La carrera de Canarias para lograr su descarbonización antes de 2040 llevó al Gobierno regional y al Cabildo de Gran Canaria a hacer una apuesta millonaria por las energías verdes. La creación de una central hidroeléctrica de bombeo reversible en el interior de la isla pretende convertirse en el sello energético del archipiélago. El objetivo es crear un espacio de almacenaje de renovables pionero para el archipiélago conectando dos embalses de agua y utilizando la energía potencial para producir electricidad. Sin embargo, el impacto sobre el barranco en el que se proyecta abre el debate: ¿puede la instalación de renovables ir en contra del medioambiente?

"Estamos en una emergencia climática en la que el planeta se juega su futuro. Si sobrepasamos la temperatura en más de 1,5 grados, la discusión no será si existirá el barranco de Arguineguín, sino si existirá el planeta", reflexiona el abogado ambientalista Antonio Hernández, a favor del proyecto. "No se puede hablar de lucha contra el cambio climático si, al mismo tiempo, se está produciendo la destrucción de los ecosistemas", le contradice el presidente de la plataforma Salvar Chira-Soria, el arqueólogo Julio Cuenca.

Cómo funciona una central hidroeléctrica de bombeo reversible

El Gobierno canario estima que se pierde un 20% de las energías verdes que se generan en Gran Canaria porque no hay un lugar donde guardar el excedente. La creación del proyecto del Salto de Chira surge de dos interrogantes: dónde almacenar la energía cuando se consume menos de la que se produce y qué hacer para obtener agua cuando no llueve. Para lograrlo, el Salto de Chira, con una inversión de 400 millones de euros, utilizará dos embalses ya construidos en el centro de Gran Canaria -las presas de Chira y Soria-, además de una desaladora en la costa.

Gráficamente, el funcionamiento de Chira-Soria se puede ver como una torre de dominó, en la que el primer gesto mueve la siguiente pieza. En el caso del Salto de Chira se utilizarán dos depósitos distanciados por 350 metros de desnivel: el superior (Chira), en el que se almacenará el agua con una energía potencial aprovechable; y el inferior (Soria), que actuará como un embalse para que el agua no se escape y pueda bombearse al depósito superior.

A grandes rasgos, el agua se bombea desde el embalse de Soria y se almacena en el embalse de Chira. Es decir, debe desplazarse hacia arriba. Para hacerlo, se hace uso del excedente de energía renovable de la isla.

Con esta iniciativa, la presa de Chira se convertiría en un espacio donde hacer acopio de la energía que se produce en los días de más sol o viento y que no llega a consumirse. Cuando se necesite producir electricidad, bastaría con lanzar el agua aprovechando el desnivel. Ese movimiento generaría una energía cinética que, al chocar con unas turbinas, produciría electricidad, explica Ricardo Guerrero, catedrático de la Universidad de La Laguna y director del máster de Energías Renovables.

Pero, ¿qué ocurre cuando no hay agua suficiente para producir la energía? Para socorrer los periodos de sequía y garantizar el funcionamiento de la central el proyecto incluye la creación de una estación desaladora de agua de mar (EDAM) en Arguineguín, en el sur de la isla. Tal y como ha confirmado el Cabildo de Gran Canaria a Público, su instalación ya está en marcha y es el primer paso de un proyecto de seis años. A través de ella, se espera que se generen hasta 2,7 millones de metros cúbicos anuales de agua desalada.

El proyecto fue declarado bien de interés general por el Gobierno de Canarias y bien de utilidad pública e interés social por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. La central de Chira-Soria pretende generar 200 megavatios (MW) de energía, un 36% de la punta de demanda de toda la isla.

Cronología del proyecto

Las presas de Chira y Soria eran de titularidad pública, pertenecían al Cabildo de Gran Canaria y eran gestionadas por el Consejo Insular de Aguas. En enero de 2011, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria disputó la concesión de las aguas embalsadas y la presa de Chira para ser utilizadas como fuentes de energía hidroeléctrica. En ese concurso se otorgó la concesión a Unelco-Endesa. El expresidente del Cabildo de Gran Canaria, el socialista José Miguel Pérez (2007-2011), selló el fin de su legislatura con la presentación del Salto de Chira.

Dos años después, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, con José Manuel Soria (Partido Popular) a la cabeza, promulgó una ley para los territorios extrapeninsulares e insulares. La norma estableció que en estos territorios la titularidad de las estaciones de bombeo creadas para garantizar el suministro a la población debía ser del operador del sistema, es decir, Red Eléctrica.

En enero de 2015, Unelco-Endesa cedió el proyecto de Chira-Soria a Red Eléctrica empujada por la ley. A cambio recibió 11,2 millones de euros por los costes derivados de un proyecto que aún estaba en fase de tramitación. En esa transacción, también se entregó a Red Eléctrica la concesión de las aguas de los embalses de Chira y Soria para explotarlas con fines eléctricos por un periodo de 25 años, ampliable a 50. Ya entonces Red Eléctrica vendía la iniciativa como uno de sus "grandes proyectos" para los próximos años, con un presupuesto inicial de 250 millones de euros.

En 2016, con Fernando Clavijo (Coalición Canaria) dirigiendo el Ejecutivo autonómico, se declaró el proyecto de Chira-Soria como de interés estratégico para las islas. El objetivo era agilizar los trámites. Una vez Red Eléctrica asumió el poder sobre el Salto de Chira, planteó hasta tres modificaciones diferentes del proyecto inicial, haciendo hincapié en la reducción del impacto ambiental denunciado por diferentes asociaciones y organismos. No fue hasta 2020 cuando presentó el proyecto definitivo.

