madrid
Actualizado:Organizaciones y colectivos en defensa por los derechos de las personas migrantes han convocado movilizaciones estatales para apoyar la propuesta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la regularización de las casi 500.000 personas migrantes en situación administrativa irregular en España.
Los colectivos han llamado a la movilización en 16 ciudades el próximo sábado 19 y domingo 20 de febrero, con el objetivo de reunir medio millón de firmas para que la ILP sea debatida en el Congreso de los Diputados.
Los colectivos aseguran que es una cuestión de acceso a los derechos fundamentales de las personas
Según el escrito de la ILP, las organizaciones, que forman parte del movimiento RegularizaciónYa, han remarcado que en la Península residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad.
Los grupos han recordado que la situación de irregularidad en la que se encuentran muchas personas migrantes supone una condición de vulnerabilidad permanente y que urge una regularización extraordinaria porque es una cuestión de acceso a los derechos fundamentales.
"La irregularidad impide contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad y de la vida, entre otros", aclaran desde RegularizaciónYa.
"Esenciales" durante la pandemia
Además han mencionado que la gran mayoría de personas migrantes han estado en primera línea durante la crisis sanitaria y han ejercido trabajos esenciales como el cuidado, la alimentación y la prestación de servicios.
"Muchas compañeras trabajadoras del hogar sin papeles no van a poder acceder a ninguna medida social y de desprotección tras haber sido despedidas por estar en situación irregular", manifiesta Edith Espinola, portavoz de RegularizaciónYa y Servicio Doméstico Activo (SEDOAC).
Sin embargo, Espinola ha denunciado que "se ha dejado atrás" a estas personas consideradas durante el confinamiento como "esenciales". La organización demanda una regularización extraordinaria para visibilizar la población migrante, garantizar sus derechos laborales en condiciones de igualdad y reducir la situación de abuso y explotación.
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