Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás, se sienta este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusado de liderar una trama, conocida como caso mafia policial, en la que conseguía datos reservados que luego usaba para hacerse pasar por miembro del Gobierno. Está acusado de delitos de integración en grupo criminal, delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos, cohecho activo y pasivo y usurpación de funciones públicas.

El juicio se celebrará durante seis sesiones y se espera que dure hasta el 13 de febrero, por la que fue la causa principal tras ser detenido en octubre de 2014 por hacerse pasar por miembro del Gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y haber accedido "en varias ocasiones" a "información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales".

La defensa ha precisado que defenderá su absolución en este nuevo juicio. Hasta ahora el Pequeño Nicolás había sido juzgado en cuatro ocasiones, siendo absuelto en una de ellas. En total ha sido condenado a ocho años y dos meses de cárcel, pero ninguna de las resoluciones es firme, debido a que su defensa presentó recursos ante el Supremo. 

"Lechugas" o "rábanos morados" a los policías implicados

Se sienta en el banquillo junto a tres policías municipales de Madrid, un guardia civil que estaba entonces en la Casa Real, y el que era coordinador de Emergencias en el Ayuntamiento madrileño, Emilio G.G.

Según la investigación llevada a cabo en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, el modus operandi "siempre fue el mismo": dos de los agentes y el Pequeño Nicolás tenían un chat de Whastapp llamado "Departamento de Seguridad Nacional" en el que, según el sumario, Gómez Iglesias facilitaba a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación, y luego les pagaba con "lechugas" o "rábanos morados", en referencia a los billetes.

La Fiscalía sostiene que los datos relativos a las matrículas eran utilizados para contactar con los titulares de las placas, "a quienes hacía creer que tenía relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas y les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas, con la única finalidad de obtener dinero a cambio de una intermediación que, en realidad, era ficticia", según las acusaciones que ejercen la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y el Ayuntamiento de Madrid.

La Fiscalía pide la mayor pena

La Fiscalía pide para él la mayor pena que había solicitado en los juicios celebrados hasta ahora: nueve años y nueve meses de cárcel y una multa de 54.000 euros.

Para el responsable de Seguridad solicita 4.500 euros de multa por un delito de violación de secretos; para los agentes Felipe G.S. y Jorge G.H. pide ocho años y seis meses de prisión además de multa de 11.110 euros; y para el guardia civil Francisco J.S.L. pide dos años y ocho meses de cárcel más multa de 5.400 euros. La Fiscalía no solicita pena para el policía José L.G.C., pero el resto de las acusaciones sí, y la jueza lo mantiene procesado.

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) solicita 23 años de cárcel para el Pequeño Nicolás; nueve años y medio para el responsable de Seguridad del Ayuntamiento y para los agentes entre tres y 15 años y medio de cárcel.

El Ayuntamiento de Madrid pide diez años de prisión para Francisco Nicolás Gómez Iglesias; cinco para el exresponsable municipal y entre cinco años y ocho años y nueve meses para los agentes.