Juana Rivas ha solicitado al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo que adopten "cuantas medidas sean necesarias" para la protección de sus hijos, después de presentar una nueva denuncia contra su expareja por presuntamente maltratar y amenazar de muerte a los menores.

En un escrito remitido al delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, la madre granadina le pide que "inste a quien corresponda" para garantizar "la protección jurídica internacional" de sus hijos, de 13 y 5 años, y que requiera "la plena colaboración y cooperación" del Gobierno de Italia, donde los niños viven con su padre.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, también pide a Fernández que "impulse" esa misma petición a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados "para que a su vez insten a los diputados del Parlamento Europeo" a tomar las medidas oportunas.

El escrito, registrado el 31 de julio y firmado por Juan de Dios Ramírez, uno de los componentes del equipo legal que defiende a Rivas, coincide con la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Granada que confirmó la condena de la mujer a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores.

Rivas desea que el Congreso promueva "cambios legislativos" para garantizar la seguridad de las víctimas de maltrato y violencia de género, así como que se dirija a la Eurocámara para que los convenios europeos sobre víctimas de violencia de género "tengan una aplicación real en la práctica".

A través de su abogado, Rivas recuerda la denuncia que interpuso en 2016 "a raíz de los últimos acontecimientos acaecidos en Italia", que considera que son "consecuencia de la desprotección jurídica" de sus hijos.

El Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Granada se declaró entonces incompetente a tramitar dicha denuncia, que permaneció en archivada sin tramitar durante más de un año y medio. Cuando España envió dicha denuncia finalmente a Italia, "tras un larguísimo periplo administrativo y judicial", acabó en un juzgado italiano en la ciudad de Cagliari, donde nunca fue investigada. Desde hace tres años, esa denuncia, que el entorno de Rivas y su defensa legal consideran clave para entender y juzgar todo el caso, sigue guardada en un cajón.

Tanto esa denuncia, como las otras seis que Rivas interpuso en Italia por supuestos malos tratos y amenazas de su expareja hacia sus hijos, están en un juzgado de lo penal de Cagliari desde el día 3 de julio. El juzgado debe decidir si las archiva, tal como pide la fiscalía de dicha localidad o si por el contrario se abre una invetigación penal sobre los hechos denunciados.

Ramírez denuncia que Rivas sufre una "situación de desprotección" y alega que eso la llevó a solicitar al Congreso y al Parlamento Europeo que ejecutase los "mecanismos legales" necesarios para que la denuncia se tramite "sin más demoras".

También recuerda que el 4 de marzo de 2018 reclamó al Ministerio de Asuntos Exteriores "amparo y protección jurídica Internacional" basándose en que España e Italia han ratificado el Convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.