Que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) de España se encuentra en un estado lamentable es evidente, incluso, para el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En su primera comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso el pasado julio aseguró que la situación era “lamentable” y que necesitaba “más personal” para hacer frente a un número de demandantes de asilo que crece exponencialmente cada año. Sin embargo, la situación de colapso que se vive en la OAR se agravará aún más el próximo 9 de diciembre, cuando cesen en su puesto 94 trabajadores interinos que ya han cumplido los tres años que, en teoría, podían trabajar allí.

Desde que Marlaska hizo balance del estado de la OAR apenas ha habido cambios. Al menos, cambios a mejor. Quizás la única buena noticia para este departamento es la puesta en marcha de una nueva aplicación informática para tramitar y seguir las solicitudes, ya que la actual data de 1992, año en el que se creó la OAR por imperativo internacional.

En la actualidad, la cifra de solicitantes de asilo es de récord. Hasta noviembre de 2018, casi 48.000 personas han pedido asilo en España y, aunque se mira a la frontera sur y a las pateras como el principal problema, lo cierto es que la mayoría de los que piden asilo aquí llegan en avión, sin necesidad de visados ni de poner en peligro su vida en el mar. Venezuela, Colombia y Honduras son los países de procedencia de tres cuartas partes de las solicitudes de asilo registradas en España este año, según un reciente informe del estado de la Subdirección General de Protección Internacional realizado por CCOO.

Nunca se habían registrado estas cifras de solicitudes de asilo. En 2017, que ya fue un año récord, pidieron protección en España más de 31.000 personas. Ya era el doble que en 2016, cuando la solicitaron unas 15.700 personas. Ante este aumento y dada la exigua estructura de trabajadores que componen la OAR, hay actualmente 63.165 solicitudes pendientes de resolver, una cifra que irá en aumento y que da una idea clara del colapso, pero no hará sino crecer mientras los tiempos de resolución se demoran hasta dos años. Esta cifra tampoco es del todo representativa, ya que hay una larga lista de espera sólo para pedir la cita con la que iniciar el largo procedimiento.

Sin ir más lejos, como ha podido comprobar Público, cada noche hacen cola cientos de personas a las puertas de la comisaría de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Aluche (Madrid). Presentarse allí y guardar cola es la única manera de conseguir una cita que, según ha podido comprobar este diario, se está dando de manera informal (escrita en un papel a bolígrafo) para mediados de 2020. Y ni siquiera pasar la noche bajo el frío y la lluvia les garantiza a estas personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países obtener una cita que, hasta mayo, se daba por teléfono en cualquier comisaría. Sólo se está atendiendo a unas 80 personas diarias.

Citas facilitadas por solicitantes de asilo, escritas a mano por agentes de policía, con fecha de 2020.

Cesada el 70% de la platilla de la OAR

La situación es caótica para los 113 trabajadores públicos que conforman la plantilla de la OAR, encargados de estudiar y tramitar las solicitudes, realizar entrevistas con los demandantes o coordinarse con otras oficinas de asilo de la UE, entre otras muchas funciones. Pero, si nada cambia, todo empeorará considerablemente a partir del 9 de diciembre, cuando salgan estos 94 trabajadores interinos que fueron incorporados en 2015 mediante un nombramiento de urgencia con cargo al Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), un programa que puede extenderse hasta el año 2020 y del que apenas se han aprovechado los recursos económicos disponibles. “Esto supone que la Oficina quedará sólo con 34 trabajadores, perderá el 70% de la plantilla”, resume Fernando García, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ministerio del Interior.

Fuentes de Interior reconocen que ya se han ido produciendo salidas, ya que sólo quedan 77 de esos interinos. El ministerio es plenamente consciente de la situación, aunque achaca este problema a “despreocupación total de todos los gobiernos por esta oficina desde que se creó en el año 92”. Los ceses, explica el gabinete de prensa del Ministerio, se producen por “imperativo legal”, ya que el personal interino sólo puede permanecer tres años en el puesto. Hace un mes, cuando Público preguntó por estos ceses, Interior respondió que la intención era adelantar a diciembre la Oferta de Empleo Público que ya hay convocada, un total de 231 puestos de turno libre para el refuerzo en los servicios de atención a personas asiladas y refugiadas. Sin embargo, ahora reconocen que esto no se va a producir, por lo que han abierto una nueva bolsa de interinos que ya se están incorporando para suplir a los que salen. "El número de trabajadores va a quedar prácticamente igual", explican desde Interior.

Para Fernando García, esta medida, es “un parche que no va a servir de nada”, ya que sustituye a trabajadores con experiencia y una formación “súper especializada” en un campo “muy complejo” por interinos de una bolsa general de empleados de la Administración Pública. Es el mismo procedimiento que se siguió con los 92 interinos cesados en la Secretaría de Estado de Migraciones el mes pasado. “Los interinos que están ahora ya están formados, tienen una gran especialización y perderlos sin un recambio adecuado no traerá más que problemas. La OAR no va a echar el cierre pero va a ser totalmente disfuncional y la Unión Europea nos va a pedir muchas explicaciones por esto”, aventura el sindicalista.

El delegado de CCOO recuerda al Gobierno que la salida de estos funcionarios “no es un imperativo legal sino una decisión política que afecta a personas muy vulnerables”. Asegura que, en diferentes reuniones con personal del Ministerio han puesto “soluciones sobre la mesa”. “No queremos que estos interinos sean funcionarios de repente, este no es un problema laboral, sino humanitario. No se puede prescindir de ellos con la OAR en este estado, por eso lo más lógico es convertir en interinos por vacante, es decir, que sigan en el puesto hasta que se celebre la oposición y los funcionarios de carrera obtengan su plaza”, alega. Una medida que, apunta, ya ha puesto en marcha la Junta de Andalucía recientemente. "Muchos departamentos de la OAR están cubiertos enteramente por personal interino", de manera que no habrá nadie con experiencia para hacerse cargo de una situación cada vez más acuciante, advierten.