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La Casa de Alba intenta legalizar los pozos que investiga un juzgado por dañar un acuífero cerca de Doñana

Ecologistas en Acción pide a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que paralice el expediente con la solicitud de la empresa hasta que no se resuelva la querella de la Fiscalía por extracción ilegal de agua en la finca Aljóbar.

Fotografía de uno de los pozos ilegales, tomada por el particular que los denunció ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Fotografía de uno de los pozos ilegales, tomada por el particular que los denunció ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cedida a Público

La empresa de la Casa de Alba investigada en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por extraer agua sin autorización en una finca del entorno de Doñana está tratando de legalizar la situación de los ocho pozos que utilizaba para regar naranjos y que carecían del permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Ecologistas en Acción cree que lo que pretende la empresa ahora es "eximir sus responsabilidades" por el daño causado al acuífero.

La pretensión de la empresa Eurotécnica Agraria, propiedad de una de las familias aristocráticas más importantes del mundo, se va a dirimir este miércoles en un acto de confrontación en la misma finca con representantes de Ecologistas en Acción, que han presentado alegaciones como parte interesada, y bajo la supervisión de la CHG. Este organismo, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, es el que deberá acordar si acepta la petición de transformación de derecho privado a concesión de aguas públicas de ocho pozos en la finca Aljóbar, situada en el término de Aznalcázar.

La Confederación Hidrográfica intentó precintar los ocho pozos por carecer de autorización, pero se lo impidieron

Personal de la Confederación Hidrográfica intentó precintar hace un año los ocho pozos que carecían de autorización en ese terreno, pero en la finca se lo impidieron. La Guardia Civil denunció entonces ante la Fiscalía un posible delito contra el medio ambiente por detracción ilegal de aguas y otro de desobediencia, y en septiembre el ministerio público presentó una querella en el juzgado contra los responsables de Eurotécnica Agraria, en cuyo consejo de administración figuraba entonces como presidenta Eugenia Martínez de Irujo y como consejeros, tres miembros de su familia.

A principios de este año, la Comisaría de Aguas de la CHG remitió al Juzgado Mixto número 5 de Sanlúcar la Mayor que investiga la querella un informe en el cual concluye que la extracción de agua a través de los pozos no autorizados en Aljóbar "es susceptible" de haber causado daños sustanciales a la calidad del acuífero afectado o de haber perjudicado gravemente su equilibrio natural.

Según el informe de la Confederación, las posibilidades de haber causado daños sustanciales y graves al acuífero son aún mayores si se tiene en cuenta que las extracciones de agua se produjeron "sin control volumétrico alguno y sin conocimiento de su régimen estacional".

Eliminar el "despilfarro de agua"

La empresa de la Casa de Alba pretende ahora incorporar los ocho pozos y sumarlos a los dos únicos que estaban autorizados en la finca, pero manteniendo el caudal que ya tenía concedido merced a una reducción de la superficie de riego y una actualización de los cultivos, con una optimación de los sistemas de regadío y eliminación del despilfarro de agua, según la solicitud presentada ante la Confederación.

De acuerdo con su proyecto de actualización, Eurotécnica Agraria se compromete a reducir de 200 hectáreas autorizadas a 161,62 para el riego por goteo de naranjos y olivar superintensivo. "Estas captaciones -los ocho pozos- se incorporarían solo como apoyo a los asistentes y no superarán el caudal máximo concedido; simplemente, se repartirá caudal entre todos, para así mejorar la hidrodinámica del acuífero, evitando extracciones fuertes en solo dos puntos", detalla la empresa en su solicitud.

Eurotécnica se compromete, además, a informar a la CHG el primer trimestre de cada año de los volúmenes de agua que han sido captados de los pozos y a disponer de un libro de control con el consumo mensual.

Ecologistas en Acción pide la paralización del expediente de autorización de los pozos

Ecologistas en Acción ha pedido, sin embargo, la paralización del expediente de autorización de los ocho pozos hasta que no se resuelva en el juzgado la investigación de la querella presentada por la Fiscalía por extracción ilegal de agua, un asunto en el que esa organización se encuentra personada como acusación particular.

"Igual que se ha suspendido el expediente que abrió la Confederación Hidrográfica por estos pozos hasta que se resuelva la vía judicial, entendemos que también tiene que suspenderse este para la incorporación de ocho captaciones de agua", ha manifestado a Público el responsable de de Agua en Ecologistas en Acción Andalucía, Antonio Amarillo.

