Una investigación de Amnistía Internacional denuncia la dejadez y la ineficacia de las administraciones del Estado para investigar lo que ocurrió en las residencias de personas mayores durante los peores días de la pandemia y afirma que esta falta de acción ha dejado abandonadas a su suerte a las familias para conocer la verdad y pedir justicia y reparación. 

Según los hallazgos de la organización, la práctica totalidad de las investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía (el 89%) han sido archivadas y las comisiones de investigación iniciadas por las comunidades autónomas "se han cerrado con investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos". 

La investigación hecho pública este lunes, justo el día en el que se cumplen dos años desde el primer caso de covid-19 detectado en España, está basada en el seguimiento de denuncias que afectan a más de un centenar de residencias de Madrid y Catalunya y concluye que se ha incumplido la "obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias de persona mayores tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Desde el estallido de la pandemia han fallecido en este tipo de centros un total de 35.670 personas.

La organización ve con "preocupación" la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, y el impacto que tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestación de asistencia sanitaria a las personas mayores que vivían en ellas.

"Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más", se lamenta Ana María, cuya madre falleció en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital, y que ha presentado una denuncia particular ante el juzgado, que año y medio después sigue en trámite.

"Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Así lo denuncian también las organizaciones de defensa de los derechos delas personas residentes como La Plataforma y Marea de Residencias, entre otras.

Investigaciones sin garantías ni participación de las familias

A pesar de el propio Ministerio Fiscal reconoció que se produjeron vulneración de los derechos humanos en las residencias, sus investigaciones no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias", afirma AI.

Uno de los datos más sorprendentes para la organización es el hecho que en los casos de Madrid y Barcelona, las investigaciones de la Fiscalía no han tenido en cuenta las informaciones que podían aportar las propias familias de los afectados a las que no se les ha tomado declaración en el proceso de investigación. Así ocurrió en el caso de las más de 200 familias que denunciaron la actuación de 30 residencias de mayores en Barcelona. 

Según datos que Amnistía Internacional ha podido confirmar por representantes del Ministerio Fiscal o fuentes documentales de las investigaciones, entre Madrid y Barcelona se habrían archivado diligencias de investigación de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información.

Para Ángela Arreba, cuya madre falleció en abril en la residencia Amavir Arganzuela de Madrid, la sensación es que "nadie te escucha, de que no quieren saber, de que nadie se hace eco. La continua negación de los hechos, la desinformación y la mentira en la que vivimos causa mucho dolor", afirma. Su madre, Julia, falleció después de un mes en el que ni siquiera pudieron verla por videoconferencia, y que ha presentado junto a otros familiares una querella en el juzgado.

"Las familias de las víctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les puede proporcionar. Ante un exceso de muertes, con una clara falta de asistencia sanitaria como el que se vivió en la residencias de mayores, un papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo sucedido", señala Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía Internacional España. "Sin embargo, en muchos casos, son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión", añade.

La investigación también pone de manifiesto la inacción de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que "no ha realizado ningún seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia", tal como dictan las normas internacionales, y que no han llevado a cabo un cómputo de estos casos en los tribunales ni ha recopilado datos judiciales que permitan hacer un seguimiento de las causas, "lo que contribuye a la falta de información y transparencia.

Protocolos sin investigar

Otra de las lagunas en las investigaciones sobre los fallecimientos en las residencias es la falta de investigación exhaustiva de los protocolos de no derivación a hospitales de las personas ingresadas en dichas residencias. El informe denuncia que el Ministerio Fiscal ha concluido que estos documentos emitidos en los momentos más álgidos de la pandemia no fueron obstáculo para trasladar a los enfermos de las residencias a centros hospitalarios. Una conclusión que contradice los datos de la organización humanitaria, que afirma que los protocolos en vigor durante la primera ola de la pandemia "provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud". 

El documento denuncia la falta de interés por parte de las comunidades autónomas y por el Gobierno central por realizar una investigación exhaustiva de los hechos. Las investigaciones iniciadas en distintas comunidades autónomas se han cerrado sin garantías necesarias y a nivel estatal, el Congreso de los Diputados "no ha puesto en marcha ninguna investigación sobre lo sucedido".

Por todo esto, la organización exige a los grupos parlamentarios la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a pasar.