El agua tiene muchos usos y parece que no se les da a todos la misma importancia. En Andalucía, el PP, que gobierna con mayoría absoluta la Junta, ha tramitado con urgencia la aprobación de una ley para ampliar los regadíos en el entorno de Doñana en medio de una pertinaz sequía y contra el criterio de la UE, pero sigue sin desarrollar una ley de 2018 que establece el derecho a un mínimo vital de agua para las personas que carecen de recursos económicos para pagar el recibo del suministro en su hogar.

La que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha bautizado como "legislatura del agua" va a cumplir su primer año sin que haya habido avance alguno en la aplicación del derecho humano al agua, que debe garantizar un abastecimiento diario de al menos 100 litros diarios por persona para cubrir sus necesidades básicas, tal como estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución de 2010.

Tampoco hubo avances normativos en este ámbito en la anterior legislatura, con Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, formaciones que sí sacaron adelante, en cambio, un Pacto Andaluz por el Agua en el que se comprometían a "desarrollar reglamentariamente la legislación andaluza de aguas" con una "especial atención" a garantizar el mínimo vital.

De esta forma, se cumplen más de cuatro años de sequía normativa con el desarrollo del derecho humano al agua en Andalucía, la primera comunidad autónoma que lo elevó a rango de ley, concretamente en una disposición adicional de la Ley de Medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada por unanimidad en octubre de 2018, cuando gobernaba el PSOE en la Junta.

En esa disposición se establece que "las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social que acrediten dicha condición ante la Administración responsable de la gestión de los servicios del ciclo integral podrán ser objeto de bonificación al suministro vital del agua y al saneamiento básico en los términos que reglamentariamente se determinen".

Ese desarrollo reglamentario que exige la ley para que se garantice el derecho humano al agua es el que aún no se ha llevado a cabo. Y tampoco hay visos de que se vaya a hacer próximamente. A preguntas de Público sobre si la Junta tiene prevista alguna medida para que se haga efectivo ese derecho, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha respondido que este tema es una competencia de los ayuntamientos, aunque el propio Pacto Andaluz por el Agua insta a un desarrollo de la legislación autonómica.

Fuentes de ese departamento del Gobierno andaluz se han limitado a señalar que, de acuerdo con la Ley de Aguas para Andalucía y la Ley de Bases del Régimen Local, corresponde a los municipios la ordenación y la prestación de diversos servicios relativos al ciclo integral del agua de uso urbano, al tener entre sus competencias el abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de las residuales.

Más de tres millones de personas en riesgo de pobreza

Garantizar este derecho, trasladarlo a los recibos del agua, cobra una especial importancia en una comunidad que registra algunas de las cifras más elevadas de pobreza en España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada el pasado año, Andalucía es, junto a Extremadura, la comunidad con la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión -un 38,7%-, la segunda con el mayor porcentaje de población con problemas económicos para llegar a fin de mes -12,5%- y la tercera con el mayor índice de personas sin capacidad para afrontar gastos imprevistos -42,4%-.

El último informe de la Red contra la pobreza en Andalucía cifró en 3,27 millones las personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión en esta comunidad, donde un 15,9% de su población sobrevive con un ingreso máximo mensual de 530 euros.

Los datos de Indicadores Urbanos del INE no hacen más que corroborar cada año estas negras estadísticas. Entre los 15 municipios españoles con la menor renta media por habitante, 13 son andaluces, con diferencias que en algunos casos se acercan hasta los 20.000 euros respecto a los ayuntamientos cuya población registra los mayores ingresos. Y otro dato más: de los 15 barrios de España con menor renta, 11 son de capitales de Andalucía.

Las cuentas de una madre sin empleo y con cuatro hijos

Cristina Valero, madre de cuatro hijos de entre 10 y 16 años, conoce muy bien de qué hablan esas estadísticas oficiales, sabe perfectamente lo que cuesta llegar a final de mes y tener que hacer frente a recibos como el del agua o la luz. Ella vive en un piso de alquiler social en uno de los barrios más pobres de España, según la estadística del INE -en el de las Candelarias de Sevilla-, está en paro y percibe 800 euros del ingreso mínimo vital. Y con eso, y con lo que le pasan por manutención los padres de sus hijos, tiene que sacar adelante ella sola a una familia muy numerosa.

Cristina está pendiente de que le llegue el primer recibo del agua después de que la empresa municipal de aguas de Sevilla, Emasesa, le haya aprobado una tarifa social por su situación de vulnerabilidad, pero dice que aún no sabe lo que le van a descontar.

