La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona ha llevado al medio de comunicación Crític al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para evitar que publique quiénes son las diez empresas, bancos y fondos de inversión que acumulan más de 25.000 pisos de alquiler en Catalunya. El medio obtuvo esta cifra del Institut Català del Sòl (Incasòl) y la publicó en un reportaje en julio, pero la identidad de estos diez grandes tenedores estaba anonimizada.

El medio reclamó obtener sus nombres, y tanto la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) como la Autoritat Catalana de Protecció de Dades han determinado que la Generalitat debe facilitar esta información.

La Cámara de la Propiedad -una entidad privada que agrupa a propietarios-, sin embargo, se opone y ha presentado un contencioso-administrativo en el TSJC para evitarlo. Alegan que podría incentivar la ocupación ilegal de pisos y generar un "abuso de derecho". "Se trata del derecho a la información. Judicializar este proceso es poner trabas y no debería ser habitual. Nuestro trabajo es contar una información que debería ser pública", explica a Público por teléfono Roger Palà, periodista y cofundador de Crític.

"El derecho a la vivienda es un tema de máxima actualidad e importancia, y de interés social", subraya Palà. Crític estuvo durante 2021 investigando sobre la cuestión y presentó una petición de derecho de acceso a la información al Incasòl, el organismo público donde se depositan las fianzas de los inquilinos. La información que les entregó, sin embargo, no estaba completa -ya que la identidad de las empresas no constaba- y el medio recorrió ante la GAIP, quien debe pronunciarse en situaciones de conflicto respecto al acceso a la información pública.

A partir de aquí se abrió el actual procedimiento y Crític ha obtenido dictámenes favorables tanto de la GAIP como de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que emitió un informe por encargo del primer organismo. Agotada la vía administrativa, la Cámara ha acudido a la vía judicial. "Es una estrategia más de dilación e impedimentos a nuestro trabajo", critica Palà.

Una cuestión central en la agenda pública y mediática

La vivienda es actualmente uno de los temas centrales en la agenda pública y mediática. La ley de vivienda se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. "La ciudadanía debe estar lo más informada posible para tomar decisiones", argumenta Palà.

En este contexto, Crític pone en marcha este martes una campaña de Verkami para hacer frente a los costes de la defensa, que asumirá el Col·lectiu Ronda. El objetivo es conseguir 15.000 euros. El medio no quiere quedarse en la defensa, sino que, si consigue los fondos necesarios, apostará por personarse en la causa y defender con sus argumentos por qué debe facilitársele la información. "No queremos quedarnos de brazos cruzados, queremos ser parte activa en el procedimiento", destaca Palà.

La campaña va destinada a conseguir los fondos para la causa, pero también a la elaboración de un dossier especial con la información en caso de que obtengan una sentencia favorable. "Nuestro objetivo es poner la información a disposición de la ciudadanía", concluye el periodista.