La imagen y el rendimiento del ultraderechista Jair Bolsonaro y su círculo más cercano empequeñece por momentos, incluso ante sus más fieles seguidores, frente a la magnitud de una crisis sanitaria y social como la de la Covid-19, toda una realidad ya en Brasil, con 5.812 casos positivos y 202 víctimas mortales. La verborrea del presidente languidece en los últimos días, eclipsado por las explicaciones técnicas y científicas de su ministro de sanidad, Luiz Henrique Mandetta, a quien lleva la contraria siempre que puede –sobre todo con el tema del aislamiento social y el confinamiento–; y escudándose en las estrategias financieras que parten del despacho de Paulo Guedes, ministro de economía.

La mayoría de los gobernadores de Brasil –líderes de los veintiséis estados, más el Distrito Federal de Brasilia– han ejecutado medidas de protección contra el coronavirus antes que el presidente Bolsonaro. Viejos aliados del presidente como João Doria (Partido de la Social democracia Brasileña, PSDB), gobernador de São Paulo, o Wilson Witzel (Partido Social Cristiano, PSC), gobernador de Río de Janeiro, han ido siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, a su manera, las decisiones tomadas por los países europeos más afectados.

Bolsonaro está en guerra con casi todos. Con Doria y Witzel ya había roto relaciones hacía un tiempo, pero algunos de sus más cercanos socios están explotando justo ahora. Es el caso del gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (Demócratas): "Ya no hay diálogo con este hombre, las cosas tienen que tener un punto final", declaró tras uno de los pronunciamientos del presidente, en el que solicitaba "la vuelta a la normalidad" del país.

La renta básica de emergencia, triunfo de la sociedad civil

Para proteger a los sectores más vulnerables de la población brasileña, el Congreso Nacional, formado por la Cámara de Diputados y el Senado Federal, ha aprobado este lunes, en tiempo récord, una Renta Básica de Emergencia de 600 reales al mes –la intención es fijarlo para un periodo de seis meses, prorrogables–. Se estima que podrán acogerse a esta ayuda entre 115 y 130 millones de personas. Se trata de una feliz amplificación de la cantidad que el Gobierno Federal había ofrecido en sus primeras medidas: 200 reales al mes, solo durante tres meses, y únicamente para 20 millones de personas.

Esta Renta Básica de Emergencia nace de la unión de más de cien organizaciones de la sociedad civil, y los fructíferos "puentes de diálogo con el Congreso", tal y como explicó Alessandra Orofino (de la red Nossas) en la rueda de prensa por videoconferencia convocada tras la aprobación del proyecto de ley en el Senado. Orofino celebraba que la sociedad civil esté siendo escuchada por el Parlamento en estos tiempos tan convulsos. Las organizaciones han sabido acercarse a diputados y senadores, y los parlamentarios "han capturado el espíritu de la propuesta" con rapidez, señala Leandro Ferreira (Rede Brasileira da Renda Básica), redactando proyectos de ley.

Otro de los líderes del movimiento, Douglas Belchior, de la Coalizão Negra por Direitos, hacía hincapié en que, aun así, el resultado es corto. Los centros de salud, recordaba Belchior, "no funcionan ni en días normales". Si el virus impacta en Brasil con la fuerza que se teme, "vamos a vivir una barbarie en los barrios pobres, mayoritariamente negros". Por eso, según sus palabras, es necesario que el Congreso Nacional "no deje el país en las manos de un presidente irresponsable, canalla y malintencionado".

Los artífices de esta victoria de la sociedad civil de cara a los severos meses que se avecinan ignoran al presidente Bolsonaro y su intento tardío de apoderarse de esta victoria. Preguntados por Público a este respecto, el senador Alessandro Vieira (Cidadania) indicó que le da igual "lo que Bolsonaro diga", y que lo que necesitan es "que las medidas lleguen". Considera una insensatez más del presidente estar discutiendo ahora por protagonismo: "Hay que reclamarle velocidad para implementar las decisiones". En la misma línea se sitúa el senador Randolfe Rodrigues (Rede), que recalca que es un momento de unión y de trabajo: "Quiero aplaudir al presidente cuando firme estas medidas, y que garantice la llegada del dinero esta semana. Lo contrario sería criminal, genocida".

Necesitaban la rápida firma presidencial en el proyecto de ley para poder, a continuación, volver a votar con la intención de ampliarlo, corregirlo y mejorarlo, con la tranquilidad de verlo ya en marcha. Veinticuatro horas después, Bolsonaro aún no había firmado.

El Poder Judicial también le está marcando el paso a Bolsonaro en estas últimas semanas. Desde el Tribunal Supremo, primero se prohibieron los recortes que el Gobierno Federal tenía preparados para el programa social Bolsa Familia, destinado a las familias en situación de extrema pobreza; y después se ha prohibido la campaña publicitaria que el Ejecutivo quería lanzar –la llegó a divulgar extraoficialmente– para que los trabajadores no se quedaran en casa y salieran a trabajar, porque Brasil "no podía parar".

La Justicia Federal de Río de Janeiro ha prohibido también al presidente aplicar medidas mediante decreto contra el aislamiento social promovido por los gobernadores de los estados brasileños. El Tribunal Superior de Justicia, por su parte, ha aplicado medidas para intentar desocupar dentro de los posible los masificadas centros penitenciarios brasileños, con gran porcentaje de presos en prisión preventiva, o encarcelados por delitos menores.

Más de un millón de firmas a favor de un nuevo impeachment

A todo lo anteriormente señalado hay que sumar que a las puertas del Congreso Nacional, concretamente en las manos del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (Demócratas), está el nuevo pedido de impeachment contra Bolsonaro, promovido por el PSOL (Partido Socialismo y Libertad), con diputadas federales como Fernanda Melchionna y Sâmia de Souza Bomfim a la cabeza. No es el primer intento, pero sí el más robusto y el que está aglomerando mayor apoyo popular –más de un millón de firmas presionan ya al presidente de la Cámara Baja, que es el encargado de aceptarlo a trámite y dar inicio a la causa–.

Según este pedido de impeachment, los delitos de responsabilidad por los cuales el presidente debería ser juzgado políticamente son, en base a la ley 1079/50, el de "proceder de modo incompatible con la dignidad, honra y el decoro del cargo” y el de "provocar animosidad entre las clases armadas o contra ellas, o de ellas contra las instituciones civiles", por la convocatoria de manifestaciones, precisamente, contra el Congreso Nacional y el Poder Judicial, el pasado 15 de marzo.

El futuro de este pedido de impeachment dependerá de si la relación de Bolsonaro con el presidente de la Cámara de Diputados se sigue desgastando, pero, en principio, la coyuntura no facilita los deseos de la oposición. Desde el equipo que ha redactado el documento reconocen que en este momento "es difícil reunir la correlación de fuerzas necesarias", pero advierten que "la política brasileña se está moviendo muy rápido".

Aunque las encuestas demuestran el desplome de popularidad del presidente y las caceroladas de protesta se suceden, incluso en barrios típicamente bolsonaristas, la situación actual impide la organización de manifestaciones masivas para ejercer presión. Además, sería inevitable toparse una vez más con las Fuerzas Armadas: la salida de Bolsonaro significaría la asunción del poder por parte de su vicepresidente, el general Hamilton Mourão.