Han pasado ocho años desde que un joven de 20 años apodado el Pequeño Nicolás se hiciera famoso por presuntamente haberse hecho pasar por asesor del Gobierno y haber engañado a grandes empresarios y políticos y por relacionarse con personajes policiales como el comisario Villarejo. Pero su caso fue algo más que una anécdota. Está inmerso en varios procesos judiciales y en uno de ellos existe una pieza separada sobre una grabación ilegal a agentes del CNI mientras hablaban sobre él. Esta pieza será enjuiciada en nueve sesiones desde este martes hasta el 2 de diciembre.

Este asunto es el primero por el que Villarejo fue procesado y es independiente de las causas que se siguen contra él en la Audiencia Nacional dentro del caso Tándem o caso Villarejo.

En esta pieza separada, Villarejo, su esposa y el periodista Carlos Mier (el primero, como autor intelectual, y los dos segundos, como cooperadores necesarios) están procesados por idear, ejecutar y organizar la difusión (en prensa, radio y televisión) de la grabación ilegal de una reunión entre agentes del CNI, el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y el jefe del grupo IX de dicha unidad asignado a la investigación del caso Nicolás, el inspector Rubén Eladio López. Cabe recordar en este punto que todo lo referido al CNI es secreto oficial en primer grado (empezando por la identidad de los agentes, incluida su voz, para velar por su seguridad) y solo el Consejo de Ministros puede autorizar la difusión de cualquier cosa que ataña a los servicios secretos.

Inicialmente Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, estuvo investigado por estos hechos. Pero en octubre de 2018, la jueza instructora del caso, Pilar Martínez Gamo, que en 2017 sustituyó al primer magistrado encargado de este asunto, Arturo Zamarriego, archivó el caso para él. Como fiscal actuó Alfonso San Román, que también lo es de la pieza separada que se enjuicia desde este martes.

El juez Zamarriego organizó, en un movimiento poco usual en la historia judicial española, una Comisión Judicial para proteger la investigación de la injerencia de las cúpulas política y policial. Según esta comisión el entonces comisario Villarejo, con previo conocimiento del día y hora en que iba a celebrarse el encuentro y gracias a una aplicación informática que la cúpula policial corrupta habría instalado subrepticiamente en el teléfono móvil oficial de Martín Blas, activó en remoto el micrófono del móvil de este último desde el dispositivo móvil de Carlos Mier a través de una llamada, procediendo in situ a su grabación.

Si bien es cierto que el fiscal San Román pide prisión para Villarejo, su esposa y el periodista, es llamativo que toda la investigación de la Comisión Judicial de Zamarriego haya sido ignorada tanto para la instrucción del caso Nicolás como para la de la pieza de la grabación ilegal al CNI. 

Villarejo sabía el día y hora porque fue Pino, y no Martín Blas, quien organizó el encuentro

La reunión grabada tiene lugar el 20 de octubre de 2014, tan solo seis días después de la detención del Pequeño Nicolás (14 de octubre). Este arresto era el colofón a una investigación solicitada dos semanas antes por la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, de quien dependía entonces el CNI. ¿La razón? Había llegado a sus oídos que Francisco Nicolás ejecutaba estafas haciéndose pasar por agente del CNI o "enlace de la vicepresidenta con la Casa Real".

La Fiscalía de Madrid ha recogido en una nota de prensa que Villarejo pudo articular la grabación ilegal gracias a que supo con antelación la fecha y hora en que esta reunión iba a producirse: Villarejo, que entonces estaba destinado como adjunto al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, conocía esa convocatoria "y planeó grabar la conversación (...) con el propósito de difundirla posteriormente (...) y lograr así obstaculizar, entorpecer o bloquear la investigación".

Pero acto seguido el ministerio público sugiere que es Marcelino Martín Blas quien "convoca" el encuentro, insinuando que la reunión se celebra a iniciativa de este último. Sin embargo, la Fiscalía no toma en consideración la declaración del propio Martín Blas ni los informes de la Comisión Judicial que señalan a Eugenio Pino como la persona que convocó el encuentro.

Según las palabras de Martín Blas y el informe de la Comisión Judicial fue Pino quien ordenó al entonces responsable de Asuntos Internos, con la previa entrega de un papel con dos números de teléfono apuntados, que contactara con el servicio secreto para compartir información, ya que la investigación la había solicitado Vicepresidencia del Gobierno.

No es un detalle menor. Es un dato de gran relevancia, porque es precisamente el detalle que probaría que Villarejo tuvo la oportunidad y apunta a una acción premeditada y planificada con antelación, en la que Pino también jugó su papel.

La grabación ilegal tuvo un doble objetivo y dos grupos diferentes de interesados

Villarejo no es irracional y por muy osadas que sean sus acciones no arriesga sin un buen motivo detrás.

