La hoy vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, participó como jurista en 2018 en un informe municipal del Ayuntamiento de Córdoba que avalaba la "titularidad pública" de la Mezquita de Córdoba y proponía la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra las inscripciones eclesiásticas.

Aquel posicionamiento de entonces contrasta con el listado de las casi 35.000 inmatriculaciones que la vicepresidenta primera presentó el martes ante el Consejo de Ministros, donde el Gobierno, a todas luces, renuncia a implementar mecanismo alguno de reversión global del ingente número de bienes registrados por los obispos a su nombre.

Carmen Calvo integró la comisión municipal sobre la Mezquita de Córdoba junto al ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza y otros dos medievalistas, Alejandro García Sanjuán y Juan B. Carpio. La comisión fue convocada por la entonces alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, para dar cumplimiento a su compromiso de gobierno y articular los instrumentos jurídicos e históricos que permitieran la recuperación del universal conjunto monumental inmatriculado en 2006 por la Iglesia católica.

El equipo de expertos inició sus trabajos en junio de 2017 y la vicepresidenta del Gobierno se incorporó en su calidad de profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. En septiembre de 2018, se hizo público el informe.

"El Ayuntamiento tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público", indicó el dictamen, que consta de 19 páginas e incluye pruebas de orden histórico sobre la naturaleza demanial de la Mezquita y argumentos jurídicos para promover la nulidad de su privatización.

El documento subraya que las inmatriculaciones rompen "el principio básico de igualdad ante la ley" y que la reforma de José María Aznar de 1998, que amplió el privilegio registral eclesiástico a los templos de culto, "no puede tener una validez jurídica superior a la de un principio constitucional básico". Como propuesta de solución, el dictamen de los expertos sugería "plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de anular la inscripción de la Mezquita".

Dos meses antes de la publicación del informe, Carmen Calvo fue nombrada vicepresidenta del Gobierno, tras la moción de censura de Pedro Sánchez, razón por la cual su firma fue retirada del dictamen, no así sus consideraciones jurídicas.

Paradójicamente, Carmen Calvo asumió en el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el principio las labores de interlocución con la Conferencia Episcopal. En estos casi tres años ha estado negociando con la jerarquía eclesiástica algunas de las más espinosas cuestiones que colean desde hace años, entre ellas la controvertida disputa de las inmatriculaciones. A lo largo de todo este tiempo, la vicepresidenta se ha cuidado de esgrimir las mismas contundentes argumentaciones que expuso por escrito en el informe municipal sobre la Mezquita y la estrategia para revertir su titularidad.

De hecho, ni en el estudio jurídico que acompaña al listado de inscripciones, ni en las declaraciones que hizo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hizo mención a la articulación de mecanismo alguno para recuperar los bienes inmatriculados, entre los que figura la Mezquita de Córdoba. Todo indica que el Gobierno se limitará a publicar el catálogo de los 34.961 bienes inmatriculados y dejará que los particulares impugnen por su cuenta si creen que han visto lesionados sus derechos de propiedad.

Las asociaciones patrimonialistas, agrupadas en la coordinadora Recuperando, estaban ayer visiblemente decepcionadas. "Este indulto del Gobierno es fruto de negociaciones clandestinas con la Iglesia", adujo el jurista y portavoz de la coordinadora Antonio Manuel Rodríguez. El movimiento ciudadano que lleva más de una década trabajando en favor de la recuperación del patrimonio inmatriculado tenía un sabor agridulce. Por un lado, se felicitaba por el hecho de que, al fin, el listado hubiera llegado al Congreso de los Diputados, aunque tarde e incompleto. Sin embargo, lamentan que el Gobierno más progresista de las últimas décadas se haya "lavado las manos" en un asunto que consideran de Estado y que afecta a la propiedad del conjunto del patrimonio histórico y a la legitimación de los privilegios de la Iglesia española.

Recuperando exige un compromiso claro del Gobierno en la activación de un mecanismo legislativo que anule las inmatriculaciones por "inconstitucionales" y una reforma que permita proteger aquellos bienes de especial valor histórico contra su privatización, en el caso de que la Iglesia no disponga de título material de propiedad. La vía jurídica, a la que parece abocada la solución de las inmatriculaciones, se antoja enormemente compleja y costosa, a juicio de Recuperando.

La Iglesia, en cambio, se mostró ayer abiertamente satisfecha con el informe difundido por el Gobierno. Según manifestaron sus portavoces, el estudio jurídico que antecede al listado de las inmatriculaciones reconoce la "legalidad" del procedimiento registral utilizado por los obispos.

El documento, sin embargo, expone un prolijo argumentario jurídico que pone en duda la constitucionalidad del artículo 206 de la derogada Ley Hipotecaria, que equiparaba a la Iglesia católica con la administración y a los obispos con fedatarios públicos. En un párrafo dice textualmente, en relación a la reforma de Aznar de 1998, que permitió la inscripción de templos de culto católicos: "Las mismas razones que hacían inconstitucional la imposibilidad de que los templos de la Iglesia católica accedieran al registro, fundamentan la inconstitucionalidad de la inclusión de la Iglesia en el procedimiento especial del artículo 206".

Lo cierto es que Aznar no impugnó aquella presunta inconstitucionalidad que permitió la inscripción de decenas de miles de bienes y el Gobierno de Pedro Sánchez no parece estar dispuesto a subsanar sus consecuencias.