Todo lo que sea reducir la cuantía de un recibo será para ella al menos un alivio para afrontar el resto de los gastos del mes, que es una cuesta de enero eterna, lo mismo un mes tras otro: el pago del alquiler, la comida de cinco personas con los precios de la alimentación disparados, el abono de una deuda fraccionada con la compañía eléctrica, el coche para llevar a los niños al colegio en el barrio que vivían hasta que tuvieron que dejarlo a mitad de curso por un desahucio tras no poder pagar la renta de la casa al quedarse ella en paro...

"Si a la alimentación, como está, le sumas el pago de los suministros básicos de una casa y todo lo demás, pues sin un bono social sería muy complicado para una familia numerosa y madre soltera como yo salir adelante", dice a Público. Ella calcula que, sin beneficiarse de ningún tipo de descuento, su recibo del agua superaría con creces los cien euros, dado el número de personas que viven en un hogar donde necesitan poner una lavadora diaria y se duchan cinco personas.

En esta familia, además, el agua es "fundamental", porque la madre y dos hijos tienen problemas de riñón y necesitan hidratarse con asiduidad. "El agua en cualquier caso es imprescindible y yo también se lo hago ver a mis hijos. Les intento transmitir que, más ahora con la sequía, no se puede dejar un grifo abierto. También sé del caso de familias a las que les han cortado el agua y eso es inhumano", subraya.

En la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía están tratando de solucionar ahora el caso de dos familias de Sevilla que se han quedado sin agua por problemas legales, según su portavoz en el área de Marginación y Vivienda, Macarena Olid. Esas dos familias, una del barrio de la Macarena y otra del Polígono Norte, tienen que llevar el agua en bidones desde fuentes que se encuentran situadas a bastante distancia de sus domicilios, una tarea que se hace aún más penosa con las altas temperaturas que ya han empezado a registrarse en la capital andaluza.

Desde Derechos Humanos ayudan a muchas familias a tramitar la solicitud de la tarifa social de la empresa municipal del agua, que suministra 110 litros por persona y día con descuentos del 50% para hogares en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales municipales y del 100%, si la vulnerabilidad es severa.

Sin esa ayuda de las ONG sería muy complicado, según Olid, superar el "amurallamiento digital" en el que se ha convertido la burocracia actual para las personas en situación de exclusión que carecen de internet, incluso de teléfono. "El amurallamiento digital está impidiendo que esas personas puedan solicitar ser beneficiarias de los derechos sociales", explica la portavoz de la asociación.

"Hay familias que no tienen dinero ni para pagarse un móvil y otras que cambian de línea y entonces ya no les sirve la clave permanente que se facilita para gestionar este tipo de trámites administrativos y conseguir la documentación que les requieren. El sistema no está pensado para personas en situación de exclusión social que no disponen de esos recursos", añade Macarena Olid.

A su juicio, la solución pasa, fundamentalmente, por recuperar la presencialidad que había antes de la pandemia en las administraciones públicas, a las que ahora únicamente se puede acceder mediante cita previa solicitada por teléfono o a través de internet.

La "arbitrariedad" de las empresas por falta de reglamento

La organización de consumidores Facua considera que, al no haber desarrollado reglamentariamente el derecho humano, lo único que ha conseguido la Junta es propiciar la arbitrariedad, es decir, que cada empresa suministradora interprete de una manera diferente, unas mejor y otras peor, cómo se ofrece un mínimo vital de agua a la población en situación de vulnerabilidad y qué criterios de acceso establecen para las bonificaciones, más o menos restrictivos, dependiendo también del carácter público o privado de las compañías.

Rocío Algeciras, miembro de la directiva de Facua, recuerda que ya han pasado cuatro legislaturas en el Parlamento andaluz sin que se haya reformado aún el reglamento del suministro domiciliario de aguas en la comunidad, que data del año 1991. El nuevo reglamento que debería sustituir a esa normativa es el que tendría que incorporar la regulación del mínimo vital, pero, aunque ha habido varios intentos, varios borradores, varios principios de acuerdo, nada ha salido finalmente adelante y todo sigue igual que hace 32 años.

El nuevo reglamento serviría también, según Rocío Algeciras, para suprimir los contadores colectivos de agua que existen todavía en muchas comunidades de vecinos de Andalucía, contadores que dificultan un consumo individual responsable y también que los hogares con pocos recursos económicos puedan acceder a una bonificación social, ya que la tarificación está mancomunada.

La Mesa Social del Agua, de la que forman parte Facua y otras organizaciones sociales, agrarias, sindicales y ecologistas, ha solicitado varias veces a la Junta que apruebe el reglamento para regular el derecho humano al agua, sin haber obtenido ningún resultado hasta el momento, la misma suerte que ha corrido el Defensor del Pueblo Andaluz, que en sus dos últimos informes anuales ha criticado la total falta de avances normativos en este campo. En el de 2022, la Defensoría señaló, además, que seguía recibiendo quejas por dificultades de pago de facturas, pese a las medidas adoptadas por las diferentes entidades suministradoras.

