En Malilla, un barrio obrero del sur de València, están de fiesta. Después de meses de tira y afloja con el Ayuntamiento, han conseguido que el consistorio les ceda una antigua alquería (casa rural valenciana) para actividades vecinales y lo han celebrado con una semana de actividades lúdicas y deportivas, juegos infantiles y debates para decidir, entre otras cosas, para qué usos se prioriza el nuevo local. Detrás este nuevo espacio sociocultural –"conseguido por la lucha vecinal", como recuerda una pancarta en su fachada– está el colectivo Construyendo Malilla, autodefinido como "sindicato de barrio".

"Nacimos ya hace unos años, pero ha sido con la pandemia cuando nuestra actividad se ha incrementado notablemente –explica a Público Mònica Chirivella, activista de Construyendo Malilla–, puesto que las condiciones de vida de la población y, sobre todo, la percepción general que todo va a peor han aumentado considerablemente". Este colectivo de barrio en sus inicios se dedicó básicamente a parar desahucios y evitar la expulsión del vecindario, pero desde que empezó el confinamiento ha diversificado sus actividades, con la creación de un banco de alimentos que da servicio a más de 70 familias.

Barrios en lucha

La experiencia de Malilla no es un caso aislado. En el norte de la ciudad, justo en la otra punta, se encuentra el barrio de Orriols, que concentra una de las tasas más altas de población migrante de todo el País Valencià, además de graves problemas de pobreza, infravivienda, desahucios y tráfico de drogas. En esta olla a presión solo faltaban las provocaciones de la extrema derecha, intentando dinamitar la convivencia en el barrio, con la apertura de un local denominado Valentía Fórum ahora hace dos años. "Cada vez que intentaban montar algún acto nos poníamos a la puerta y les montábamos un lío –explica el veterano activista vecinal Arturo Peiró, en referencia a la actividad de este grupo–, al final han acabado renunciando y ya casi no se les ve, están a medio gas". Mantener la cohesión social en una situación tan explosiva es el principal objetivo del sindicato local, que aquí se denomina Orriols en Bloc. Por eso, además de parar decenas de desahucios, también han organizado una red de distribución de alimentos en colaboración con una iglesia evangélica. Todas las tardes entre 200 y 300 personas acuden a los locales de la congregación para conseguir comida. "Aquí mucha gente trabajaba en negro, limpiaba casas y trabajos de este tipo, y con la pandemia se han quedado sin nada", continúa Peiró. En la línea de cubrir las necesidades más básicas, hace dos semanas ocuparon un gran descampado que hay en el centro del barrio para reivindicar su uso como huertos urbanos. "El Ayuntamiento nos dijo que lo miraría, pero ellos nunca tienen prisa y, mientras nosotros tenemos este solar abandonado desde hace años, la gente pasando hambre", remacha el activista.

La vivienda y las redes de alimentos son el principal foco de trabajo de estos colectivos de barrio, pero cada uno es autónomo y se centra en aquello que considera más prioritario a su espacio. En Benimaclet, por ejemplo, la principal lucha es contra un proyecto urbanístico que amenaza la huerta colindante, en Malilla exigen un nuevo centro de salud que cubra las necesidades de un barrio que ha multiplicado por cuatro su población y en el centro de la ciudad se centran en la presión de los pisos turísticos y los hoteles sobre el precio de los alquileres.

Santi Fernández forma parte del Sindicato de Barrio del Cabanyal, uno de los más veteranos de la ciudad. Allí ya hace tiempo que funcionan un proyecto de huertos urbanos y también –a partir de la pandemia– crearon una red de alimentos, aunque tienen más proyectos, como la creación de una escuela infantil y la defensa de los derechos laborales del vecindario, en colaboración con sindicatos como la CNT o los portuarios. "Hemos liberado un bloque de pisos para alojar familias del barrio y también alquiler social en numerosos casos. Y a partir de estas victorias, mucha gente nos ha visto como una herramienta útil para mejorar sus condiciones de vida y se han implicado en el sindicato", explica. Y continúa: "Nuestro objetivo es crear una comunidad de lucha que se autoabastezca en la base de los principios de apoyo mutuo, solidaridad y acción directa". Cuando se le pregunta si su trabajo se asemeja mucho al de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se deshace en elogios hacia esta plataforma: "La PAH nos ha abierto el camino y nos ha ayudado mucho, colaboramos mucho con ellos. Pero también es cierto que es una organización que surgió en un momento muy concreto y para una problemática muy concreta y queremos ir más allá".

Un modelo de ciudad alternativo

Los ocho sindicatos de barrio que actualmente existen en València –y dos más en proyecto– decidieron coordinarse en una red común llamada Entrebarris. "Cada colectivo es totalmente autónomo, tiene su nombre y sus dinámicas, pero tejer una estructura de apoyo facilita que la gente se anime con nuevas iniciativas y se puedan concentrar fuerzas cuando es necesario", explica Rosa Oltra, miembro de Entrebarris. Desde este espacio también se esfuerzan para visualizar un nuevo modelo de ciudad. "Básicamente abogamos por un urbanismo feminista y una ciudad que cuida –continúa Oltra–, que básicamente es una ciudad para la gente que vive aquí y no para los fondos buitre o para los turistas".

La situación, pero, no parece que vaya precisamente en esta dirección. "Si una cosa ha provocado la pandemia, es que la gente que tenía vidas precarias todavía se ha precarizado más –alerta Chirivella desde Malilla– y muy pronto los ERTE se convertirán en ERE. Primero la gente pierde el trabajo y después, en consecuencia la casa. Esperamos un tsunami de desahucios a partir del 9 de mayo, cuando se levante el estado de alarma y la moratoria". Una moratoria que ni siquiera ha sido total, avisa Oltra: "Por muchos decretos antidesahucios que firman, estos continúan. La maquinaria ni siquiera se ha parado durante la emergencia sanitaria. Pero nosotros tampoco".