El Ayuntamiento de Barcelona no concederá más licencias para viviendas de uso turístico y tampoco renovará las existentes, en aplicación de la norma catalana para regular el mercado de la vivienda. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha confirmado que tiene previsto eliminar los 10.101 pisos turísticos que hay en la capital catalana antes de 2029.

Collboni ha anunciado también que propondrá una modificación en la política de reserva para pisos sociales del 30% de las nuevas promociones y grandes reformas de edificios de viviendas, vigente desde 2018. El PSC pretende con esta batería de medidas incrementar el parque de vivienda en la ciudad y frenar la subida de los precios del alquiler. 

El regidor de la Ciudad Condal ha explicado que su objetivo es que "a partir de 2029 desaparezca la figura de piso turístico" tal y como se concibe actualmente, una propuesta que primero deberá ser aprobada con el resto de grupos del Consistorio. Collboni asegura que la intención es recuperar para uso residencial todos los apartamentos vacacionales que se extienden por la ciudad. 

El Consistorio tomará como base el decreto ley aprobado por la Generalitat a finales de 2023, que permite por primera vez a los ayuntamientos no renovar las licencias. Los permisos actuales de los apartamentos vacacionales vencen en 2028, cinco años después de la entrada en vigor de la citada norma. Collboni no tiene previsto revalidarlos a partir de entonces.

"Esto nos va a permitir poner 10.101 viviendas en el mercado de alquiler o a la venta", ha precisado el alcalde. Collboni también va a proponer que la reserva para pisos sociales del 30% de las nuevas promociones y grandes reformas de edificios de viviendas pueda aplicarse en solares cercanos y que promotores sociales puedan ejecutar las nuevas edificaciones. Los sindicatos de inquilinos venían reclamando desde hace meses medidas para combatir el boom de los pisos turísticos y poner topes a los precios del alquiler. 

La propuesta anunciada por el Ayuntamiento de Barcelona no se formalizará hasta la próxima legislatura, dado que esta vence en 2027. Casi todos los partidos políticos con representación en la administración local coinciden a la hora de señalar que los pisos vacacionales causan un perjuicio en el acceso a la vivienda para los residentes.

La teniente de alcalde, Laia Bonet, ha aclarado las dudas sobre la posibilidad de tener que indemnizar a los propietarios de este tipo de viviendas que perderán su licencia. La socialista ha recordado que el decreto de la Generalitat contempla que los cinco años de plazo hasta la extinción de los permisos actúen a modo de indemnización.

El Sindicat de Llogateres i Llogaters ha reconocido en Twitter que todavía es pronto para cantar victoria. "Todo dependerá del contexto político de 2028, hasta entonces no veremos ningún cambio y la situación es límite. La medida no servirá de nada si no se prohíben también los alquileres de temporada", advierten desde la plataforma. El sindicato también denuncia que Collboni intente "colar" también un cambio para "cargarse el 30% obligatorio de vivienda protegida" en la ciudad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la propuesta de Collboni. "Tienes todo mi apoyo en esta tarea", ha expresado por Twitter. Rodríguez también ha dado su "enhorabuena" al primer edil barcelonés. "De esto se trata, de hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible", ha concluido.