Varios centenares de jóvenes ex tutelados se han manifestado ante las puertas del Ministerio del Interior, casi todos con edades comprendidas entre los dieciséis y los diecinueve años. Muchos viven sin papeles y en lugares de acogida que les proporcionan las asociaciones y ONG’s de las que están a cargo.

Expresan su descontento ante la reciente decisión del Ministerio de Interior de paralizar el Real Decreto que promovieron sus socios de Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este Real Decreto cumplía con la promesa del Gobierno de hace más de un año de documentar a los menores y adolescentes migrantes no acompañados/as de manera inmediata a través de una autorización de Residencia y Trabajo a partir de los 16 años. Además, se comprometían a simplificar los requisitos para la renovación de este permiso a partir de los 18 años.

Al acto ha acudido el diputado de la Asamblea de Madrid, Serigne Mbayé, de Unidas Podemos, que ha reclamado que el Partido Socialista y el Ministerio de Interior levanten el bloqueo a la reforma del Reglamento. Mbayé ha señalado que "se trabajó un reglamento que debería haberse aplicado el 24 de agosto y ahora está en un cajón". "El PSOE tiene las competencias de Extranjería, queda en sus manos aplicarlo", ha declarado.

También ha estado en la concentración otro diputado autonómico de Unidas Podemos, Agustín Moreno. Hay algo que es una auténtica atrocidad, en el permiso de residencia pone expresamente 'no autoriza a trabajar', dejar a un joven en la calle con dieciocho años cuando muchos se han estado formando es un disparate, no tiene justificación la postura del Ministerio del Interior", ha manifestado.

Sin embargo y a la espera de que esté Real Decreto se apruebe en el Consejo de Ministros, los jóvenes pierden oportunidades para continuar con sus estudios o conseguir un trabajo. Según Juan Molina, de la asociación de Familias Solidarias, esta es la situación de en torno a "8.000 jóvenes en nuestro país".

 Con el paso del tiempo y sin aprobación a la vista, la mayoría ha perdido la autorización de trabajo que les proporcionó la Instrucción 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones, pasando ahora a tener una autorización de residencia que no les permite trabajar. Es el caso de Ayoub El Bouzidi, un joven de 19 años, que llegó saltando la valla de Melilla hasta Cádiz y que vivió en un centro de menores hasta los 18 años: "Me piden medios de vida, más de 2000 euros mensuales, eso no lo tiene ningún joven ni siquiera de España". Ahora está bajo el cuidado de la ONG Voluntarios Por Otro Mundo (Jerez de la Frontera) y nos cuenta que está deseoso de trabajar para "conseguir un futuro" en nuestro país.

En la misma situación está Hamoudi Kante, él lleva cuatro años en España y ya tiene en mente el trabajo que le gustaría ejercer, con estudios de electricidad, quiere continuar por esa rama: "Con los papeles hechos, podría trabajar como ayudante de electricista".

A los dos los acompaña Marta Sánchez, abogada de Pueblos Unidos, que reclama que la Administración abandona a los chicos cuando cumplen dieciocho años, "necesitamos que se cambie de reglamento porque las ONGs no podemos seguir asumiendo el cuidado de los chicos, les damos lo básico, comida y alojamiento, pero necesitan un contrato de trabajo que no pueden conseguir sin la documentación en regla, incluso algunos tienen ofertas de trabajo que no pueden aceptar por no tener ese permiso".

Estos dos jóvenes han sido algunos de los que han visitado en esta misma jornada al Defensor del Pueblo que les ha trasladado su apoyo. "Nos dijo que quiere lo mismo que nosotros, que el reglamento cambie y no solo que cambie, que cambie ya".

Delante del Ministerio, en pleno Paseo de la Castellana, el resto de jóvenes corean en el mismo tono de protesta, con el sonido de los timbales acompañándolos y con pancartas con lemas como "Reglamento de Extranjería justo, humano y digno!", "¡Papeles para todos, regularización ya!" o "Ninguna persona es ilegal".