El pasado agosto, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid daba inicio al trámite de evaluación ambiental del proyecto de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, el cual implicaría la tala masiva de más de 800 árboles en dos parques emblemáticos de la ciudad: el Parque de Arganzuela y el Parque de Comillas. 

Ante esto, las organizaciones ciudadanas y ecologistas del movimiento NO A LA TALA presentaron alegaciones ante la Justicia, denunciando activamente que se trataba de un movimiento deliberado por parte de la administración pública para justificar las ilegalidades del mismo por la vía rápida e ignorar los procedimientos judiciales abiertos. A pesar de las alegaciones presentadas, el Gobierno madrileño decidió seguir adelante con la ampliación de la línea 11 de Metro. Así lo anunció el pasado martes tras la obtención del informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente.

En un principio, el proyecto original de la Comunidad de Madrid incluía la creación de la boca de metro en el Paseo de las Yeserías. Este proyecto inicial contemplaba la tala de solo 79 árboles, por lo cual obtuvo un informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente.

Sin embargo, por conveniencias técnico estructurales y para evitar la cercanía con otras infraestructuras como la M-30, la ubicación de la infraestructura pasó a incluirse dentro del Parque de Arganzuela, en la zona de Madrid Río. Esto supondrá la tala de 879 árboles, de los cuales 676 serán apeados y 203 trasplantados, y de casi 10.000 m2 de afección a zonas verdes que planteaba el proyecto original, ahora se van a arrasar más de 48.000 m2. Según la Asociación de Ecologistas en Acción Madrid, esto supone un 856% más de daños que el proyecto original.

El movimiento NO A LA TALA, Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) denuncian que el único proyecto sometido a evaluación ambiental ordinaria (que es la que procede en un proyecto de estas características) e informado públicamente es el proyecto original. El proyecto modificado, con las nuevas talas de árboles, no ha sido sometido a esta evaluación.

La destrucción del Parque de Comillas y el de Arganzuela en Madrid Río no formaban parte del proyecto inicial publicado por la Comunidad de Madrid, por tanto, las asociaciones afirman que han incurrido en un grave incumplimiento de la Ley de Evaluación Ambiental al no haber seguido el procedimiento adecuado de información pública. 

El proyecto aprobado el pasado martes se tramitó, según denuncian las asociaciones, como una modificación del proyecto constructivo anterior, que alteraba sustancialmente el proyecto aprobado sin haber seguido los cauces adecuados, y sobre el que existe un procedimiento judicial abierto. Para esquivar esta ilegalidad, la Comunidad de Madrid se ha amparado en el artículo 163.5 de la Ley del Suelo alegando que es “urgente y de interés general”. “Esta obra no es de interés general; es ilegal”

Las asociaciones ecologistas convocaron una manifestación este viernes, en la que quisieron recordarle a la Comunidad de Madrid que “esta obra no es de “interés general”; esta obra es ilegal”, según denuncia Violeta, portavoz de la asociación NO A LA TALA.

Quieren que “todos los transeúntes vean” que están “siendo estafados por el Ayuntamiento, talando 800 árboles más que en el proyecto inicial; todo en pro del pelotazo urbanístico que preparan tras destruir Madrid desde Atocha hasta Comillas”. La portavoz de la asociación afirma a Público que “la Comunidad de Madrid en ningún momento ha contestado a sus alegaciones”, versión contraria a la que intenta vender la Comunidad, que afirma que “han mejorado sus obras a partir de las alegaciones vecinales”.https://twitter.com/barrionosetala/status/1725484874142748911

Asimismo, las organizaciones ambientales han solicitado una reunión entre el equipo técnico del proyecto y los expertos que asesoran al movimiento vecinal para abordar alternativas viables al proyecto. Aunque la Consejería de Transportes ha admitido algunas modificaciones propuestas por iniciativa vecinal, como la extracción vertical en vez de acceso por rampas, lo que ha supuesto una reducción significativa del arbolado a tala previsto por el proyecto constructivo previo, se puede hacer mucho más para reducir el daño medioambiental y social. Por este motivo han solicitado una mediación al Banco Europeo de Inversiones, que está investigando el caso.