El Primero de Mayo del 1967 fue un día histórico, aunque haya sido injustamente olvidado. Entonces se produjo la primera manifestación masiva contra el régimen franquista que vivía València desde el fin de la Guerra Civil.

"El régimen estaba haciendo algunos cambios para adaptarse al contexto internacional, en el marco de una campaña llamada 25 Años de Paz, pero si bien en el ámbito económico, las reformas eran sustanciales, en el represivo todo continuaba igual", recuerda el abogado Vicent Álvarez, que entonces militaba al clandestino Partit Socialista Valencià.

La convocatoria coincidió con la implantación de Comisiones Obreras en la zona, aunque Álvarez remarca que se trataba "de una manifestación unitaria. Había comunistas, valencianistas, anarquistas... En general gente joven, las nuevas generaciones que no habían vivido la guerra y que reaccionábamos con oposición en la dictadura".

"Tuvimos una serie de reuniones en la sede de Lo Rat Penat donde vendía gente de Macosa, de la Unión Naval de Levante, de los Altos Hornos de Sagunto, representantes de las diferentes fábricas. Y había muchas dudas sobre si hacer o no la manifestación, las discusiones eran muy reñidas", explica Manolo Sanmartín, otro de los organizadores, que entonces militaba en la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), legal, y en el ilegal Partido Comunista Marxista-Leninista.

Sanmartín fue el responsable de la impresión de los panfletos que llamaban a la manifestación. Más de 40.000. Una brutalidad para una época donde era habitual que las octavillas se hicieron a mano. "La única condición que puse es que nadie supiera donde lo había hecho", recuerda el activista.

"La manifestación empezó en la calle de la Pau y se trató de la primera manifestación obrera de relevancia, con centenares de participantes –recuerda Álvarez,- cuando ocupamos el centro de la calzada con los brazos agarrados había una sensación de auténtica euforia. Una euforia que ni la represión pudo mitigar. Recuerdo que en comisaría, la gente hecha polvo seguía contando chistes y que entramos en la prisión con una sonrisa de oreja a oreja". Y es que represión hubo. Y mucha.

En la calle Poeta Querol se encuentran con un cordón de la policía armada que los insta a disolverse. Los manifestantes insisten que quieren continuar la marcha pacíficamente hasta la sede de los sindicatos verticales para entregar su hoja de peticiones, entre las cuales destacan la libertad sindical y aumentos salariales.

Pocos momentos después empiezan las cargas, muy duras, mientras algunos manifestantes se defienden tirando piedras. Allí se producen las primeras detenciones. "Los rumores de torturas a las comisarías empezaron enseguida" –rememora Álvarez, quienes se encargó de informar a la prensa internacional de lo que había sucedido. Después, a las cinco de la madrugada, también él fue detenido.

"En comisaría, el panorama era terrible. La gente sangraba por todas partes, llevaba la ropa rota, no podía ni andar", continúa Álvarez, que tuvo la suerte de no ser torturado. Quien no tuvo la misma suerte fue Sanmartín. Detenido tres meses después de la manifestación, fue acusado de organizarla y fue torturado para que dijera donde estaba la imprenta que había producido la propaganda.

"Me pasaban de la bañera a la tostadora. Estas eran sus propias palabras. En una te ponían la cabeza bajo el agua hasta que te desmayabas, entonces te despertaban a golpes y te ataban a un somier metálico donde te aplicaban descargas eléctricas hasta que te volvías a desmayar. Te despertaban a golpes y hacia la bañera. En medio te pegaban siempre en la barriga y en la espalda para dañar los órganos internos sin dejar marcas a la cara", explica Sanmartín en un relato todavía, 50 años después, preñado de emoción. 

En un momento dado lo asomaron a la ventana y amenazaron con tirarlo. En otra, le dijeron que llevarían a su mujer y le harían el mismo que a él. "Fueron torturas extremas, y los policías se sentían tan impunes que lo hacían a cara descubierta", repite Sanmartín, quienes nunca reconoció de donde había sacado la imprenta.

Finalmente, Sanmartín sería condenado a tres años de prisión, que pasaría entre los penales de Carabanchel, Soria y la Modelo de València. Con el estrés y los nervios, su mujer sufriría un aborto. "Creo que nunca he llorado tanto como aquel día", recuerda.

Álvarez tuvo mucha suerte y, después de dos meses de prisión preventiva, salió en libertad. En el juicio resultaría absuelto porque el magistrado del Tribunal de Orden Público, el valenciano Mateo Cánoves, había sido alumno de su tía y se apiadó.

"La represión de la época tenía estas cosas, había un punto irracional", explica Álvarez a quien la experiencia lo motivó a acabar la licenciatura de derecho y dedicarse a la defensa de sindicalistas y opositores al régimen.

Demanda de justicia

Manolo Sanmartín es una de las seis víctimas de aquellas torturas que ahora se ha querellado para conseguir una reparación. La causa judicial no tiene demasiadas opciones de prosperar, pero él y sus compañeros no se rinden.

Aràdia Ruiz es su abogada y asume las escasas posibilidades, pero, añade, "el problema es político, de voluntad, y no jurídico". En 2012, el Tribunal Supremo emitía una sentencia en que pretendía cerrar las puertas a este tipo de querellas con cuatro argumentos: la aprobación de la Ley de Amnistía del 1977, que perdonaba todos los crímenes del franquismo, la prescripción de los hechos, la muerte de los responsables de los posibles delitos y el principio de legalidad penal, que impide juzgar unos hechos que en el momento de producirse no eran delito.

Ruiz, en cambio, responde uno por uno los argumentos del Supremo: "Seis meses antes de aprobarse la Ley de Amnistía, España había ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Políticos, que impide la aprobación de leyes similares, así que la Ley de Amnistía nació nula de pleno derecho, porque se hacía contra un ordenamiento jurídico superior, como lo es un pacto internacional. Sobre la prescripción, solo hay que decir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. Y si no investigamos, nunca sabremos si los responsables están muertos, pero aun así, con un juicio, tendremos una verdad judicial, que ya es una forma de reparación para las víctimas. Finalmente, con el argumento que en el momento de los hechos, estas acciones no eran delictivas, no se habrían podido celebrar nunca los juicios de Núremberg. De hecho, la misma justicia española se saltó este principio cuando juzgó Pinochet o Scilingo".

Lucila Aragó, de Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, una de las entidades que promueve esta campaña jurídica de memoria histórica, no pierde la esperanza: "es cierto que la judicatura española es un muro, pero nuestra estrategia es ir pegando al muro hasta encontrar una grieta. Un juez valiendo que se atreva a abrir diligencias".

Después de más de 80 querellas presentadas en todo el Estado –unos treinta las cuales en el País Valencià- empiezan a aparecer las primeras grietas. A la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre unos hechos similares, dos magistrados emitieron un voto particular donde admitían la opción de juzgar estos casos. "Es un argumento que puede animar otros jueces. Nosotros seguiremos buscando", persiste Aragó.