La cobertura del "escudo social" del Gobierno

La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) también ha reclamado de forma insistente el desarrollo reglamentario del derecho humano al agua en Andalucía. Su gerente, Luis Babiano, dice que de momento no ha habido grandes incidentes, debido, sobre todo, al decreto del Gobierno central que prohíbe hasta el próximo 31 de diciembre cortar el suministro de agua, luz y gas a consumidores vulnerables.

Babiano avisa que cuando desaparezca ese escudo social, la situación ya no será la misma, si antes no se establece un mínimo vital para todas las personas que lo necesiten, con independencia de dónde vivan y qué entidad se lo suministre, pública o privada.

"Andalucía, teniendo la oportunidad de desarrollar este derecho con la ley de 2018, lejos de haberlo impulsado, lo ha abandonado", manifiesta a este periódico el portavoz de Aeopas, organización que apoyó el Pacto Andaluz por el Agua de 2020, porque, a su entender, suponía un "giro total" en la perspectiva sobre estas políticas.

Pero en esta nueva legislatura el mínimo vital ha dejado de ser, a su juicio, una prioridad para el Gobierno del PP, que se ha centrado en otros temas, sobre todo en el de los regadíos, cambios de planteamientos que han coincidido con la llegada a la Secretaría General del Agua de la Junta de Ramiro Angulo, ingeniero agrónomo procedente de la multinacional Suez, compañía de la que forma parte Agbar, una de las dos grandes compañías privadas encargadas del suministro de agua en España.

Luis Babiano asegura que en Andalucía el 38% de la población está abastecida por empresas de carácter público que tienen reconocido el derecho a un mínimo vital de agua, bonificaciones de las que se benefician entre un 1,8 y un 3% de los usuarios y que no superan el 0,8% de la facturación, un gasto, a su entender, completamente asumible por las empresas.

En el caso de los operadores privados, las tarifas sociales son, según el gerente de Aeopas, muy variopintas y en algunos casos con tintes próximos a la beneficencia, ante la falta de un reglamento que regule los criterios del derecho humano al agua en toda la comunidad.

El derecho al agua en los asentamientos chabolistas

El derecho a un mínimo vital también puede afectar a los asentamientos de chabolas habitadas por cientos de temporeros migrantes que trabajan en los invernaderos agrícolas de Almería y Huelva y carecen de suministro de agua en sus poblados, levantados con restos de plásticos, cartones y palés. Esos asentamientos no disponen siquiera de las fuentes con las que cuentan viejos núcleos chabolistas como el de El Vacie en Sevilla o los de otras grandes localidades andaluzas.

La falta de agua fue, precisamente, uno de los motivos que llevó al Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos Philip Alston a afirmar, tras visitar en 2020 los poblados chabolistas del entorno de la fresa en Huelva, que la situación de sus habitantes era peor que la que había visto en algunos campamentos de refugiados.

En el último informe de Andalucía Acoge sobre estos asentamientos -un centenar entre Huelva y Almería, con más de 6.500 habitantes-, se revela que hasta un 74% de su población tiene una dificultad máxima para acceder a agua potable y llevar a cabo tareas tan básicas como asearse o lavar la ropa.

"El primer acceso al agua potable se encuentra a más de 25 minutos a pie. No tengo recursos y vivo aislado de todo y rodeado de basura", dice un joven de 28 años, procedente de Ghana con la documentación en regla que vive en un asentamiento de la provincia onubense. "Estamos lejos de todo y no tenemos acceso a nada. En el último incendio, se quemó mi chabola y he tenido que hacerla de nuevo. No teníamos agua ni para intentar apagar el fuego", cuenta otro que vive en uno de Almería.

Durante los meses del confinamiento en 2020 a causa la pandemia de la covid-19, hubo que llevar camiones cisterna con agua a esos asentamientos porque el tránsito de personas estaba prohibido. Sus moradores no podían salir de los poblados, así que hubo que transportar allí el agua y facilitarles depósitos para que pudieran almacenarla y evitar que se murieran de sed.

La Junta de Andalucía sí ha llevado a cabo en esta legislatura la supresión temporal del canon de mejora del agua que se paga en la factura del suministro, un impuesto por el que cada usuario abona un euro al mes de cuota fija más una variable en función del consumo, lo que viene a suponer un gasto medio de entre 25 y 40 euros al año por hogar. De la supresión temporal de este impuesto propio de la Administración autonómica se benefician, sin embargo, todos los usuarios, con independencia de sus rentas.