El hospital de Alzira, emblema del modelo sanitario del PP, volvió este domingo a manos públicas. Un “compromiso cumplido” del gobierno del cambio en la Comunitat Valenciana que pone fin a 18 años de un sistema “basado en los recortes y las privatizaciones”.

Lo dice la consellera de Sanidad, Carmen Montón (Burjassot, 1976), que insiste en que la externalización “no sale más barata al contribuyente ni aporta más calidad asistencial”. Bajo el mantra de la eficiencia, Zaplana y sus compañeros de partido acabaron privatizando el 20% de la asistencia en la región y exportaron el modelo a Madrid.

Tras meses de litigios con la empresa concesionaria (Ribera Salud), la Generalitat valenciana es hoy pionera en revertir una externalización sanitaria. A partir de ahora, afirma Montón, “el Gobierno velará por la sostenibilidad del sistema y no por el rendimiento económico que se puede sacar de un determinado departamento”.

¿La diferencia? “Entender la sanidad como un derecho y no como un negocio”.

¿Cómo han sido estos 18 años de gestión privada en Alzira?

Han sido 18 años de un modelo fracasado. Nace de la mano del PP valenciano en 1999 y enseguida empieza a acumular pérdidas multimillonarias. En 2003 la Generalitat rescató el modelo y además indemnizó a la empresa con 25 millones de euros por el supuesto lucro cesante por los seis años que aún quedaban de concesión. Finalmente, modificó el contrato al alza un 68% de ganancia para la empresa y se la volvió a adjudicar a Ribera Salud. Es un modelo de privatización a la carta que no es sostenible —la empresa tiene que abonar al Govern 105 millones de euros a cuenta de los años 2013, 2014 y 2015—  y se ha demostrado fracasado por las constantes intervenciones de la Generalitat para mantenerlo a flote y por la falta de control del dinero público.

¿Hasta dónde ha llegado esa connivencia del PP?

La propia Inspección hizo un informe durísimo explicando estas cuestiones. Por ejemplo, advirtió de que se estaban tomando decisiones en órganos no correspondientes, como las comisiones mixtas. Se hacían para controlar las concesiones pero, al final, se convertían en una comisión entre la empresa y el Govern que reeditaba las reglas del juego y buscaba favorecer el interés particular en detrimento del público. Ha sido un modelo opaco desde sus inicios. De hecho, el propio contrato de nacimiento no justifica el porqué de la cápita ni sus bases.

¿Cuál será el cambio más visible de la reconversión? 

Nosotros quitamos de la ecuación el beneficio empresarial y ese es un dinero que se escapaba del sistema y que ahora podemos redireccionar hacia el sistema. Las decisiones que se tomaban antes tenían un componente de óptica empresarial del que la sanidad pública carece. Cuando tomamos la decisión de dar tratamientos contra la Hepatitis C a todos los pacientes, lo hicimos con toda la diligencia y sin demorarnos ni un día porque nosotros no estamos mirando la cuenta de resultados, sino el resultado en salud. La sostenibilidad pasa por cambiar esa óptica.

¿Cuál será la diferencia entre el coste de la gestión pública y la privada?

Para las cuentas de la Generalitat, es el mismo. Nosotros pagábamos una tarifa plana de 770 euros por habitante, es decir, 190 millones al año. Además, las cuestiones importantes como los trasplantes, la oxigenoterapia, la hemodiálisis, el transporte sanitario, o la oncología iban a cargo del Govern, por lo que las partidas son las mismas.

¿En qué notará ese cambio el ciudadano que acuda al centro?

Este año, con la misma partida presupuestaria, no sólo subrogaremos a todos los trabajadores, sino que ampliaremos la plantilla del departamento con 303 nuevos puestos de todas las categorías (de facultativos a celadores) y haremos una inversión de 5,7 millones de euros para mejorar la tecnología. Por ejemplo, renovaremos los aparatos de oncología porque están obsoletos y apostaremos por tener equipos digitalizados de radiología y ecografía en Atención Primaria para poder dar el diagnóstico más rápido y en la Atención Primaria. Otro ejemplo: los pacientes crónicos pluripatológicos deben ser atendidos en su domicilio porque son muy mayores pero hasta ahora, fruto de una lógica empresarial, se veían obligados a acudir al centro para unas simples curas. Nuestra lógica es únicamente la mejora de la calidad asistencial.

Pero para garantizar la sostenibilidad también habrá que ahorrar...

Claro, pero la sostenibilidad del sistema no pasa por la privatización, sino por ahorrar en aquello que no afecta ni a los derechos de los trabajadores ni a los pacientes. Hay que ahorrar mediante las compras centralizadas, el control de concesiones y conciertos, el control de stock, la eficiencia energética... En esta legislatura ya hemos ahorrado 240 millones de euros en este tipo de medidas. Tener una sanidad eficiente no es tener una sanidad barata y el modelo Alzira era barato para la empresa.

¿Qué perfil tienen los profesionales que estarán al frente del centro?

Se ha renovado el equipo directivo por cuestiones organizativas. Al frente, tenemos a la doctora González, que ha sido gerente del Hospital de San Juan y directora general de la Alta Inspección y que tiene experiencia en la gestión y conoce las normas la reconversión. La acompañarán personas de la propia oficina del comisionado, que ya conocían el entorno, a los trabajadores y a los sindicatos, y que es gente muy comprometida y con experiencia. También hay personal más joven, por ejemplo, en Atención Primaria y Atención Domiciliaria hemos buscado la energía y la fuerza para arrancar un proyecto que tiene mucho margen de mejora.

La del hospital de Alzira es la primera de las cinco concesiones público-privadas que existen en la Comunitat que dejará de estar gestionada por una empresa. ¿Sembrará un precedente para las que vengan en los próximos años?

La hoja de ruta es ir finalizando los contratos y, entre tanto, controlar el dinero público y velar para que se garantice la calidad asistencial y la equidad. Cuando finalicen los contratos, ya en la próxima legislatura, la idea es hacer lo mismo que en Alzira. Sólo en Denia, donde el socio mayoritario es la aseguradora alemana DKV, podríamos pactar una rescisión de contrato de manera anticipada. 

¿Qué supone políticamente la reconversión de la gestión del hospital de Alzira?

Es un hito muy importante del gobierno del cambio porque simboliza el cumplimiento de un compromiso político que habíamos adquirido con la ciudadanía. Supone dar credibilidad a la política y es la raíz de algo muy profundo que es entender la salud como derecho y querer fortalecer la sanidad pública valenciana.