La normativa europea 2019/944 sobre el mercado interior de la electricidad establece que los gestores de redes de distribución y transporte no pueden gestionar ni explotar instalaciones de almacenamiento de energía. Ante esta norma existen algunas excepciones.

El 20 de noviembre de 2020, el Ministerio de Transición Ecológica pidió a la Comisión Europea una excepción para los territorios no peninsulares de España y, en particular, para el proyecto de Chira-Soria. "Red Eléctrica no puede ser productor y almacenador", añade Pedro Hernández, profesor de la Escuela de Turismo de Lanzarote y una de las caras visibles de Salvar Chira-Soria.

En cuanto a esta petición, el Cabildo de Gran Canaria afirma que "Europa está a punto de contestar". Ya en diciembre de 2021 la Comisión insistió en que adoptaría una decisión "lo antes posible". A la espera de la respuesta de Europa, ya están en marcha las obras de la desaladora en Arguineguín.

Riesgos para la salud a causa de Chira-Soria

Un informe de Salud Pública de octubre de 2020 determinó que se producirán riesgos para la salud y el bienestar de las personas en la fase de construcción de la central por un periodo de, al menos, seis años. "Esto será como viajar del paraíso al infierno", describe Francisco Javier Afonso, uno de los vecinos del barranco de Arguineguín.

Entre los problemas "significativos" en la calidad de aire, el informe destaca la emisión de polvo, el trasiego de maquinaria y vehículos pesados y su emisión de gases, la posible emisión de compuestos relacionados con las explosiones, así como de compuestos orgánicos para construir viarios y plataformas.

Este documento recogía la afección a nueve núcleos poblacionales. En todo el barranco, la plataforma Salvar Chira-Soria estima alrededor de 2.500 afectados. Salud Pública determinó en el documento que, aunque "el número de habitantes afectados no es cuantioso", el periodo estimado sería muy prolongado, por lo que "no se puede minimizar el carácter negativo y significativo de todos esos impactos".

No solo se espera un impacto negativo de la construcción de la central; también se han detectado "riesgos para la salud de carácter indirecto" durante la fase de funcionamiento. Las infraestructuras asociadas al proyecto, los tendidos eléctricos, la emisión de campos electromagnéticos, los vertidos de salmuera al mar por la desaladora y los problemas de ventilación son algunos de los puntos destacados por la Dirección General de Salud Pública.

Al mismo tiempo, el informe descarta la afección por emisiones de la subestación soterrada. Parte del tendido eléctrico irá bajo tierra, aunque la mayoría, 14 kilómetros, será aéreo. La iniciativa también tendrá repercusión en el paisaje por las torres eléctricas y la estación depuradora.

Salud Pública consideró que el impacto sobre la ocupación del suelo será "permanente e irreversible" por la magnitud de la superficie ocupada e instó al Gobierno de Canarias a pensar si merecía la pena el riesgo por explotar una central hidroeléctrica durante 50 años. A pesar del impacto negativo en la salud, en la ocupación del suelo o el paisaje, el mismo documento destaca que las presas constituirán "una zona de atracción visual, mejorando la actividad turística y un refuerzo de la isla como territorio sostenible".

En diciembre de 2021, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias concedió la autorización administrativa al proyecto. Para el responsable del área, José Antonio Valbuena, su creación supondrá un "hito determinante" para Canarias.

Chira-Soria también tiene defensores entre los ecologistas. Antonio Hernández es abogado ambientalista y fue portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción entre los años 2000 y 2013. Tal es su apuesta por el proyecto que dobla la iniciativa: "Yo no propondría una Chira-Soria, sino dos o tres".

Mientras, la plataforma contra el proyecto critica la privatización. "No solo destruyen el territorio, sino que se quedan con nuestros recursos energéticos y con el agua de nuestras cuencas hidrográficas", critica el presidente de Salvar Chira-Soria, Julio Cuenca. "Es todo un despropósito".

Cuenca pone en duda que el fin de la obra sea la lucha contra el cambio climático y apunta al interés económico. "Nos estamos cargando una cadena poniendo en manos de una multinacional algo público", critica el geógrafo y afectado por el proyecto Francisco Javier Afonso.

El impacto ambiental que supondrá la central

El Salto de Chira está proyectado en un espacio de 200 kilómetros cuadrados y repercute a seis zonas de la Red Natura 2000. Abarcará desde las Zonas de Especial Conservación (ZEC) Franja Marina de Mogán, Roque Nublo II y Macizo de Tauro II hasta las Zonas de Especial Protección para las Aves de Tauro, Ayaguares y Pilancones.

La Comisión Europea afirmó en diciembre de 2021, en respuesta a una petición de Salvar Chira-Soria, que no es incompatible esta protección con la construcción de una central hidroeléctrica. Sin embargo, estimó que "las autoridades nacionales competentes únicamente" debían dar el visto bueno al plan "tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad de los lugares".

La biodiversidad de la zona también ha sido uno de los puntos destacados por la plataforma Salvar Chira-Soria. El cardonal-tabaibal, una formación vegetal mixta propia del archipiélago que se compone de cardones y tabaibas, el pinar, el bravo de Gran Canaria, las sabinas, los acebuches o los tarajales son algunas de las especies que habitan en la zona.