La Justicia Militar exoneró a un capitán que presuntamente acosó a una cabo, a pesar de las pruebas y testimonios que sustentaban su acusación.

La Fiscalía pidió siete meses de prisión para el capitán Jacinto por el presunto acoso al que sometió a la cabo Esmeralda (petición sustentada en las grabaciones y la testifical del coronel médico). El presunto acoso comenzó tras la negación de la joven, en noviembre de 2013, a aceptar las proposiciones de su capitán (“Me pareces muy morbosa y me gustaría quedar contigo”).

No solo fueron proposiciones, sino que en una ocasión le llegó a “agarrar del brazo y de la cintura”. Llegados a este punto, la cabo le pidió al oficial que “cesara o, de lo contrario, daría parte de lo ocurrido”.

Desde el incidente, según ella misma relata, las condiciones laborales comenzaron a verse endurecidas, las calificaciones bajaron y los trabajos más ingratos pasaron a corresponderle.

Los permisos que anteriormente al suceso se aprobaban sin la mayor objeción también se vieron obstaculizados. Debido a ello, cuando operaron a su padre no le quisieron dar los días de permiso correspondientes hasta que medió un suboficial.

Amenaza de arresto por ser "muy desobediente"

Por suerte para ella, “habló mi brigada con el comandante” y este le concedió el correspondiente permiso. Que el capitán no pudiera sancionarla y que el comandante le concediera el permiso que le correspondía no mejoró la situación, sino que provocó, según la cabo Esmeralda, que el capitán le llamase esa misma tarde desde su número privado “con amenazas” y le advirtiera de la inminencia de un arresto por ser “muy desobediente”.

Al volver al cuartel, el capitán Jacinto (nombre también figurado) ya tenía preparado el expediente de arresto y aunque el mismo no se consumó, la cabo Esmeralda terminó con un ataque de ansiedad que derivó en una baja médica.

Tras darse de alta voluntaria a los pocos meses, se incorporó al trabajo un lunes, acudió al botiquín de la unidad a ratificar el alta médica y se encontró, de nuevo, con la apertura de otro expediente disciplinario por “faltar a lista”.

La cabo Esmeralda se sintió perseguida y entendió que si no era ese primer día, antes o después terminaría sufriendo otro arresto, por lo que decidió dirigirse a las oficinas para solicitar el cambio de compañía.

Según su versión, durante el trayecto se encontró con el capitán y este le espetó: “Tenías que haber dicho que sí en las maniobras, tú qué te has creído, cabo”. Fue en ese momento cuando la cabo comprendió que un cambio de destino no sería suficiente y solicitó la baja médica para huir “de su acosador” (palabras que reflejó en el parte médico).

Por estas palabras en el parte médico fue citada a declarar desde la Comandancia de la que dependía su unidad, ya que se consideraron “aseveraciones falsas”. Poco después, el coronel jefe de su unidad decidió nombrar al capitán Jacinto, el mismo al que ella acusaba, como instructor de sus bajas por contingencia médica.

Debido a estas medidas, la cabo decidió denunciar todo lo ocurrido en los juzgados militares y aportó para ello las grabaciones que había podido realizar.La denuncia de la cabo no fue la última en toda esta historia, ya que poco después un comandante de la unidad también interpuso otra denuncia contra ella, en este caso por no haber recogido supuestamente varios burofaxes.

Aunque pudiera parecer una nimiedad, dicha denuncia podría haber supuesto (hasta) cuatro meses de prisión para la cabo Esmeralda. Mientras la denuncia se resolvía, la cabo terminó en libertad condicional obligada a ir a firmar cada mes a los juzgados militares “como una delincuente”.

Finalmente, aunque la Fiscalía pedía siete meses de prisión para el capitán Jacinto por el presunto acoso al que sometió a la cabo Esmeralda (petición sustentada en las grabaciones y el testimonio del coronel médico), la Justicia Militar decidió exonerar al capitán.

En este caso, tanto la decisión de eximir al capitán como los argumentos empleados por el tribunal han terminado por indignar a la cabo, a su pareja, a su abogado y a los presidentes de las asociaciones militares consultadas (AMTM, UMT, OATM y ATME).

No comprenden que se menospreciaran las grabaciones sin un informe pericial o se desestimara el informe del coronel psiquiátrico (que corrobora la historia de la cabo).

Conviene recordar que en los últimos tiempos se han producido resoluciones judiciales controvertidas que han afectado a mujeres que denunciaban acoso.

Por ejemplo, a principios de febrero el Juzgado Togado Territorial nº 11 exoneró a un teniente que llamó “puta” y “zorra” a una sargento, mientras que hace menos de dos años el Tribunal Supremo absolvió a un capitán que vejó y humilló públicamente a otra suboficial (“¡Deja de hacerte pajas! No, mejor, como eres mujer, deja de hacerte dedillos, y piensa”).

Las asociaciones han mostrado su oposición a la resolución y a la propia Justicia Militar.

El presidente de AMTM, Antonio Martínez, consideró con respecto a esta resolución que “los juzgados militares deberían desaparecer porque solo sirven para proteger a los mandos, lo que se puede comprobar por el doble rasero de los juzgados militares”.

En la misma línea se expresó Marcos Pérez, presidente de OATM y miembro de UMT, al afirmar que “es una absoluta vergüenza la situación de la Justicia Militar”, ya que “tendrían que ser civiles los que juzgaran lo que sucede en el mundo militar”.

Por su parte, Juan Carlos Tameme, presidente de ATME, calificó como “delirante que se considere contaminada una grabación o se menosprecien las pruebas sin que ello quede confirmado por un perito”. En todos los casos se manifestaron a favor de la desaparición de la Justicia Militar.