Hace unos días Nina Parrón supo por los medios de comunicación que el juzgado de instrucción número 8 de Palma de Mallorca le había impuesto 30.000 euros de fianza, a la espera de que se celebre el juicio oral, que será por lo penal. Ella es la directora de Igualdad del Consell Insular de Mallorca. Su delito: haber afirmado ante los medios de comunicación que la esperaban a la salida de la fiscalía de Mallorca, que una carta al director publicada por Jorge Skivinsky, podía ser constitutiva de "apología de violencia de género", que podía "ser delito" y que si no lo era, "debería serlo". En ese acto, entregaba la carta y un escrito a la fiscalía para que tomara las medidas necesarias. 

La carta de la discordia, titulada "No fue una agresión machista", se publicó en el diario Última Hora el siete de julio de 2016. En ella Skibinsky, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares, afirmaba que el crimen realizado por Carlos Peña en junio de 2016 no fue "una acción machista", sino un "crimen pasional". "Su obsesión por la persona amada lo ha obnubilado hasta tal punto que no ha podido aceptar la decisión de su pareja y, hundido afectivamente, la agredió", explica Skibinsky en la misiva y, tras calificar los hechos de deleznables, reitera que quedan "lejos de ser machista".  "Hemos perdido el norte. El feminismo radical y misándrico ha inundado a la sociedad de su ideología sectaria que ve machismo hasta en la sopa", concluye su escrito.

Los hechos que relata Skibinsky en su carta, y que intenta a toda costa desvincular de la violencia de género, ocurrieron en 29 de junio de 2016. Esa mañana, Carlos Peña de 47 años, compró un bidón de gasolina, se dirigió a la finca en el municipio de Alcúdia en donde vivía con su pareja, Xué Sandra Saura de 32, la roció con el combustible y le prendió fuego en presencia de su hijo de dos años de edad. Xué consiguió apagar las llamas de su cuerpo con una manta, coger a su hijo en brazos y huir de la finca en coche hasta la casa de sus padres, desde donde fue trasladada a urgencias al hospital Son Espeses. Presentaba quemaduras en el 80% de su cuerpo. Debido a lo grave de su estado, decidieron trasladarla horas después la hospital Val de Hebrón de Barcelona. Su estado era crítico, y las heridas le causaron la muerte el 8 de agosto de ese mismo año.

El día de antes de los hechos, Xué había manifestado a su pareja su decisión de separarse de él.

carta de Skibinsky

La fiscalía desestimó la denuncia presentada por Parrón y por el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Aligi Molina, en la que pedían que se estudiara si la carta suponía un delito. La fiscalía consideró que la carta no trata de "de degradar a la víctima", ni tampoco suponía un delito de vejación injusta "que exige que entre el autor y la víctima exista una relación de parentesco (...) que no se da entre el denunciado y la víctima de la agresión".

Médico de profesión, Skibinsky es conocido en la isla y entre las organizaciones feministas por sus posturas radicales en contra de la ley de violencia de género, por sus manifestaciones sobre la existencia de un gran número de denuncias falsas y, como explica él mismo en la carta, de la existencia de una ideología de género sectaria.

Denuncia contra Nina Parrón

Lejos de dejar las cosas en este punto, Skibinsky presentó una querella criminal contra Parrón. Aducía que las declaraciones de la directora de Igualdad ante los medios de comunicación cuando presentó su queja a la fiscalía ,"crearon un clima de tensión" y una "animadversión injusta" contra él en la sociedad mallorquina. Afirmaba, también, que debido a esas declaraciones "recibió llamadas telefónicas de personas anónimas" y que aparecieron en Palma carteles que atentaban "contra su derecho al honor". Exigía, además, una indemnización algo superior a los 65.000 euros en concepto de daños y perjuicios morales.

A finales de febrero pasado, el juzgado de instrucción número 8 de Palma de Mallorca, aceptó la demanda "por calumnias e injurias con publicidad", abrió juicio oran contra Parrón por lo penal, y le impuso una indemnización de 30.000 euros. Corrobora, de esta forma, la tesis de que las declaraciones de Parrón pudieron haber soliviantado a la sociedad mallorquina en contra del autor de la carta.

