@vicente_clavero

MADRID.- Casarse por la Iglesia o bautizar a los hijos son opciones en franco retroceso. Aunque la tendencia viene de lejos, estas dos actividades litúrgicas sufrieron un descenso especialmente significativo durante los años más duros de la crisis.

Pese a ello, el dinero recibido directamente del Estado por la jerarquía católica, sólo a través de la asignación tributaria, se mantuvo estable. Este mecanismo, tal y como está concebido, es independiente de la evolución de la demanda de servicios religiosos.

Los acuerdos que dieron lugar al establecimiento de la vigente asignación tributaria datan de la época de José Luis Rodríguez Zapatero y exigen como única contrapartida que la Conferencia Episcopal Española informe públicamente cada año del destino esos fondos. El órgano en el que están representados todos los obispos así lo hace, pero con bastante retraso, y prueba de ello es que el último que se dio a conocer corresponde a 2014. Sobre los ejercicios siguientes aún no se sabe nada.
​

Según se desprende del Informe Anual de Actividades de 2014, sacramentos como la comunión o la confirmación se mantienen en niveles similares a los de 2008, año en que estalló la crisis económica. Sin embargo, los bautizos y los matrimonios sufrieron durante ese periodo un caída espectacular, de casi el 29% en el primer caso y del 50% en el segundo. Concretamente, el número de personas que recibieron las aguas bautismales pasaron de 335.484 a 240.282, mientras que las bodas bajaban de 104.010 a 52.495.

Es verdad que los nacimientos también disminuyeron entre 2008 y 2014, según el Instituto Nacional de Estadística; pero lo hicieron en un porcentaje muy inferior: el 18%, once puntos menos que los bautizos. Los mismo cabe decir del conjunto de los matrimonios entre personas de ambos sexos (del mismo sexo no los admite la Iglesia católica), que descendieron un 18%, menos de la mitad que las bodas religiosas. Hoy sólo uno de cada tres niños reciben el bautismo y sólo 45 de cada 100 matrimonios pasan por el altar.

Reunión del plenario de la Asamblea de la Conferencia Episcopal.

Pese al claro descenso de estas actividades litúrgicas, el dinero que el Estado transfiere anualmente a la jerarquía, en virtud de la asignación tributaria, prácticamente se mantuvo estable desde 2008 hasta 2014. El primero de esos dos años, la Conferencia Episcopal se embolsó 252,2 millones de euros y el segundo, 250,6 millones, con una mínima variación de apenas el 1%.

El montante de la asignación tributaria lo deciden los contribuyentes que marcan con una equis la casilla correspondiente de su declaración del IRPF. Ese gesto, que no conlleva coste individual alguno, obliga al Estado a trasferir a la Iglesia una cantidad equivalente al 0,7% de su cuota líquida, que sale de las arcas públicas a las que van a parar los impuestos que pagan todos los ciudadanos, sean creyentes o no.