El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el índice de precios de referencia para limitar el precio del alquiler en áreas declaradas como tensionadas, con lo que ya está en vigor. Catalunya es por ahora la única comunidad autónoma que ha solicitado la aplicación del índice en 140 zonas tensionadas de su territorio, que quedarán detalladas en una segunda resolución ministerial. 

El índice recibió seis alegaciones, pero ninguna se aceptó, según el Ministerio de Vivienda. Entre ellas, Sumar propuso incluir en el índice un régimen de inspecciones y sanciones para evitar que los propietarios subieran el precio de manera excesiva. 

Este índice es un compromiso gubernamental adquirido tras aprobar en mayo la ley de vivienda, que habilita al Ejecutivo a regular los precios de los alquileres en áreas declaradas como tensionadas. El Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez recalca que el objetivo de este mecanismo es "garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna a precio asequible".

El sistema de referencia, homogéneo para todo el Estado, consiste en un rango de precios que establece una renta mínima y máxima según las características de la vivienda. Además, tendrá actualizaciones anuales con la última declaración de la renta disponible del propietario del inmueble.

Los grandes tenedores —aquellos que tienen más de diez propiedades o cinco en la misma zona tensionada— están obligados a cumplir con el índice de referencia. También es mandatorio para los nuevos contratos de inmuebles que no han sido alquilados en los últimos cinco años y se encuentren en áreas tensionadas.

En el resto de casos, las viviendas ya alquiladas tendrán que firmar el próximo contrato en referencia al anterior. Es decir, el alquiler estará congelado y tiene un límite de subida del 3%, pero solo podrá disminuir si se encuentra en zona tensionada.

Existen excepciones, como si, por ejemplo, el inmueble tiene mejoras, rehabilitación energética o cumple con unas condiciones de durabilidad del contrato superiores a las contempladas en la ley de arrendamientos urbanos.

"Hemos intentado garantizar la seguridad jurídica (...) para que se pueda cuidar de los arrendatarios, principalmente, pero también para que los arrendadores tengan seguridad", ha asegurado el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas en la presentación del índice.

Vigencia de tres años y sin aplicación en Euskadi y Navarra

La declaración de zona tensionada y, en consecuencia, los límites del alquiler tendrán una vigencia de tres años desde su publicación oficial. Después, puede haber prórrogas anuales bajo la condición de que se mantengan "las circunstancias que motivaron tal declaración y previa justificación de las medidas y acciones públicas adoptadas para revertir o mejorar la situación desde la anterior declaración", según indica la norma.

El ministerio no tiene acceso a las rentas de Euskadi y Navarra porque tienen regímenes fiscales diferentes, por lo que no podrán optar a esta regulación. De todos modos, el número dos de Vivienda ha señalado que están trabajando para desarrollar los índices de ambos territorios.

Catalunya será de momento la única en aplicar la ley

La comunidad catalana es hasta ahora la única que ha solicitado la declaración de zonas tensionadas, conditio sine qua non para limitar los precios del alquiler. A principios de año, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella para acordar el plan de actuación. El Govern catalán, que había anunciado que presentaría alegaciones contra el índice, al considerar que su propuesta reflejaba mejor la realidad de la autonomía, ha afirmado que aplicará la contención de las rentas en cuanto sea legalmente posible.

El índice de precios de referencia en Catalunya se aplicará en zonas donde reside en total el 80,6% de la población. Se trata de municipios del área metropolitana de Barcelona y las capitales de provincia o de comarca, donde viven 6,2 millones de personas. 

Ester Capella ha augurado que el nuevo índice servirá para "equilibrar el mercado y moderar" los precios de los alquileres, aunque "no bajarán de golpe", ha dicho consellera de Territorio.

Otros territorios, como Navarra o Asturias, han mostrado su interés en establecer el índice en sus comunidades, según ha asegurado Lucas. Sin embargo, el ministerio no ha recibido ninguna petición explícita.

Un índice polémico

Tras la presentación del índice, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y portales inmobiliarios como Idealista, Fotocasa o Pisos.com han expresado sus dudas y su rechazo a este sistema de referencia para limitar los precios del alquiler, pronosticando que provocará la retirada de viviendas del mercado del alquiler e incrementará más los precios.

En el bloque político, Sumar y Podemos también han manifestado su desconfianza al índice recalcando que "solo" tendrá efecto en los precios más altos y no permitirá bajadas "significativas" en las rentas del alquiler, mientras que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido "no quedarnos a medias" y "regular el mercado de la vivienda".

Una visión crítica también compartida por la consellera Capella, que acusó al Gobierno de tener una "visión homogeneizadora del Estado" al crear un sistema de baremos para limitar el alquiler y no de índices, a la vez que aseguró que esta medida del Ministerio de Vivienda provocará un aumento de los precios.

Sobre las críticas y acusaciones, fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han negado que este índice suba los precios del alquiler y han insistido en que el sistema de rangos busca que las viviendas "con menos valor" no puedan aumentar su precio al equipararse con viviendas de mayor calidad en la misma zona.

"El objetivo es que no se destine más del 30% de los ingresos al alquiler", ha concluido el secretario de Estado de Vivienda, durante la presentación del índice.