España es ya el tercer país de la Unión Europea donde más solicitudes de protección internacional se registran, después de Alemania y Francia. Fueron 65.404 en 2021, un 26% menos que en 2020 y casi la mitad que en 2019, el año previo a la pandemia, cuando se registraron casi 120.000 solicitudes. Las restricciones a la movilidad por el coronavirus invirtieron por primera vez una tendencia al alza que se iba acelerando desde hacía cinco años, aunque en lo que va de 2022 las cifras están volviendo a la senda previa a la pandemia.

A nivel general, España ha duplicado su tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria. En concreto 10,5% de las casi 70.000 solicitudes estudiadas han recibido uno de estos dos niveles de protección, frente al 5% del pasado año. Son cifras muy por debajo de la media europea, que ronda el 35%, aunque casi 13.000 personas, un 18,5%, recibieron el permiso de residencia por razones humanitarias, según los datos del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Aunque en estos números no están incluidos los desplazados por la guerra en Ucrania. Su situación es especial, con un proceso más rápido y ágil, sin la burocracia y los largos compases de espera del procedimiento de asilo normal y con cuatro centros recepción, atención y derivación (CREADE) en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, una especia de "ventanilla única" donde se tramita toda la documentación y en 24 horas se obtiene el permiso de residencia y trabajo.

Gestión "excelente"

La directiva con la que la Unión Europea desarrolló la figura de la protección temporal y su rápida y ampliada aplicación por el Gobierno España ha dado amparo ya a más de 120.000 desplazados por este conflicto en apenas tres meses. Estrella Galán, directora general de CEAR, no tiene reparos en calificar de "excelente" la gestión desplegada para el éxodo ucraniano, salvo para algunos desplazados de Ucrania, pero con otras nacionalidades, que están teniendo problemas para acceder a esta protección.

"Ya no hay excusas, está demostrado que se puede", ha insistido Galán durante la presentación del informe. La directora general también ha recordado la Operación Antígona, con la que el verano pasado España evacuó a 2.000 afganos tras la caída de Kabul en manos de los talibanes. "Es otro ejemplo de que con voluntad política se puede responder ágil y eficazmente", ha ilustrado.

Por eso su organización asegura que el modelo aplicado para la crisis de Ucrania "debe adaptarse, ampliarse y extenderse" al sistema de asilo español en general, actualmente lleno de trabas, falta de coordinación entre los ministerios implicados, de personal especializado y donde el simple hecho de conseguir una cita para registrar la solicitud ya es una misión casi imposible, ha resumido. El mantenimiento de los CREADE tras la experiencia ucraniana y su implantación en otros territorios ayudaría a agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo, a detectar vulnerabilidades y, sobre todo, a acceder al propio sistema de asilo y a sus recursos, considera CEAR

Son más de 100.000 las solicitudes de asilo que están pendientes de resolver en España, menos que todas las tramitadas para la protección temporal de los desplazados de Ucrania en tres meses. "Se ha demostrado que en la UE hay dos formas de gestionar las migraciones y el asilo: una pésima que provoca muertes y sufrimiento y no evitar que las personas lleguen a Europa; y otra eficaz y humana, que gestiona las llegadas, la acogida y la protección, ágil y eficiente, que no criminaliza a las personas refugiadas", ha insistido.