"Déjeme decirle que NO, la animadversión a la que se refiere la creó usted mismo al escribir en un medio de comunicación al alcance de toda la sociedad mallorquina cosas como: 'Su obsesión por la persona amada lo ha obnubilado hasta tal punto que no ha podido aceptar la decisión de su pareja y, hundido afectivamente, la agredió. Estamos ante un crimen pasional'...", escribió Eva Saura, hermana de la asesinada, en defensa de Parrón. "Su 'libertad de expresión' me ofende, a mí y a todas las víctimas y familiares de víctimas de individuos machistas. SI MACHISTAS y cobardes", añade en su escrito. 

Carta de Eva Saura en defensa de Nina Parrón

En la misma línea, Xisca Mas, portavoz del Lobby de Dones de Mallorca, afirma a Público que "las organizaciones de mujeres y gran parte de la sociedad mallorquina nos sentimos estupefactas y soliviantadas por la carta, y por el hecho de que los medios de comunicación se hicieran eco de algo así. No nos movilizamos por las declaraciones de Nina Parrón, tal como afirma este individuo en su denuncia".

En un artículo publicado por Carmen Sánchez-Contador en representación de varias asociaciones y organizaciones de Mallorca, afirma que la carta de Skivinsky, en representación de la Asociación de Padres de Familia Separados, entra en profunda contradicción con la ley orgánica contra la violencia de género de 2004. "Hace mucho tiempo que la violencia hacia las mujeres ha dejado de ser considerada un asunto íntimo, un problema familiar en el que no se podía meter nadie, para ser considerada un fenómeno estructural que acaba con la vida de una media de sesenta mujeres al año en España y más de 60.000 mujeres en el mundo", afirma. Según Sánchez-Contador, la noticia sobre el enjuiciamiento y la fianza impuesta a Parrón, ha causado estupor, asombro, ira y preocupación. 

Begoña San José, portavoz del Fórum de Política Feminista, comenta la dificultad que existe para que jueces no especializados en violencia de género apliquen las leyes específicas que se han aprobado en esta materia. La ley de violencia sólo se aplica para los delitos tipificados en relación a la pareja, pero, afirma, "fuera de estos supuestos, estas leyes no son consideran por muchos magistrados como parte del ordenamiento legal a aplicar". 

Entre otras cosas, San José hace referencia a que el artículo 19 de la ley de violencia de género, obliga a las instituciones publicas a cooperar y a actuar "coordinadamente y en colaboración con los cuerpos de seguridad, los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas". 

En un escrito de apoyo a Nina Parrón, la junta directiva del Fórum de Políticas Feministas llama la atención "sobre la criminalización de las instituciones de igualdad, en este caso inculpando a la directora de Igualdad del Consejo Insular de Mallorca, quien al acudir a la Fiscalía cumplía el deber que le impone el art. 544 ter.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". 

No es el primer caso de criminalización sobre estas instituciones. Hace unos meses, Francisca Granados fue imputada y obligada a declarar en el caso de Juana Rivas, y las informaciones y peticiones que hacía esta asesora jurídica de la Unidad de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena, eran vistas por la jueza más como injerencias, que como parte de la obligación de cooperación entre administraciones públicas, tal como establecen las leyes. Posteriormente, Granados fue denunciada por el Colegio de Abogados de Granada, caso que aún está pendiente de juicio. 

"Hay más diligencia judicial en perseguir a las defensoras de las mujeres asesinadas que a sus asesinos (el juicio por el asesinato de Xué Sandra aún no se ha celebrado) y quienes les defienden", añaden desde el Fórum.

Nina Parrón comenta a Público que no fueron sus declaraciones las que pusieron en alerta a la sociedad. Cuando se publicó la carta, "todo el mundo se enervó y pedían que las instituciones del cambio dijésemos algo al respecto. Queríamos hacer una denuncia, pero eramos conscientes de que no existe el delito de apología de la violencia machista. Aunque pensábamos que nada pasaría, era nuestra obligación poner los hechos en manos de la fiscalía para que determinara si procedía actuar".

Parrón enmarca la demanda contra ella dentro de las restricciones y ataques a la libertad de expresión que vive España. "Yo soy un cargo político. Esto es un aviso a navegantes...", afirma Parrón. "Si un cargo político no puede hacer declaraciones sobre su área de trabajo, apaga y vámonos".