El Parlament balear ha aprobado este martes una ley que impedirá circular con nuevos vehículos diésel en las islas a partir de 2025 y desde 2035 la prohibición se ampliará a los nuevos automóviles de gasolina.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares ha sido ratificada con el voto de la mayoría de izquierdas de la cámara legislativa y el rechazo de algunos de los puntos más restrictivos por parte de PP y Ciudadanos, que sí han apoyado otras secciones del articulado.

El PP ha acusado al Govern de imponer prohibiciones nocivas para la economía balear y ha pedido la retirada de la ley, como planteó por carta el presidente de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, una intervención que han criticado todos los portavoces de izquierdas por considerarla una injerencia ilegítima en la autonomía del Parlament.

"Ser los primeros siempre tiene riesgos, pero no nos podemos permitir el lujo de perder más tiempo", ha remarcado en su defensa de la ley el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, que ha defendido que la sostenibilidad energética "puede y debe ser un atractivo más" de Baleares como destino turístico.

Pons ha subrayado el carácter pionero de la ley balear, que se adelanta al veto a los vehículos movidos por combustibles fósiles previsto en la Unión Europea para 2050, aunque establece que los coches, motos, camiones y furgonetas diésel y gasolina matriculados antes de 2025 y 2035, respectivamente, podrán seguir circulando hasta la prohibición definitiva.

En el ámbito de la movilidad la ley contempla otras medidas como la obligación de que las empresas de alquiler de vehículos vayan incorporando progresivamente los coches eléctricos a sus flotas, para pasar de un 2 % el año próximo al 100 % en 2035.

Restricciones a la circulación

Asimismo, se dotará a los municipios de herramientas normativas para restringir la circulación de vehículos en zonas altamente contaminadas y se extenderán las limitaciones de emisión de gases nocivos al sector náutico de transporte de pasajeros y mercancías y de recreo.

La normativa incluye nuevas obligaciones para fomentar la generación de energía con fuentes renovables, como la de incorporar placas fotovoltaicas en los nuevos aparcamientos de más de 1.000 metros cuadrados y en los de más de 1.500 metros cuadrados ya existentes. También tendrán que captar energía solar los nuevos edificios de más de 1.000 metros cuadrados y los antiguos que sean reformados.

La Ley de Cambio Climático contempla el proceso de desmantelamiento progresivo de las centrales eléctricas de gasóleo y carbón de Es Murterar (Mallorca), Mahón, Ibiza y Formentera, con lo que el abastecimiento del archipiélago dependerá de la autogeneración con fuentes renovables y la conexión por cable eléctrico submarino con la península.

Para la reducción del consumo energético, todo el alumbrado público será de bajo consumo en 2025 y las grandes y medianas empresa tendrán que calcular y registrar su "huella de carbono" en 2020 para ejecutar planes para reducirla de 2025.

Greenpeace, en apoyo a Baleares

Greenpeace ha expresado este martes que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética balear, "debería servir de ejemplo" para la misma ley que el Gobierno central "todavía no ha presentado", según la entidad.

Según ha informado la formación ecologista en un comunicado, se debe hacer "hincapié en la urgencia de actuar frente al cambio climático" y lamenta que el Gobierno de España "no haya presentado aún una ley de Cambio Climático y Transición Energética, con un calendario que fije 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y nuclear y su sustitución por energías renovables".

Greenpeace ha anunciado que la ley balear es una ley ambiciosa desde el punto de vista de la transición energética "con medidas valientes", como la prohibición de la circulación por las islas de turismos con motor diesel en 2025 o el cierre de dos grupos de la térmica de carbón de Es Murterar en 2020.

El responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, ha declarado que expresa su satisfacción por la decisión del parlamento balear ya que los gobiernos "no están actuando con la premura necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 grados".