Antonio Pérez (nombre ficticio para proteger su anonimato) tiene un 80% de discapacidad y vive con una pensión de 700 euros al mes. Ahora, tiene que pagar 24.000 euros por un impuesto local de Madrid al haber heredado la vivienda de su madre recientemente fallecida y donde residía.

La mujer murió este año sin dejar testamento y sus otros dos hijos acordaron renunciar al inmueble a favor de su hermano, quedando así todo en nombre de Antonio Pérez. Este hombre, de unos sesenta años, sufre una enfermedad congénita y problemas de insuficiencia renal que le hacen necesitar ayuda para caminar, levantarse o acostarse. Debido a la afección, no ha podido trabajar durante toda su vida y el único ingreso que recibe es una pensión de orfandad por dependencia de 700 euros.

Uno de los trámites que debe realizar para poner la casa a su nombre es el pago de la plusvalía municipal, como se conoce generalmente al Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). El abogado que se ocupa de los trámites de la herencia vio que la cifra que debía pagar era de 24.000 euros, una cantidad inasumible para Pérez, quien de hecho, recibe ayudas para afrontar los gastos de la vivienda como el bono social de la luz y el bono social térmico.

La ordenanza municipal de este impuesto en Madrid no contempla ninguna bonificación o descuento por la situación de discapacidad que vive Pérez. El único beneficio con el que ha contado es una bonificación del 15% al tratarse de una vivienda habitual con un valor catastral del suelo superior a 66.000 euros. La bonificación sobre la plusvalía municipal en el caso de herencias que anunció el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de octubre tampoco se le aplica, ya que se hará efectiva en enero de 2020. 

¿Por qué 24.000 euros?

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) grava el aumento de valor de los terrenos urbanos cuando se transmite la propiedad.

La plusvalía municipal se calcula sobre el valor catastral del suelo, un valor que en el caso de la vivienda de Pérez situada en el barrio madrileño de Moncloa, ha subido de 80.000 euros en el año 2003, cuando se adquiere, a 230.000 euros en 2019, es decir, en tan solo 16 años esta cifra ha aumentado aproximadamente un 180%.

Este valor catastral del suelo se multiplica por un coeficiente que va en función de los años, desde la adquisición de la vivienda hasta el momento de transmisión, en un máximo de 20 años, y por el tipo impositivo fijado por el ayuntamiento del municipio: “Casi todos lo tienen fijado al máximo”, subraya Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

La madre de Antonio Pérez fue propietaria del domicilio por más de 15 años, por ello, al cambiar de titularidad la vivienda le cobran “prácticamente lo máximo de este impuesto”, según Sanmartín. A ello se le suma que el piso ya tiene de por sí un valor catastral alto por su localización, una zona de alta revalorización de la capital.

Un impuesto poco conocido

Se trata de un impuesto que casi todos los grandes ayuntamientos aplican. A diferencia del IBI, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto de Circulación, los ayuntamientos “eligen aplicarlo o no”, pero al ser al ser una de las principales fuentes de ingresos de las administraciones, “la mayoría de los municipios” cuentan con él, según explica Sanmartín.

A todo esto, se suma el desconocimiento general de la población sobre este impuesto, que en la mayoría de los casos, los ciudadanos no llegan a familiarizar con él hasta el momento de cambiar la titularidad de su vivienda. En el caso de Pérez, su familia intentará asumir la cantidad para que pueda vivir en el piso donde ya residía junto a su madre, un hogar que está completamente reformado y que se ajusta a sus necesidades y cuidados especiales.