El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar el contrato a las empresas encargadas de distribuir la comida en los centros residenciales públicos a su cargo, pese a las quejas de decenas de familiares y trabajadores, que han denunciado en múltiples ocasiones el mal estado en el que llegan los alimentos. Tal y como ha podido saber Público, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) ya ha comunicado "a los adjudicatarios de los distintos lotes la continuación de los conciertos".

Entre las compañías que continuarán ofreciendo este servicio, se encuentra Plataforma Femar S.L, que se ocupa de los menús de 21 centros tutelados de menores, además de 22 residencias de mayores, como la Francisco de Vitoria de Alcalá, comedores sociales y centros ocupacionales. Esta entidad ha sido criticada por repartir embutido podrido, pescado con espinas para niños de tres años y ancianos con disfagia, así como por las escasas cantidades de las que disponen. Deficiencias que, explican las familias, han llegado a provocar problemas de desnutrición entre los residentes.

Pero las dudas sobre la viabilidad de las prácticas de Femar no llegan sólo por parte de los empleados y usuarios. La empresa, que logró ganar seis de los nueve lotes que salieron a concurso el pasado marzo de 2022, ha sido valorada con puntuaciones negativas en varias ocasiones por Quimicral, la consultora en seguridad nutricional contratada por la propia Administración autonómica para inspeccionar su funcionamiento. 

En los informes, a los que ha accedido Público, se remarca la "suciedad general" de las naves y los palés en los que se apoyan los víveres antes de ser repartidos, con riesgo a que las comidas se contaminen. También alertan que los almacenes no siempre realizan controles de temperatura, peligrando la cadena del frío que es fundamental para evitar el deterioro de los productos congelados.

De hecho, de acuerdo con lo reflejado en los documentos, la empresa auditora llegó a encontrar cámaras frigoríficas con comida en su interior apagadas en una de sus visitas. En la misma línea, Quimicral habla de desorden, problemas de transporte y señala la presencia de productos de limpieza tóxicos, sin aislar, junto a la comida. Regular, mal y muy mal son palabras que se repiten constantemente en las evaluaciones.

Una oferta temeraria

Desde el pasado septiembre, cuando entró en vigor el contrato de alimentación entre Femar y la AMAS, el sistema de provisión de alimentos en residencias de personas mayores y centros tutelados de menores ha dado un giro de 180 grados. Una coyuntura que no ha sorprendido demasiado, pues los criterios para acceder a la licitación enfocados a la bajada de precios (con una puntuación de 70 sobre 100) ya daban algunas pistas de la calidad del servicio que se iba a ofrecer.

Lejos de actualizar los precios a la inflación experimentada desde el inicio de la guerra de Ucrania, Ayuso apostó por recortar la calidad nutricional de las comidas diarias de niños, adolescentes y mayores que residen en los centros públicos, con menús de hasta 4,60 euros para cubrir el coste del desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.

Durante el concurso, Fermar presentó una oferta anormalmente baja en tres de los lotes a los que aplicaba por los que fue requerida para que desglosara "razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o costes". La plataforma justificó su propuesta temeraria con vagas indicaciones sobre el aprovechamiento de las rutas de distribución, la supresión de intermediarios o su elevado volumen de ventas, que claramente compartía con el resto de candidatas que postulaban por precios reseñablemente superiores. Por lo que, en principio, nada la dotaba de una mayor eficiencia significativa en comparación con sus competidores.

Incluso un informe de valoración elaborado por el jefe de servicio de gestión administrativa de la Comunidad de Madrid reconoció que era "difícil plasmar numéricamente la reducción de costes por la implantación de la empresa en el sector y por la especialización en trabajos con administraciones públicas". Sin embargo, pese las quejas constatadas y publicadas, los suspensos de inspección y la reducción sospechosa de los costes en el procedimiento, el responsable no dudó en adjudicarle dos de los tres lotes investigados en base a la supuesta aptitud de su herramienta informática.

Bajo el acecho de Competencia

Quien sí que ha considerado estas prácticas como posibles movimientos anticompetitivos es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene abierto un expediente sancionador contra Femar. La investigación se centra, precisamente, en el supuesto "reparto de clientes y la posible manipulación de licitaciones destinadas al suministro de alimentos a colegios, residencias y centros penitenciarios" entre varias entidades.

Las indagaciones de la CNMC llevan en curso desde el 28 de mazo del año pasado, por lo que cuando el Gobierno de Ayuso contrató a la plataforma estos hechos, esto es, que Femar podría formar parte de un cártel, ya se conocían. Es más, en diciembre Competencia volvió a emitir una nota donde se informaba de que, tras haber inspeccionado las sedes de las compañías implicadas en el caso, la instrucción seguía adelante a la espera de una resolución, que debe emitirse en un plazo máximo de 18 meses.

Si bien esta no es la primera contienda a la que se enfrenta la plataforma, que fue condenada por sentencia firme como autor responsable de un delito continuado y consumado de falsedad en documento mercantil por el Tribunal Supremo (TS) en 2014.

"Que la Administración tome las riendas"

Al conocer la decisión del Ejecutivo autonómico de alargar el concierto, Juan Lobato, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE ha hecho llegar una carta a Ayuso donde le ha exigido que "no prorrogue el sistema aprobado en el mes de septiembre dejando que sea el nuevo Ejecutivo que salga elegido después del 28 de mayo el que tome esa decisión".

En el escrito, el líder socialista ha puesto en valor la "dignidad" y el "respeto" que merecen las personas que viven en residencias y centros de menores. Lobato ha exigido que una buena alimentación de calidad sea lo prioritario para el Consejo de Gobierno de la comunidad.

Desde Más Madrid también son contundentes y reclaman "que la Administración tome las riendas" y se haga cargo del malestar generalizado en los centros residenciales públicos. El partido líder de la oposición en la Asamblea lamenta la situación de especial vulnerabilidad de los más pequeños: "Pueden estar dándoles basura, que difícilmente se van a poder quejar".