Las alertas por la detección de alimentos cuyo consumo entraña riesgos para la salud ha experimentado un notable aumento tras la pandemia en la cadena alimentaria española, según indican los datos de la Aesan (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) sobre el Sciri, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

El Sciri es "un sistema de alerta rápida en forma de red a nivel nacional para la notificación de un riesgo para la salud humana derivado de productos alimenticios y los materiales en contacto con los mismos" y cuyo objetivo consiste en "garantizar a las personas consumidoras que los productos que se encuentran en el mercado son seguros y no presentan riesgos para su salud", señala la Aesan, cuyo documento advierte de una inquietante deriva.

Tras la pandemia, reseña, y una vez superado el "incremento exponencial de las alertas" que provocó en 2021 el uso del óxido de etileno como esterilizante al socaire de las medidas profilácticas por la pandemia, "la tendencia ha vuelto a la que se venía observando hasta el año 2019, con un incremento sostenido en todos los tipos de notificaciones" de alerta.

Así, y si se descartan los ejercicios de 2020 y 2021, el primero por la caída de la actividad y el segundo por la inflación de positivos, el aumento de los expedientes abiertos tras detectar riesgos sanitarios en alimentos destinados al consumo humano ronda el 30% frente al periodo 2018-2019 para alcanzar los 880.

¿Eso responde a una mayor exposición del consumidor a los riesgos alimentarios o a una mejora de los controles? La respuesta corresponde al ámbito del juicio, mientras los datos indican que las alarmas se activan una docena de veces por semana y que dos días sí y uno no es interceptada en alguna frontera una remesa de comida defectuosa.

Por categorías, los casos de alertas por la circulación de comida en esas circunstancias crecen casi un 24%, los de reseñas informativas por otros que ya han sido consumidos aumentan más de un 30% y se dispara por encima del 37% el rechazo en las aduanas de remesas destinadas a la cadena alimentaria española.

Por tipos de producto, el mayor foco de alertas y reseñas, que sumaron 617 episodios en 2022, se encuentra en los productos de origen animal, con 235, una tendencia estabilizada y una presencia más frecuente del pescado y sus derivados (87) que de la carne y los suyos (72).

Le siguen los alimentos de origen vegetal con 232 episodios y "un ligero descenso" y, ya distanciados, los MECA o materiales en contacto con el alimento, que se quedan en 62.

"Se observa un aumento en las notificaciones de peligros biológicos de origen animal y una disminución muy significativa en peligros químicos en productos de origen animal", explica la memoria, que destaca la elevada frecuencia de alertas por la presencia de residuos fitosanitarios en la comida, que siguen "suponiendo el 30% de las notificaciones con 89 casos, mientras que en 2021 fueron 225".

"En relación con los residuos de productos fitosanitarios, encontramos un gran número de sustancias no autorizadas o por encima de los límites establecidos", señala, antes de listar un total de 34 productos químicos y anotar que, "de las 89 notificaciones, destacan las de óxido de etileno, con 43, y las de clorpirifos, con 17, en ambos casos en productos de origen vegetal".

Este último fue prohibido en 2020 por la Comisión Europea por su elevada toxicidad, aunque salta a la vista que su utilización en la producción de alimentos se mantiene y que lo mismo ocurre con el óxido de etileno, que lleva dos décadas proscrito por el mismo motivo. El primero se aplica a los árboles como biocida y el segundo a los alimentos ya recolectados y procesados como desinfectante.

La huella tóxica del uso de los pesticidas

"Sin atisbo de dudas, el Estado español es el rey absoluto en el uso de pesticidas en Europa. Nuestros suelos agrarios reciben, anualmente, más de 76.000 toneladas de pesticidas", una cantidad netamente superior a la de otras potencias agrarias como Francia (69.000), Turquía (52.000), Italia (50.000) y Alemania (48.000), destaca un informe de Justicia Alimentaria, que llama la atención sobre dos datos.

"Si lo calculamos por habitante, Italia, Francia y Portugal rondan el kilo de biocidas por persona; el Estado español alcanza 1,6", señala el documento, que añade que la facturación de las empresas que los producen supera los mil millones de euros anuales, con el grueso dirigido a una exportación que tiene sus principales clientes en Marruecos, Turquía, Brasil, Israel, Sudáfrica y México.

Esos países resultan ser, curiosamente o quizás no tanto, algunos de los principales suministradores de alimentos, tanto vegetales como animales, para la cadena alimentaria española.

"Un tercio de los alimentos contiene pesticidas, pero la Aesan solo detecta el 2% que supera los límites legales y no tiene en cuenta el efecto acumulativo que produce el consumo de los que no lo alcanzan", explica Javier Guzmán, director de la oenegé Justicia Alimentaria, quien anota que "España es una potencia agroexportadora y también exportadora de pesticidas, con frecuencia hacía países de los que luego llegan alimentos".

"Nunca hemos tenido un plan de transición alimentaria ni para descarbonizar la agricultura, y eso es algo que necesita planificación y sin lo que se nos muere la agricultura tradicional", advierte.

Sin embargo, y paradójicamente, uno de los escasos efectos prácticos de las recientes tractoradas que se han ido sucediendo por media Europa con la defensa de la agricultura familiar como objetivo declarado ha sido la relajación de las normas sobre el manejo de pesticidas, una decisión de la burocracia comunitaria que tiene como principal beneficiaria a la industria química y a los consumidores como eventuales perjudicados.

Las remesas interceptadas en las aduanas

¿Y de dónde proceden los alimentos que provocan las alertas y las reseñas de información para prevenir sucesivos incidentes?

"La mayoría de las notificaciones tienen como origen del producto implicado algún Estado miembro de la UE (406) frente al correspondiente a los países terceros (193), mientras que en un total de 18 la trazabilidad de los productos no permitió llegar a conocer su origen", expone la Aesan, que sitúa a España, con 233 episodios, como el principal punto de producción de esos alimentos de riesgo, a mucha distancia de China (63), de Francia (27), de Italia y Polonia (25) y de Holanda (25), los únicos que superan el nivel de la veintena que marca India.

Tres comunidades autónomas, Andalucía (36), Catalunya (36) y Galicia (33), se ubicarían entre China y Francia por número de alarmas, con el País Valencià (26) en un nivel similar al de Francia, Italia y Polonia, y por encima de Castilla y León (18), Madrid (17), Castilla-La Mancha (15) y Murcia (15).

No obstante, la agencia matiza que esa elevada prevalencia entre los productos españoles se debe a una cuestión de mera probabilidad: "la mayoría de los productos comercializados en España tienen este origen y, por lo tanto, son sobre los que se realiza un mayor número de controles", a lo que se suma que "solo son tramitadas a través de Sciri las notificaciones que afectan directamente a España (origen, distribución o ambas cosas)".

Marruecos (46) se sitúa en el primer puesto del ranking, por encima de China (44) e India (29), en cuanto al número de partidas de alimentos dirigidas a España y rechazadas en la frontera, y que, por lo tanto, no llegan a ser comercializadas.

"Las personas consumidoras no han estado expuestas. Su análisis debe servir para conocer qué peligros y productos deben ser objeto de mayor control cuando se importan productos de terceros países", advierte la Aesan.