El Centro de Salud Mental (CSM) de Majadahonda, situado en el semisótano del Centro de Atención Primaria Cerro del Aire y dependiente del Hospital Puerta de Hierro, se enfrenta a una crisis que está afectando tanto a los profesionales como a los pacientes. A pesar de atender a una población de 419.439 habitantes de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, este centro de gestión 100% pública lleva años operando en condiciones "cuestionables". La situación ha provocado denuncias y llamadas urgentes a la acción por parte de la plantilla. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, todavía no ha movido ficha para solucionarlo.

"Desde hace más de diez años, se viene reclamando a la Gerencia de Atención Primaria un CSM nuevo. No lo consideramos un lujo, es una necesidad", declara una trabajadora que prefiere mantener su nombre oculto en conversación con Público. La situación es crítica no solo por el deterioro físico del espacio, sino también por la saturación de los servicios. Con una superficie de aproximadamente 280m², las trabajadoras explican que el centro es "claramente insuficiente" para la demanda, careciendo de despachos y salas adecuadas para terapias grupales. "El deterioro que sufre el CSM es tal que recientemente han tenido que desratizar por presencia de roedores y desinsectar por presencia de cucarachas", añaden.

Las denuncias de las trabajadoras revelan una lista alarmante de deficiencias. Las condiciones laborales son tan precarias que en invierno las profesionales afirman que se han visto obligadas a trabajar con abrigos debido a la falta de calefacción (lo mismo han sufrido los pacientes), mientras que en verano las temperaturas alcanzan los 32-34 grados en los despachos sin aire acondicionado. Estas carencias han obligado a los trabajadores a pedir prestados despachos de Atención Primaria para poder atender a los pacientes en condiciones mínimamente adecuadas.

La falta de ventilación adecuada es otro de los problemas que arrastran y que se ha exacerbado durante la pandemia. "La mitad de los despachos no tienen ventilación, lo que supone una concentración de CO2 a primera hora de la mañana mayor de la permitida", apunta una de las sanitarias. Además, la falta de luz en algunas salas ha obligado a los profesionales a realizar consultas y terapias grupales utilizando las linternas de sus móviles. 

La situación de los baños es igualmente preocupante: "El único servicio para profesionales es uno compartido con Primaria (es su vestuario), del cual el aseo de hombres lleva años sin funcionar", indica la trabajadora. En la misma línea, "los baños de los pacientes no cumplen con la normativa vigente" y tampoco disponen de aseos accesibles para personas con discapacidad.

Las cuestiones de seguridad también son graves. "No hay personal de vigilancia, lo que nos ha obligado a enfrentarnos a situaciones muy difíciles, teniendo que depender de que la Guardia Civil acuda rápido. Los botones del pánico no funcionan, y en caso de hacerlo, solo suenan en Administración", denuncia la profesional. Además, "en todos los despachos el paciente está situado de tal modo que bloquea la salida, por lo que en caso de agresión estamos atrapados. Ya ha habido agresiones y no ha habido ninguna modificación", afirma.

La detección de una invasión de plagas ha sido "la gota que ha colmado el vaso". "Lagartijas y salamandras campan a sus anchas. La semana pasada cayó una cucaracha en el ordenador del puesto administrativo", comenta otra trabajadora. La plaga ha llevado a situaciones extremas, con trabajadores teniendo que utilizar mascarillas debido al olor de los animales muertos. "Hoy han venido, dicen que hay placenta de ratas, han colocado un cepo y nos han dicho que si 'oímos gritar a la rata que avisemos', palabras textuales", relata con indignación. Las profesionales expresan que están "agotadas, frustradas por no poder trabajar con una mínima dignidad".

A pesar de las repetidas solicitudes y promesas de solución, la acción por parte de las autoridades ha sido mínima. "Hace un año, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la tan necesaria construcción de un centro nuevo. Pero en todo este tiempo lo único que se ha conseguido hacer es una reunión para formalizar la cesión por parte del Ayuntamiento de Majadahonda a la Comunidad de solo la mitad del terreno donde se construirá este supuesto espacio", explican las sanitarias. Esta lentitud en la implementación de soluciones agrava aún más su crispación y desesperación.

Los pacientes, afectados al otro lado de la mesa

Los pacientes, además, saben que no es un asunto nuevo ni que las autoridades "desconozcan". Marisa Torres, miembro de la asociación vecinal de Majadahonda y la agrupación por la sanidad pública, relata que al menos desde 2019 han intentado que el Gobierno de Ayuso tome cartas sobre el asunto. "En ese año se envía un escrito al entonces Consejero y nunca recibimos respuesta. Posteriormente, remitimos otro escrito transmitiendo todos los defectos que nos contaron las sanitarias y tampoco se contestó. Como vimos que no tuvimos respuesta, elevamos la queja a la Asamblea de Madrid y allí el viceconsejero reconoció todo lo que sucedía. Nos prometieron que la cosa iba a cambiar, pero aquí seguimos", lamenta.

Marisa pone el foco en la inacción política: "Como representantes de la ciudadanía, deben trabajar por defender a los ciudadanos.​ No es tolerable que nos vean en esas condiciones. Hablamos de salud mental, hablamos de salvar vidas. Ni siquiera tienen separada la sala de espera de adultos de la de los niños, la comparten, es todo un caos", expresa.