Tal y como se desprende de los dos informes finales sobre esta pieza separada, producidos, fechados y entregados entre el 12 y el 14 de julio de 2017 por la Comisión Judicial creada por el juez Zamarriego para investigar el caso (conformada por Martín Blas y López), la grabación ilegal y su posterior difusión tuvieron dos grupos de interesados y un doble móvil.

Por un lado, la cúpula policial corrupta encabezada por Eugenio Pino temía que el CNI (recordemos que entonces dependía de Vicepresidencia del Gobierno) pudiera llegar a tener conocimiento de sus manejos torticeros contra los políticos rivales del PP en Catalunya. Sus miedos no eran infundados: por el registro practicado al Pequeño Nicolás se verifica que este y el comisario Villarejo visitaron a dos hijos de Pujol en el mes de septiembre de 2014 con apenas días de diferencia y que el joven apuntó el nombre de Villarejo en sus cuadernos con relación a los Pujol.

Por otro lado, los socios de negocios de Villarejo, como Adrián de La Joya, estaban interesados en ese encuentro para entender por qué se detiene al joven mientras maniobraba con un alto ejecutivo del Banco Santander con relación a una finca comprada en origen por Mario Conde, protegida de embargos judiciales por De la Joya y con claros indicios de servir de túnel de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo a diferencia del de estafa no prescribe fácilmente y acarrea —en caso de condena— largos años de prisión.

En las páginas 49 y 50 del informe final de la Comisión Judicial del caso Nicolás de julio de 2017 se analiza el "cambio radical de ataque hacia los investigadores, por parte de los periodistas vinculados al comisario Villarejo" y se concluye que "se produce tras la grabación ilegal y cabe, pues, hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué escucharon de la conversación entre el CNI y la UAI que alertase de ese modo a los implicados?".

Además, se refleja a continuación lo siguiente:

Pero el fiscal San Román obvia toda esta parte y asume que el comisario, sus colegas policías y empresarios poderosos involucrados se arriesgan llevando a cabo esta peligrosa acción con el objeto de archivar un caso que trata de las estafas y simulaciones individuales de un chico de 20 años.

Difusión de la grabación ilegal al CNI para propiciar el archivo de todo el caso

En la nota de la Fiscalía se desprecia la investigación de la Comisión Judicial y se destacan como relevantes los fragmentos sobre supuestas intervenciones telefónicas irregulares al Pequeño Nicolás. Unos fragmentos que fueron, precisamente, los utilizados por numerosos medios de comunicación (muchos de ellos parte del ejército mediático de Villarejo) para acusar a los investigadores de todo tipo de irregularidades, reforzando así los argumentos de la defensa para pedir el archivo del caso.

El inspector Rubén López, luego de ser cesado por la nueva juez del caso Nicolás y expulsado de Asuntos Internos, interpuso varias querellas contra policías y periodistas por obstrucción a la justicia, entre otros delitos.

Esta causa se sigue en el juzgado 49 de Plaza Castilla y en ella se alternan los archivos de la magistrada, ante el alborozo de los medios y redactores afines a Villarejo, con los golpes en la mesa de la Audiencia Provincial, que una y otra vez obligan a la juez a reabrir y proseguir las diligencias.

Tanto el primer informe de la Comisión Judicial sobre esta pieza separada ("Propuesta de Actuaciones sobre grabación ilegal", emitido en mayo de 2016 con una extensión de más de 500 páginas solicitando detención y registros para Villarejo, policías y periodistas) como los informes finales de 12 y 14 de julio de 2017, incluyen un minucioso y detallado estudio cronológico de las publicaciones en medios que según los investigadores del caso Nicolás perseguía un claro objetivo: el archivo del caso por la vía rápida.

Así, señalan con enlaces y capturas de pantalla, que el 21 de octubre de 2014, al día siguiente de la grabación, Información Sensible, la web fundada en 2012 por Villarejo y el periodista Daniel Montero, publicó varios artículos firmados por Mier con informaciones de las que, en ese momento, únicamente tenían conocimiento Asuntos Internos y el DAO Eugenio Pino. Un hito que también incluye la nota de la Fiscalía madrileña.

Este mismo medio y el mismo periodista publicaron un mes después, el 22 de noviembre, que el Pequeño Nicolás tenía extractos de "una conversación entre el comisario Marcelino Martín­ Blas y unos espías". Además, se hace referencia a parte del contenido de la grabación. De hecho, según Mier, el joven, gracias a esos fragmentos, contaría con pruebas que evidenciarían los "chanchullos de Asuntos Internos" para justificar su detención. 