Haría falta más agua para tantas hectáreas

La organización ecologista también alega que en la solicitud que ha hecho la empresa no figura ninguna información sobre la situación de los pozos que se pretenden incorporar a la concesión de aguas públicas subterráneas: cómo se han hecho y cuándo y si cuentan con algún tipo de permiso administrativo.

Además, los ecologistas consideran que, según los parámetros establecidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG), es "materialmente imposible" regar 161,62 hectáreas con el volumen de agua que ha presentado la empresa de la Casa de Alba en su solicitud. "Si la dotación para los cítricos en el PHG es de 5.400 metros cúbicos por hectárea y año y de 3.500 metros cúbicos para olivar superintensivo de más de 1.000 pies, como es este caso, necesitarían un volumen anual de 743.744 metros cúbicos, lo que supone 137.244 más que los que tiene autorizado y concedido la propiedad, que es de 606.500 metros cúbicos por hectárea y año", explica la organización en sus alegaciones.

A juicio de Ecologistas en Acción, con los datos de las dotaciones del Plan Hidrológico, Eurotécnica Agraria podría llegar a regar como máximo 80 hectáreas de naranjos y 50 de olivar, es decir, 30 hectáreas menos en total de las que pretende abarcar la empresa según el contenido de su solicitud.

Tampoco se incluye información en el expediente, según esta organización, acerca de la autorización para el cultivo de la finca Aljóbar, es decir, si tienen la consideración de terrenos regables o forestales, como eran antiguamente. "Lo que entendemos es que la propiedad está intentando solucionar el problema de la denuncia en el juzgado y han visto la posibilidad de incorporar los ocho pozos a la legalidad para desactivar la vía judicial", afirma Antonio Amarillo.

La organización ecologista intentará evitar que puedan "eximir responsabilidades"

El portavoz ecologista avisa que su organización va a estar atenta para que este expediente no se convierta en "un atajo para eximirse de las responsabilidades por haber consumido más agua de la que tenían autorizada durante al menos diez años y que ha podido causar un daño a la masa de agua subterránea".

En la finca Aljóbar se han llegado a recolectar más de 60 millones de kilos de naranjas de diferentes variedades entre 2010 y 2021, según una contabilidad interna, es decir, una media de cinco millones de kilos por año. Ahora, la empresa, de acuerdo con la propuesta que ha presentado a la Confederación Hidrográfica, va a diversificar la producción con el cultivo también de olivar superintensivo en una extensión de algo más de 67 hectáreas, que suponen más de 112.000 olivos.

En el informe que la CHG emitió hace un año para la adopción de medidas cautelares mediante el precinto de los pozos valoró en 36.702 euros los daños ocasionados hasta ese mes al dominio público hidráulico en la última campaña agrícola de la finca, a causa de los riesgos ilegítimos con un consumo de 305.851,73 metros cúbicos de agua.

Posteriormente, en el dictamen remitido al juzgado, la Confederación Hidrográfica refiere que, en el marco de la investigación que se llevó a cabo en mayo de 2023 junto al Seprona de la Guardia Civil, se detectó un riego localizado de 153 hectáreas de naranjos con aguas derivadas de diez pozos, "sin que dos de ellos contaran con el amparo que ofrece el aprovechamiento inscrito en el Catálogo de aguas privadas".

La empresa difundió en octubre un comunicado en el que aseguró que la extracción de agua en Aljóbar en ningún momento había superado el volumen máximo autorizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Además, aclaró que Luis Martínez de Irujo era el miembro del consejo de administración responsable de la explotación de la finca y que Eugenia Martínez de Irujo nunca había participado en esa gestión.

El entorno de Doñana es uno de los cuatro puntos negros de España en el robo de agua

El entorno de Doñana es, según un informe de WWF publicado en 2020, uno de los cuatro puntos negros de España en el robo de agua. Esta organización para la defensa del medio ambiente estima que hay más de 4.700 hectáreas -el equivalente a 5.700 campos de fútbol- regadas con agua extraída ilegalmente dentro y en las proximidades de un espacio clave para la biodiversidad, fundamentalmente en la comarca del Aljarafe sevillano.

La Fiscalía ha pedido que declare en el juzgado como investigada la persona que ostente la representación legal de la empresa Eurotécnica Agraria, en cuyo consejo de administración figuran Eugenia, Cayetano y José Martínez de Irujo Fitz-James Stuart, y Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, familia que se presenta en la página web de la Casa de Alba como la mayor propietaria de tierras de España, con 38.000 hectáreas de explotación agrícola. Además, el Ministerio Público ha solicitado que preste declaración el gerente directo de la finca Aljóbar. 

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