Hace dos años que 17 mujeres marroquíes denunciaron abusos sexuales y laborales en Huelva después de haber llegado a la provincia para trabajar como temporeras, con un contrato en origen, en la campaña de recogida de frutos rojos. Fue cuando comenzó a hablarse abiertamente en los medios de comunicación españoles —gracias a las investigaciones de medios extranjeros— de las condiciones de explotación y violencia a las que estas trabajadoras son sometidas en algunas empresas y fincas de la provincia. Después comenzó a hablarse también de su indefensión tras la titánica tarea de denunciar estos hechos.

Aún no ha tenido lugar ningún juicio por estas denuncias y, mientras tanto, los abusos laborales y las agresiones sexuales a estas trabajadoras migrantes —mano de obra barata, cuando no esclava, para cientos de empresarios agrícolas— vuelven a ser noticia, esta vez, en Murcia. Cinco mujeres han denunciado recientemente ser víctimas de la extorsión de un intermediario que les conseguía empleos a pesar de encontrarse en situación irregular y, posteriormente, las obligaba a acostarse con él si querían seguir trabajando en condiciones de explotación, por 13 euros al día y sin contrato ni alta en la Seguridad Social, llegando presuntamente a forzarlas físicamente si se negaban.

La llamada operación Yawari sigue abierta, ya que se cree que hay más víctimas del detenido que aún no han salido a la luz por el miedo de las mujeres a denunciar. Los temores son varios y, a tenor de los precedentes de Huelva, tienen un fundamento de peso.

La dificultad de denunciar

Según distintas fuentes jurídicas consultadas, estas víctimas callan, en primer lugar, porque no hablan castellano y apenas tienen contacto con otras personas que no sean compañeras de trabajo y su propio agresor. En segundo lugar, por miedo a perder su empleo (si es que puede llamarse así), única fuente de ingresos tanto para ellas como para sus familias, que esperan las remesas en Marruecos, donde ya han acumulado deuda para poder venir. Temen también ser expulsadas del país o detenidas por encontrarse en situación irregular si acuden a la Policía.

Pero, sobre todo, temen acabar condenadas al ostracismo social en sus países, repudiadas por sus maridos y al considerar que están "sucias" por unos hechos de los que no tienen culpa alguna, resume a Público el abogado Jesús Díaz, representante legal, junto a la letrada Belén Luján, de más de diez temporeras que denunciaron hechos similares en Huelva en 2018.

Actualmente, estas denunciantes se encuentran "totalmente desprotegidas", en situación irregular "viviendo como pueden y trabajando en lo que encuentran, sin posibilidad de regresar a su país y, algunas, con las custodias de sus hijos en peligro", describe este letrado cuyas representadas han sufrido un calvario judicial por el que aún tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo sobre qué juzgados son los competentes tras varios archivos y recursos de las causas.

"Si hubiéramos sabido en ese momento que la Fiscalía no iba a investigar el caso y que la atención y protección pública a estas mujeres iba a ser esta, jamás les hubiéramos pedido que denunciasen y se quedaran", confiesa Díaz.

La organización Women’s Link Worlwide lleva el caso de otras cuatro temporeras marroquíes que denunciaron en 2018 al manijero —capataz y organizador de cuadrillas de trabajadores agrarios— por acoso sexual. También interpusieron una demanda contra la empresa para la que trabajaron por explotación laboral y otra ante la Inspección de Trabajo. Tampoco ha habido por el momento ningún juicio, ni contra el manijero ni contra la empresa, mientras que ellas decidieron volver a su país para evitar quedarse en la situación de las otras denunciantes.

"La lentitud de la justicia en España tiene un efecto claro en las víctimas. El hecho de denunciar no les facilita la vida y los delitos de naturaleza sexual son difíciles de probar y suelen contar con testimonios en contra. Por eso, cuando les venció el permiso de estancia con el que vinieron, prefirieron irse. No han podido volver a otra compaña para trabajar", explica Aintzane Márquez, abogada de Women’s Link y representante legal de estas cuatro mujeres.

Según Márquez, para la protección efectiva de las denunciantes es fundamental la posibilidad de regularizar su situación cuando dan el paso, pero no se garantiza y, eso, dificulta que se denuncien más casos.

Las agresiones en Murcia, un caso diferente

El caso de las presuntas víctimas de Murcia es diferente, coinciden ambos abogados. Aquí, la investigación de los hechos la ha llevado a cabo la Policía Judicial y ya hay un detenido que se encuentra en prisión provisional sin fianza por varios delitos de agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual y contra los derechos de los trabajadores.

Esto podría aportar "celeridad" al proceso, apuntan fuentes del Ministerio Fiscal que, recuerdan que, como mínimo, las denunciantes están amparadas por Ley del Estatuto de la víctima de delitos y por la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Pero hay otra diferencia que añade incertidumbre al proceso.

Las denunciantes de Murcia son, a ojos de Extranjería, inmigrantes irregulares. Carecían de los permisos de trabajo y residencia con los que cuentan las temporeras que cada año acuden a la campaña onubense, por lo que su permanencia en España mientras dura la investigación y el proceso judicial no es segura.

Ni víctimas de trata ni de violencia de género

Según fuentes de CCOO Región de Murcia, que puso en conocimiento de la Guardia Civil este caso y ha colaborado en la investigación, su primera preocupación fue garantizar la permanencia en el país tras denunciar. Algo que, confirma el sindicato, la Policía les ha garantizado al sindicato. Sin embargo, de cara a la justicia, estas mujeres no serían víctimas de trata (ya que no hay captación en origen) ni de violencia de género (circunscrita al ámbito de la pareja o expareja), dos de los supuestos para los que la ley contempla la posibilidad de regularizar su estatus migratorio.

