La Comunidad de Madrid podría estar negando y obstaculizando de forma sistemática el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a mujeres migrantes en situación irregular. Así lo han denunciado este miércoles en una queja dirigida al Defensor del Pueblo las organizaciones Women's Link y la Comisión para la Investigación de Malos tratos a Mujeres, en la que recogen seis casos de mujeres a las que se les obstaculizó el acceso al aborto en la sanidad pública de esta Comunidad. Según las organizaciones se trata de mujeres altamente vulnerables y algunas de ellas víctimas de trata y explotación sexual.

Uno de los seis casos que recoge la queja es el de una mujer nigeriana víctima de trata y embarazada de nueve semanas, que estuvo durante 15 días reclamando que le expidieran el documento de asistencia sanitaria que le permitiera acceder a la sanidad pública. A pesar de presentar su pasaporte y el empadronamiento actualizado, le pidieron un contrato de trabajo en España o un permiso de residencia en vigor.

También le dijeron que el documento de asistencia sanitaria debía solicitarlo en la Tesorería de la Seguridad Social, organismo que no se ocupa de emitir este documento. Finalmente pudo interrumpir su embarazo, pero no lo consiguió por sí sola, sino con la ayuda de una organización. Cuando por fin lo consiguió estaba de once semanas de embarazo, una fecha muy cercana a las 14 semanas establecidas como límite por ley para poder someterse a un aborto.

En el escrito, las dos organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las mujeres, realiza una dura crítica al Real Decreto Ley 7/2018, aprobado por el Gobierno socialista, al afirma que estas trabas están provocadas precisamente por este decreto, que restringe el acceso a la sanidad para personas migrantes que no tienen permiso de residencia.

Otro aspecto importante que desvela la denuncia es que, más allá de los obstáculos que están suponiendo los requisitos del propio decreto ley, en muchas ocasiones los centros de salud imponen otras condiciones. Una de los más habituales es tener que justificar 90 días de empadronamiento, "una práctica que, aunque no figura de manera explícita en la ley, se está exigiendo demostrar" y que varía "en función del centro de salud y de la Comunidad Autónoma porque no es un criterio establecido, sino una interpretación restrictiva de la ley", afirman las organizaciones.

Fuentes de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, explican que en estos seis casos las mujeres pudieron finalmente acceder al aborto gracias a la intervención de diferentes organizaciones, "pero no sabemos que ha pasado con otras mujeres a las que no se les ha informado correctamente o no hayan contado con apoyos".  “Un paso imprescindible para acabar con esta discriminación es asegurar que todas las personas que tienen contacto con las mujeres estén correctamente formadas en la legislación actual y entiendan que no puede obstaculizar el derecho al aborto de ninguna mujer, sea cuál sea su situación administrativa”, añaden.

Las dos organizaciones promotoras de la queja recuerdan que, según la ley de interrupción del embarazo de 2010, el acceso al aborto debe estar garantizado para todas las mujeres, sin discriminación por nacionalidad ni obstáculos o demoras injustificadas. Sin embargo, resaltan.

Un real decreto que obstaculiza el derecho al aborto

"El impacto por la falta de acceso a la sanidad pública es especialmente grave en las personas que en encuentran en situación de vulnerabilidad (mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que requieran atención en urgencias...). El nuevo decreto del 2018 no asegura la asistencia sanitaria para estos grupos, por lo que deben cumplir con los requisitos establecidos", afirman las organizaciones en un comunicado.

El origen del problema surgió con el decreto impulsado por el Gobierno del Partido Popular en 2012 de prohibir el acceso a la sanidad pública a las personas migrantes en situación irregular. De hecho, de los seis casos presentados por las ONGs, tres sufrieron los obstáculos en ese período, y las otras tres una vez que el Partido Socialista aprobó un decreto Ley en 2018 para, supuestamente, devolver la sanidad a este colectivo.

En su queja, las organizaciones denuncian que el real decreto impulsado por el nuevo Gobierno del Partido Socialista no recupera el acceso a la sanidad universal anterior a 2012, año en que el Partido Popular limitó el acceso a la misma de los migrantes en situación irregular. "Por el contrario, el nuevo decreto mantiene la división entre, por un lado, personas con nacionalidad española y personas extranjeras con permiso de residencia y, por otro, personas sin permiso de residencia". Este segundo grupo tienen ahora derecho a la atención sanitaria siempre que cumplan ciertos requisitos administrativos que no son sencillos de cumplir.