La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE).

La asociación exigía 399,6 millones de euros por el retraso en la tramitación de las ayudas aprobadas para los damnificados por el fármaco.

Avite, que cuenta con 280 socios, denunciaba que la negligencia de la Administración había causado un perjuicio, al no dictar un plazo para el desarrollo de las normas y actuaciones, no pudiendo percibir así las ayudas.

El vicepresidente de la asociación, Rafael Basterrechea, denunció el mes pasado que al menos cinco afectados han muerto sin recibir una indemnización en los últimos años.

En una sentencia del pasado 11 de marzo, los magistrados de la Sección Octava rechazan todas las alegaciones de los recurrentes, concluyendo que no se puede probar que la Administración haya desviado su conducto o entorpecido arbitrariamente la tramitación de las ayudas. Además, la asociación ha sido condenada a pagar 3.000 euros en costas.

El abogado de Avite, Ignacio Martínez, ha declarado a Efe que es incomprensible que la Audiencia Nacional no persiga el impago de una ayuda "que el legislador avaló en la ley General de Presupuestos de 2018, y que cuatro años después ni está ni se le espera."

Los magistrados señalan que no había una fecha establecida para la elaboración del Real Decreto y que ya se ha hecho una primera previsión presupuestaria de 20 millones de euros para hacer frente a los primeros pagos en 2022.

Además, también recuerdan que la pandemia y el estado de alarma declarado en marzo de 2020 han provocado una ralentización general de los trámites en la Administración.

Avite también denunciaba que no se hubiera puesto reclamación a la comercializadora del fármaco, Grünenthal. El Tribunal ha explicado que la responsabilidad de la compañía ha prescrito, y que la ley promulgada en 2018 expresa un mero deseo de llegar a un acuerdo con dicha empresa, pero no le impone ninguna obligación.

Apoyo de la Fiscalía

La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo apoyó el recurso presentado por Avite contra una segunda sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dictada en 2018 que declaró prescritos los hechos, informa Servimedia.

El Ministerio Público tomó esta decisión en base al hallazgo de un nuevo documento en un archivo de acceso público en Alemania. La Fiscalía entiende que el caso debe reabrirse porque es un documento decisivo y la previsibilidad de encontrarlo antes era nula.

Los graves efectos de la talidomida

La talidomida fue un medicamento desarrollado por Grünenthal GmbH que se prescribía a las embarazadas para evitar las náuseas. El fármaco originó las malformaciones que luego se registraron en miles de bebés que nacieron en los años cincuenta y sesenta.

Los efectos de la talidomida llegaron a los tribunales hace una década. En 2013, el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenó a la farmacéutica Grünenthal Pharma a pagar 20.000 euros a cada uno de los afectados por cada punto porcentual de discapacidad que les hubiera reconocido la Administración.

Tan solo un año después, la Audiencia Provincial de Madrid anuló esas indemnizaciones por prescripción de los hechos. Una decisión que después avaló el Tribunal Supremo. Las víctimas recurrieron al amparo del Tribunal Constitucional y llegaron hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desestimó la demanda de Avite contra España por vulnerar los derechos fundamentales de los afectados.