El informe de la Comisión Judicial recoge otro hito mediático importante en la secuencia del caso. Un mes después de esta publicación, el 19 de diciembre de 2014, Infolibre publica el "contenido íntegro de la grabación ilegal, con el audio y la transcripción de la reunión que coincide exactamente en formato y contenido (e incluso mismas palabras y errores) con la realizada por el perito de la defensa de Fco. Nicolás".

En esa transcripción se incluía al menos una expresión que no se oía en el audio: "Para lavarlo lo que... nosotros lo que se pueda". Según diversos análisis periciales de la Policía y del Centro Criptológico Nacional lo que en realidad se decía ahí era: "Para darle lo que... ¿ininteligible?".

A pesar de ello, Eduardo Inda no dejó pasar la historia y la abordó en prensa escrita y desde sus atalayas en El programa de Ana Rosa y La Sexta de Antonio García Ferreras, insistiendo en que en la grabación publicada se oye que los investigadores "lavan pruebas". Algo de lo que tuvo que desdecirse cuando fue citado a declarar por el juez Zamarriego. Entonces, Inda admitió que no se oía nada semejante y que lo de "lavar pruebas" era tan solo un "término periodístico".

Las difamaciones de Inda quedaron impunes. A él y al que fuera su pareja periodística en el diario El Mundo, Esteban Urreiztieta, la Comisión Judicial les dedica una parte no despreciable de sus informes señalándoles como los que entregaron la grabación al Pequeño Nicolás tras recibirla de manos del comisario, a cambio de que les concediera una entrevista en exclusiva.

Según se detalla en los informes, a estas publicaciones les siguieron nuevos artículos e intervenciones televisivas con máxima audiencia en las que se seguía insistiendo en irregularidades. Programas y publicaciones en los que intervienen periodistas como José Antonio Hernández Jotilla (hoy director de la web Fuentes Informadas, alineada con Villarejo) o Ana Terradillos desde radio y televisión.

La secuencia mediática referida a la grabación al CNI y los investigadores, que comienza con los artículos de Carlos Mier en la web Información Sensible de Villarejo y prosigue con la difusión de la grabación en Infolibre y el programa de televisión Un Tiempo Nuevo de la productora Mandarina, dio el pie y el paso a un inmediato recurso de la defensa de Francisco Nicolás solicitando el archivo del caso alegando que se le había intervenido el teléfono ilegalmente junto a una investigación irregular en la que se "lavaban pruebas".

Como argumentos, la defensa del Pequeño Nicolás citaba y adjuntaba la grabación colgada por Infolibre, la transcripción incorrecta publicada y las numerosas reseñas de las publicaciones en prensa, radio y televisión. Como se ha señalado anteriormente, el recurso y su contenido fue anunciado antes de la difusión del audio por la propia web del comisario Villarejo con un artículo que llevaba la firma de Carlos Mier.

Después del rechazo de su recurso, el juez Zamarriego y la Comisión Judicial prosiguieron con la investigación sobre Villarejo y sus colaboradores y socios que se centraban a partir de ese momento en una estrategia mediática para recrear una enemistad o aversión del jefe de la Comisión Judicial, el comisario Marcelino Martín Blas, hacia Villarejo.

Posteriormente, la defensa de Villarejo (el bufete de Ernesto Díaz Bastién) y la de Carlos Mier (el bufete Boye & Elbal) interpusieron recursos para pedir que se apartara a los investigadores de la Comisión Judicial por "parcialidad" y así propiciar el archivo.

Por su parte, la Comisión Judicial pidió imputar a algunos de esos periodistas, incluyendo en la lista al productor Pedro Rivaldería (Mandarina) por la emisión de la edición especial del programa Un tiempo nuevo, sobre la grabación ilegal al CNI, en la que participaban varios de los periodistas citados. 

A pesar de la minuciosidad de estos informes, ni la nota emitida por la Fiscalía de Madrid ni la actuación del fiscal San Román reflejan interés alguno por la abundancia de casualidades periodísticas. Y toda la intencionalidad mediática queda reducida por el juzgado a la web de Villarejo, Información sensible, de cuyo contenido responsabilizó el comisario a su esposa, Gemma Alcalá.

Sin embargo, y aunque Villarejo descarga toda responsabilidad sobre su esposa, un simple vistazo a la documentación incautada al comisario y su cruce con la hemeroteca de dicho digital evidencian que Villarejo se valía de Información Sensible para las campañas mediáticas que urdía en beneficio de proyectos propios y/o contratados con clientes. Aunque el comisario niega conocer a Carlos Mier —desviando dicha relación exclusivamente a su esposa y madre de su hija—, su guía de audios (las 16 agendas incautadas) refleja lo contrario. Es más, consta contacto con Mier (a quien denomina "Carlos Infosensible") el 20 de octubre de 2014, el día que se realiza la grabación ilegal que se enjuicia a partir de este martes.