio religioso.

Este colegio estuvo hace unos meses envuelto en una polémica, después de que su director, Carlos Martinez, fuera sancionado por la Comunidad de Madrid por emitir una carta en la que comparaba la ley contra la homofobia, aprobada el pasado mes de julio por las Asamblea, con el fanatismo terrorista.

Tras la decisión de Educación de inspeccionar el centro, para comprobar si el centro, que separa a los alumnos por sexo, oferta clases de ganchillo y visitas a comedores sociales para las chicas, mientras que los chicos van al Bernabéu ha señalado que la Consejería "siempre actúa de la misma manera" cuando hay una denuncia o una queja por asuntos como bulling o por alguna actividad extraescolar.

"Lo que se hace es mandar una inspección. Eso se hace todos los días. Hace tres meses, este colegio tuvo una inspección educativa muy severa y no encontraron causa leve ni grave que alterase el concepto educativo. Son profesionales que determinan si se cumple la legalidad. Me parece muy bien que lo hagan porque tienen que vigilar que se cumpla la ley", ha apostillado.