La Ley de Extranjería también contempla una "autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de colaboración con autoridades policiales, fiscales y judiciales y en los casos de seguridad nacional", aunque su concesión no va aparejada necesariamente a una denuncia de las víctimas.

Desde CCOO afirman que una de las cinco denunciantes no contaba con domicilio fijo y, por el momento, ha sido alojada por la Policía Judicial, mientras que las otras cuatro siguen residiendo en las viviendas alquiladas que comparten con más compatriotas en la zona. "Les pondremos los medios que necesiten, si lo piden, para atenderlas y defenderlas porque la Justicia es lentísima y es fundamental que declaren en el juicio", apunta el sindicato, que de momento "confía en la palabra de la Policía Judicial" sobre su permanencia en el país.

Por su parte, la Policía no ha respondido a los múltiples requerimientos de este medio a cerca de la situación legal de estas mujeres una vez han denunciado.

Más protección con la nueva Ley de Libertad Sexual

Al mismo tiempo, el Ministerio de Igualdad reconoce a Público que los recursos para la protección de este tipo de víctimas "son limitados" y, por ello, ve "fundamental avanzar en derechos" a través de la Ley de Libertad Sexual. Por el momento, es un anteproyecto de ley que se encuentra en fase de consultas para su inminente aprobación en el Consejo de Ministros.

"La ley de Libertad Sexual abrirá muchas puertas porque el reconocimiento como víctimas será total: protección integral y reparación", aseguran desde el departamento de Irene Montero. Este anteproyecto de ley recoge en su Artículo 30 la "garantía de los derechos de las víctimas en situación administrativa irregular", que serán equiparados a los de cualquier mujer víctima de violencias sexuales con independencia de su situación migratoria.

Con este cambio legislativo, las denunciantes de Huelva podrían haber permanecido en el país y contar con ayuda de la Administración. Sin embargo, en el caso de las defendidas por el letrado Díaz, "se les denegó el permiso de residencia a todas", puntualiza el abogado. "Las que se quedan en España para denunciar sufren lo indecible", asevera Díaz, que denuncia que otras posibles denunciantes fueron expulsadas rápidamente del país en 2018.

"Hasta la ley de Libertad Sexual es fundamental garantizar mecanismos que atiendan la urgencia de la situación, por eso desde Igualdad se va a trabajar para que en el plazo de enmiendas al Ingreso Mínimo Vital se amplíe el reconocimiento del mismo a las víctimas de violencia sexual más allá de su situación administrativa, como ya está contemplado para las víctimas de violencia de género, trata con fines de explotación sexual y explotación sexual", explican fuente de Igualdad, que inciden en que hasta ahora, esta ayuda excluye a todas las personas indocumentadas.

Huelva, cuna de la "migración circular" y origen del drama

Este abogado insiste en que sus casos "tienen serios indicios para ser considerados casos de trata" y que en la red criminal estarían implicadas las empresas contratantes de las temporeras y las instituciones públicas españolas y marroquíes que han diseñado el modelo de "migración circular" con el que llegan cada año cerca de 20.000 trabajadoras marroquíes a los campos de fresa onubenses.

De todo este contingente, un porcentaje se acaba quedando en España por diversos motivos, a pesar de la finalización de sus contratos y el vencimiento de sus visados temporales, para seguir trabajando en negro, en situación irregular, en otras campañas agrícolas del país en las que no hay posibilidad de conseguir un contrato legal de trabajo en origen.

Este el caso de las víctimas de Murcia. Los abusos, sexuales, laborales o ambos, comienzan en Huelva y se extienden por el país con el mismo modus operandi, ya sin cobertura legal que lo disfrace. "No es nuevo, ni mucho menos", apunta CCOO de Murcia, que también echa en falta más presencia de la Inspección de Trabajo.

Sin medios en la Inspección de Trabajo

Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran a Público que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "iniciará actuaciones en el caso conocido en Murcia a efectos de depurar posibles responsabilidades por incumplimiento laborales", particularmente en materia de intermediación laboral y en las altas en la Seguridad Social o condiciones salariales.

Desde mayo, afirma el Ministerio, "se ha intensificado la campaña específica del sector agrario" en la región con 481 actuaciones por el momento. En lo que va de año se han comprobado mil contratos temporales y 200 estaban en fraude. Mientras que se han puesto sanciones por valor de 78.000 euros por incumplimientos de condiciones salariales y de 330.000 euros por incumplimientos en seguridad y salud laboral. En cuanto a actuaciones en Seguridad Social y Economía Irregular, se han impuesto sanciones por importe de 390.000 euros, precisa el Ministerio.

En su tribuna, titulada Damas de la fresa, la investigadora francesa Chadia Arabab explicaba que "en Marruecos existe una negación de las agresiones sexuales a estas temporeras difícil de entender. Confiscada durante mucho tiempo, la palabra de las víctimas –las principales interesadas–, se pone en duda, lo cual cuestiona la política migratoria circular y el compromiso del país en acuerdos binacionales sin la mínima posibilidad de proteger a sus ciudadanas en el extranjero". Unas palabras que pueden aplicarse al Estado español en el caso de las víctimas de Huelva, abandonadas y desprotegidas dos años después de ser abusadas.