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Barcelona ha dado un paso más en la defensa del pueblo palestino tras suspender de nuevo las relaciones con Israel hasta un alto el fuego definitivo en Gaza. La comisión ordinaria de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona de este martes ha aprobado una moción presentada por el grupo municipal Barcelona en Común que exige al Gobierno suspender la compraventa de armas con Israel y frenar así el genocidio que se está perpetrando contra Palestina.
La moción ha sido aprobada con los votos a favor de ERC y Barcelona en Comú. El PSC y Junts se han abstenido, y Vox y el PP han votado en contra. "Primero logramos que Barcelona rompiera relaciones con el gobierno de Israel. Ahora, el Ayuntamiento dice no al genocidio", apuntaron los comunes en un tuit.
"La única manera de conseguir un alto el fuego definitivo es dejar de proporcionar armas al Estado de Israel"
En el texto, los comunes piden apoyar institucionalmente la campaña "Prou Comerç d'Armas amb Israel", promovida por 200 entidades de la sociedad civil que han firmado una petición para reclamar al Gobierno español que detenga la compra y venta de armas en Israel, así como la suspensión de todos los programas de cooperación militar y de seguridad hasta un alto el fuego permanente y el respeto de las resoluciones de la ONU. "Ante la negativa del gobierno de Netanyahu a obedecer el mandato de las Naciones Unidas, la única manera de conseguir un alto el fuego definitivo es dejar de proporcionar armas al Estado de Israel", ha dicho la concejala Jéssica González.
Los comunes denuncian que entre 2000 y 2021, según datos del Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Estado español autorizó exportaciones de material de defensa a Israel por valor de 130 millones. A esta cantidad hay que sumar los 9,3 millones del primer semestre de 2022, según datos del Ministerio de Interior.
Por eso exigen al Estado español el embargo de armas "como un paso necesario" que además recoge el marco jurídico español. Los comunes hacen referencia a la ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y el Tratado internacional sobre comercio de armas. Ambas normas prohíben la venta de armas a países en conflicto.
Por otro lado, los comunes vuelven a reclamar un alto el fuego permanente y definitivo, así como el cese de la violencia contra la población civil palestina de Cisjordania, la entrada de ayuda humanitaria y médica y la liberación segura de los rehenes tomados por Hamás.
El Guernica Palestino de Sant Cugat del Vallès
Desde que Israel empezó la ofensiva contra el pueblo palestino, en todo el país han surgido diversas iniciativas de apoyo a Palestina, algunas rodeadas de polémica, como la de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
El pasado 15 de noviembre, la comunidad educativa de Catalunya aprobó de forma conjunta un manifiesto que pedía detener el genocidio que se está llevando a cabo hacia la población civil en Palestina. En el marco de este movimiento, algunas familias de la escuela Pins del Vallès de Sant Cugat organizaron un acto donde los niños pintaron un mural del Guernica de Picasso con los colores de la bandera palestina: verde, rojo, negro y blanco .
Tal y como avanzó CugatMèdia, la dirección de la escuela se vio obligada a retirar el mural a petición de la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Sant Cugat, en manos de Junts. El consistorio alegó que el alcalde de la ciudad, Josep Maria Vallès, "había recibido una queja" por unos carteles colgados en la verja de la escuela.
La decisión del ayuntamiento despertó la indignación de la comunidad educativa y la oposición. Múltiples familias de la escuela enviaron una carta dirigida al alcalde en la que pedían explicaciones. En el escrito, las familias aseguraron que la retirada del mural "ha silenciado" un acto que pretendía sensibilizar a los alumnos a "favor de la cultura de la paz".
La CUP Sant Cugat asegura a través de un comunicado que "se ha traspasado una línea roja" y En Comú Podem, en las redes sociales, denuncia que "el Gobierno municipal ha utilizado su poder para amenazar a la comunidad educativa".
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