"Un mes no puede pasar en balde, sobre todo porque llevamos un retraso de más de cuatro décadas". Con estas palabras el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha querido urgir al actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para que, de una vez por todas, el Gobierno apruebe la nueva Ley de Secretos Oficiales que anunció el pasado mayo.

Lo ha hecho a través de un escrito en el que ha instado al Ejecutivo a que, si de verdad tiene el compromiso de acabar con la citada ley, es necesario que empiecen por informar acerca del calendario estimado al respecto. Además, Beltrán ha lamentado, no sin cierta indignación, las "décadas de secretismo" que esta ley nos ha reportado.

"Se trata de una ley que supone un obstáculo para la investigación de graves violaciones de derechos humanos y para garantizar el derecho de las víctimas a verdad, justifica y garantías de no repetición, amparándose bajo la consideración de secreto", ha denunciado.

De los recientes casos de vigilancia masiva con el software espía Pegasus a líderes políticos, activistas y periodistas catalanes, a las graves violaciones de derechos humanos en la época franquista, pasando por la lucha contra el terrorismo o la falta de transparencia del Gobierno respecto a los acuerdos migratorios con Marruecos, lo cierto es que se agolpan las preguntas y la necesidad de certezas.

En pro de esa necesaria transparencia, Beltrán hace un llamamiento a la importancia de que la justicia custodie determinadas decisiones que se toman en el ámbito político: "Se deben incluir mecanismos de control independientes sobre las decisiones gubernamentales de clasificar o no desclasificar información, asegurando en todo caso el control judicial sobre dichas decisiones". 

Por último, Beltrán hace hincapié en la necesidad de que la nueva ley evite la clasificación de información recaiga sobre materias de forma genérica: al contrario, se debe priorizar la clasificación parcial, y con un plazo preestablecido.