Humedades graves, carencia de aislamiento, patios sin desagüe, terrazas que se inundan, azulejos agrietados o que saltan, grifos sin presión o sin agua caliente... El listado de patologías que presenta el edificio situado entre las calles Honore Garcia y el paseo de la Universitat, en el barrio del Raval Universitari de Castelló es larguísimo, y éstas serían causadas por una carencia de mantenimiento de la propiedad que podría suponer un caso de acoso inmobiliario, según la descripción que hace la Ley valenciana de Función Social de la Vivienda.

Estas patologías se encuentran descritas de forma detallada en un informe independiente firmado por una arquitecta y un jurista, por encargo del Sindicato de Inquilinos de la capital de La Plana, quien ya hace meses que libra una enconada lucha contra Témpore Properties Socimi SA, un fondo de inversión que actualmente es el tercer operador en alquiler residencial en España, con más de 2.500 viviendas en nueve autonomías.

Según se puede leer en las conclusiones del informe, los niveles de humedad detectados podrían llegar a ser potencialmente peligrosos para la salud de los inquilinos. Además, atribuye esta carencia de mantenimiento a "un clima de hostilidad que necesariamente ha podido degradar la habitabilidad de los hogares y que, además, parece que es compatible con la satisfacción de los intereses mercantiles de las diferentes empresas". También se documentan las quejas de algunos de los arrendatarios por estas deficiencias y la falta de respuesta por parte de la propiedad.

El estudio se ha elaborado después de que los inquilinos afectados denunciasen los abusos de los propietarios ante la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. "La Consellería vio indicios de posibles faltas muy graves y pidió un informe más concreto, prácticamente pericial, para que el expediente sancionador fuera inapelable, había bastante miedo a los recursos de la empresa, que cuenta con muchos abogados", explica Raül Beltran, técnico en materia de vivienda del Ayuntamiento de Castelló. En este sentido, la concejal de Vivienda de la ciudad, María Garrido, ha reiterado el apoyo a los inquilinos afectados: "como administración más próxima a los ciudadanos tenemos la obligación de intervenir. No podemos permitir que estos fondos juegan con la economía y la salud de la gente. Tenemos que velar para que se respete la función social de la vivienda, que es más importante que los beneficios desorbitados de estas empresas, y por eso estaremos detrás de la sociedad civil, tanto tiempo como sea necesario y hasta tan lejos como quieran llegar".

Además del expediente ante Consellería, Témpore Properties puede enfrentarse a otro expediente, en este caso municipal, por el estado del recubrimiento de las fachadas, que en algunos casos incluyen riesgos de desprendimientos potencialmente peligrosos. "Les informaremos y les daremos una fecha para arreglarlo, y, si no lo han hecho, esto lo asume el Ayuntamiento y les pasa la factura", informan desde la administración municipal.

En caso que el expediente sancionador llegue a materializarse, Témpore Properties podría ser multada con 3.000 euros por cada inquilino que se demuestre que ha estado asediando. "La cifra no es muy alta, pero hay que valorar que sería la primera vez que esta disposición de la Ley de Vivienda se aplicaría en el País Valencià", valora Beltran.

Desde el Sindicato de Inquilinos, su portavoz, Javier Vázquez, reconoce que la sanción "no resuelve el problema de los vecinos que no pueden acceder a una vivienda", pero que puede ser "un primer paso para poner freno a los abusos de las inmobiliarias". "La presión para echarnos o para que aceptemos precios desorbitados es muy grande, pero la mayoría de familias que resisten lo hacen porque no tienen ningún sitio donde ir –explica Vázquez-. Es necesario que las administraciones se tomen seriamente la legislación en materia de alquileres, como la LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos], que contiene numerosas lagunas que los propietarios utilizan en su favor". Vázquez también denuncia la imposibilidad para acceder a un contrato de alquiler para muchas familias en Castelló: "Ya no hablamos de la gente que se encuentra en el paro. Si para firmar un contrato te piden unos ingresos mínimos de 1.500 euros, y mi vecino, que es bsurero y cobra 900, con cuatro hijos... Es imposible que pueda alquilar un piso".

Según el Plan Estratégico de Vivienda elaborada por el Ayuntamiento de Castelló, hay al menos 5.600 viviendas vacías en la ciudad, de las cuales 1.500 son de grandes propietarios. En el caso concreto del edificio del Arrabal Universitario, estiman que un 60% de los pisos propiedad de Témpore se encuentran vacíos.