El Producto Interior Bruto (PIB) es, sin duda, uno de los indicadores económicos de referencia a nivel mundial. Sus macrodatos sirven para establecer rankings y tablas comparativas que, en ocasiones, reducen la calidad de vida a valores monetarios, sin apenas tener en cuenta los daños medioambientales que los modelos productivos pueden generar, ni las condiciones sociales con las que se alcanzan determinados niveles de riqueza. Así lo entienden las organizaciones sociales, que han impulsado una herramienta alternativa al PIB, para tratar de medir la coherencia que tienen las políticas públicas con el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

El Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS), creado desde la Coordinadora ONGD, incorpora una mirada multidimensional de la economía de los estados para tratar de visualizar los efectos reales que las políticas públicas tienen en las personas y en el propio planeta. “El PIB se termina utilizando para medir el crecimiento de los estados y a veces se usa como sinónimo de bienestar, pese a las inconsistencias que puede tener apostar por el crecimiento como modelo económico”, explica a Público Luisa Gil Payno, de Economistas sin Fronteras, que pone el foco en la incongruencia que supone considerar como algo positivo que acciones empresariales que contaminan contribuyan al crecimiento.

En ese sentido el ICPDS –presentado este sábado a la esfera pública– recoge 57 indicadores económicos que trascienden más allá de la esfera monetaria: desde la opacidad financiera, hasta la militarización de un país, pasando por el cumplimiento de los derechos humanos y los límites biofísicos de la tierra. De esta forma, la herramienta permite comparar porcentajes de coherencia política a niveles generales, pero también cotejar parámetros concretos de las economías de los 148 países analizados. Para ello se han utilizado referencias de instituciones oficiales como el Banco Mundial o la ONU y de organizaciones sociales de gran solidez como el Global Footprint o el Institute for Economics & Peace.

Asimismo, los impulsores de este índice, que aspira a convertirse en referencia de análisis mediático y político, han apostado por introducir una mirada transnacional propia de un mundo globalizado, para que las acciones que los estados realizan más allá de sus fronteras puedan penalizar o no sus valores de coherencia económica. Esta es una variante interesante a nivel medioambiental, en tanto que los países más poderosos económicamente tienden a llevar a cabo actividades extractivistas en los territorios del globo sur, ampliando la huella ecológica más allá de sus territorios.

El resultado del análisis que plantea el ICPDS deja conclusiones que, en cierta parte, no sorprenden. “No hay ningún país que sea coherente con su modelo de desarrollo”, valora Yolanda Polo, de la Coordinadora ONGD. Tanto es así que ningún país alcanza los 80 puntos (de 100) en el ranking. Así, los nueve líderes mundiales serían los países nórdicos (Dinamarca, Islandia, Suecia, Noruega y Finlandia), seguidos de Nueva Zelanda, Australia, Portugal y España, que posee una puntuación del 69,37% de coherencia entre políticas y desarrollo. Sin embargo, estos estados, con buenos niveles de bienestar, tienen unos índices bajos de respeto medioambiental, lo que, según los economistas impulsores del ICPDS, deja entrever que “no pueden ser modelos de referencia” ya que “su patrón de desarrollo es insostenible y no es extensible al conjunto del planeta”.

El ICPDS muestra también variaciones muy representativas respecto a las mediciones del Producto Interior Bruto (PIB) o el Índice de Desarrollo Humano (IDH). EEUU, primera potencia mundial según los datos del PIB, desciende hasta el punto número 91 con un 41,72 % de coherencia entre políticas y compromisos medioambientales y sociales. Algo parecido ocurre con India –septimo país en cuanto a PIB– , que es el Estado con menor índice de coherencia.

Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS)

En cuanto a los marcadores aislados, el ranking de coherencia ambiental muestra datos dispares. Tanto es así, que los estados con economías poco desarrolladas encabezan el listado de coherencia climática, con Kenia a la cabeza, seguida de Nicaragua, Bolivia, Guyana y Madagascar. Por otro lado, Estados Unidos, China, Japón o Alemania –países con mayor PIB– se encuentran en la zona baja del ICPDS en materia medioambiental. España, por su parte, aparece en el puesto 80 dentro de este criterio específico.

En cuanto a los datos del índice que reflejan los compromisos de las economías estatales con los derechos humanos, destaca que el ICPDS coloca a Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza e Islandia a la cabeza, mientras que Tailandía, Catar o Zimbabue cierran la lista. De nuevo, Estados Unidos aparece en un lugar muy lejano al que ocuparía bajo los criterios del PIB, ya que se sitúa en el puesto 115 del ICPDS en políticas relacionadas con los Derechos Humanos.

*Puedes ver AQUÍ los datos completos del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS)