Ya hace dos años que la muerte de una pareja en una chabola en la orilla del Besòs, en Montcada i Reixac (Barcelona), hizo saltar las alarmas y puso el foco sobre esta situación de infravivienda en el área metropolitana de la capital catalana. Pese a la movilización de las instituciones, en 2024 el asentamiento de chabolas sigue creciendo a la espera de que actúen.

Tras una diagnosis que cifra en cerca de 200 las personas que viven ahí -157 adultos y una treintena de menores-, sobre la mesa se encuentra la creación de una oficina permanente con presupuesto propio para centralizar y coordinar su desmantelamiento. Es una opción todavía pendiente de concretar, según informan a Público la Delegación de la Generalitat en Barcelona y el Ayuntamiento de Montcada.

El censo de los habitantes ha sido la primera actuación de las cinco administraciones implicadas, entre las que figuran la Delegación de la Generalitat en Barcelona, el consistorio, el Consorci del Besòs, el Área Metropolitana y la Diputación.

Los datos recogidos también apuntan a que casi 400 personas pasan habitualmente por la zona para realizar varias actividades, como cuidar de sus huertos o animales o efectuar actividades económicas sin licencia. Son datos que la Generalitat facilitó a Público y que el Ayuntamiento corrobora, añadiendo la treintena de menores.

Nuevas chabolas

El censo, que finalizó hace meses, fue el primer paso para actuar, pero podría estar ya desfasado. El alcalde de Montcada, Bartolo Egea, explica a Público que la realidad en el asentamiento "ya ha cambiado": "Entre todos hay que intentar paliar el problema, porque cada vez se está haciendo más grande".

Actualmente hay una zona, conocida como la Pollancreda [chopera], donde ya se está parcelando el terreno para ubicar nuevas chabolas. "Aún no vive nadie ahí, pero cuando pase el invierno se pondrán a vivir. Tenemos que desmantelar esta parte, que es la más natural", añade el alcalde.

Varias entidades ecologistas de la zona avisaron al Ayuntamiento de que esto se estaba produciendo y Egea asegura que se debe "parar y desmantelar" de forma urgente antes de que empiece a habitarse.

Los asentamientos están en cerca de 34 hectáreas a ambos lados del río Besòs, entre la carretera de la Roca, las vías del tren y la C-33. La casuística es diversa, con habitantes que han vivido allí toda la vida, otros que van y vienen, algunos que tienen huertos y duermen ahí ocasionalmente, y otros que han llegado recientemente empujados por la precariedad, la pandemia y las sucesivas crisis.

Pendientes del plan que guiará el desmantelamiento

La comisión técnica que aglutina a las cinco administraciones implicadas acordó en la última reunión que el Consorci del Besòs encargaría un Plan de Gestión para fijar las próximas actuaciones, entre ellas un supuesto desmantelamiento.

El delegado del Govern en Barcelona, Joan Borràs, explica a Público que este documento -previsto para los próximos seis u ocho meses- marcará las acciones, el presupuesto y los plazos. "Debe ser la hoja de ruta que marque cómo actuar", sostiene. Para Borràs, el plan de gestión debe ser "global" y aportar una forma "definitiva" para solucionar la problemática e "intentar que no vuelva a producirse".

El alcalde señala que durante enero ya deberían tomarse las primeras acciones. "Falta algo de celeridad y liderazgo", reconoce. Egea repite lo que la anterior alcaldesa, Laura Campos, ya dijo en el momento del incendio mortal, que el ayuntamiento no puede asumir en solitario una gestión que tan sólo en cuanto a la limpieza de residuos asciende ya a tres millones de euros. "Es insostenible", dice Egea.

Tanto el alcalde como el delegado del Govern apuntan a que se plantea la creación de una oficina que centralice y coordine las actuaciones, con un presupuesto propio, que se encargaría del desmantelamiento o de las actuaciones que se consideren pertinentes.

La erradicación del asentamiento es el objetivo que planteaban las administraciones en el momento del incendio, aunque dos años después y habiendo realizado la diagnosis hay más dudas sobre cómo abordarlo. "Algún tipo de solución residencial tendrá que darse, pero hay situaciones muy diversas", apunta Borràs.

En toda la zona hay 794 construcciones que incluyen chabolas y cubiertos, el 15% con amianto. El 17% es vivienda permanente, y más o menos la mitad se destina a usos de ocio, como los huertos, y también hay rulotes, piscinas y balsas.

"Sobre todo es muy importante que no siga creciendo, porque si no, no acabaremos nunca", apunta Borràs, quien insiste en que se ha trasladado al Ayuntamiento que actúe si ve que se construyen nuevas infraviviendas. "Si no, dentro de cinco años tendremos una realidad mucho mayor", advierte.

Otro foco de preocupación son nuevos incendios. En las últimas semanas ha habido dos, que no han afectado a los habitantes, pero sí quemaron unos 3.000 m2 y alguna chabola de ocio. "Cuando hemos ido hemos visto que hay gente de paso, hay mucho movimiento. La realidad allí cambia cada mes", concluye el alcalde.