La reciente detención de varias mujeres ligadas a la asociación Infancia Libre ha llevado a las portadas de los medios de comunicación un asunto que habitualmente permanece en la sombra: el drama de los menores víctimas de abusos sexuales. Una tragedia ampliamente silenciada por tabúes ancestrales y que, en contra de lo que muchos piensan, afecta a una proporción muy amplia de menores.

Diversos estudios llevados a cabo por instituciones como el Consejo de Europa, expertos y asociaciones de defensa de los derechos de los menores calculan que en el ámbito internacional, entre el 15% y el 20% de los niños y niñas sufren algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Uno de cada cinco.

Eso significa que muy probablemente usted conoce a niños o niñas que están siendo víctima de algún tipo de abuso o agresión sexual continuada. Están en su barrio, en el colegio de sus hijos, en su edificio o, quizás, en su propio círculo familiar o de amistades. Pero su sufrimiento permanece oculto y silenciado.

España no es una excepción. Un reciente informe de la organización Save the Children, titulado precisamente Ojos que no quieren ver, calcula que en nuestro país se denuncian tan sólo un 15% de los abusos a menores y que el 70% de las denuncias no supera la fase de investigación, con lo que nunca llega a juicio oral. Según los datos de esta organización (que analizó más de 200 denuncias interpuestas entre los años 2012 y 2016) sólo tres de cada siete denuncias acaban en algún tipo de condena. ¿Significa esto que son denuncias falsas? En absoluto. Según denuncian muchos expertos, la mayoría de los casos naufragan en los procesos judiciales por razones que poco tienen que ver con la veracidad de las denuncias.

Tal y como apuntan tanto Save the Children como muchos expertos y expertas consultados por Público, el sistema judicial español “no está preparado para escuchar y atender a los menores en sede judicial” y garantizar la plena protección de los menores víctimas de abuso o agresión sexual, por un sinfín de razones que incluyen la escasez de recursos, la burocracia, la falta de personal debidamente cualificado o la ausencia de protocolos precisos y homologados sobre cómo tomar testimonio a los menores.

El hecho de que este tipo de abusos se produzca mayoritariamente en el entorno más cercano al menor (su colegio, su vecindario o en su propia familia) dificulta aún más la detección de los abusos y la capacidad de los menores para identificar que lo que les está sucediendo es algo malo y para ser capaces de relatar los hechos ante desconocidos o ante su propia familia. Ocurren de puertas para adentro, en la intimidad de los hogares o en lugares en los que sólo el abusador y el menor están presentes, y esto supone que en la inmensa mayoría de los casos, la declaración del menor es la única o principal prueba de cargo. Por ello es clave la correcta escucha de los menores y la especialización de los profesionales que la realizan.

Público se ha sumergido en el infierno que viven las víctimas del abuso de menores entrevistando a decenas de personas relacionadas con este drama: psicólogos, jueces, abogados, organizaciones de derechos del menor y madres que han denunciado este tipo de abusos hacia sus hijos, principalmente por parte de sus parejas.

Entre el 86% y el 90% de los abusadores son hombres

Según datos de diversas fuentes, el abuso sexual hacia los menores se produce mayoritariamente por hombres (Save Children lo sitúa en un 86% y otros expertos en el entorno del 90%). En todos los casos recopilados para estas piezas el relato es persistente y demoledor. Y la moraleja, aterradora: “Si detectas que tu hijo o tu hija está siendo abusado o abusada por tu pareja, ten mucho cuidado a la hora de denunciar. Si no tienes pruebas físicas irrebatibles, es posible que el sistema judicial considere que estás mintiendo y termine quitándote la custodia”, explica María, nombre ficticio de una de las madres consultadas para este reportaje. María denunció a su expareja por presuntos abusos sexuales y el juzgado decidió un cambio de custodia, otorgándosela al denunciado.

Muchas madres que denuncian abusos sexuales hacia sus hijos por parte de sus parejas se dan de bruces con informes psicológicos que las acusan a ellas de tener ‘preocupación mórbida’ o de ‘instrumentalizar’ a sus hijos, relata María. Con esos términos en realidad se refieren al llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una supuesta patología sin base científica que se utiliza para acusar a las madres de manipular a los menores contra la figura paterna.

Esta presunta patología no está avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por ningún otro organismo internacional ni institución psiquiátrica o sanitaria, y su utilización en los procesos judiciales está expresamente desaconsejada por una guía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cuando este supuesto síndrome entra en juego, explican muchos expertos consultados, la desprotección de los menores es casi total porque a partir de ese momento su testimonio deja de tener valor al darse por sentado que están siendo ‘manipulados’ por su madre.

La dificultad de hallar pruebas físicas

Pero, ¿qué son pruebas irrebatibles? Básicamente, tres: daños físicos de gravedad incontestable (la rotura del himen por tres sitios a una pequeña no ha sido considerada como prueba suficiente), el embarazo o un contagio de venéreas, como el que se produjo recientemente en Sevilla, donde un padre fue detenido por violar a su bebé de 19 meses y contagiarle el virus del papiloma humano.

“En mi experiencia atendiendo a menores víctimas de abusos sexuales, los únicos casos en los que se considera demostrado el abuso es cuando se produce un embarazo o el contagio de una enfermedad venérea. En ninguno de los más de 800 casos que hemos atendido y analizado en los últimos 12 años hemos visto una condena a un presunto abusador basada en la declaración de un menor y tan sólo en 8 o 10 casos hubo una sentencia condenatoria porque existía un embarazo o se comprobó la trasmisión de una enfermedad venérea”, explica Margarita García Marqués, psicóloga y fundadora de ASPASI (Asociación para la Sanación y Prevención del Abuso Sexual Infantil). Esta experta apunta, además, a la dificultad añadida que supone que el 87% de los abusadores sexuales pertenecen al entorno cercano del menor.

Las pruebas físicas que puedan demostrar la existencia de un abuso o agresión sexual hacia un menor, al contrario de lo que se suele pensar, son prácticamente inexistentes. “Sólo el 10% de los abusos son cruentos. El otro 90% de los casos se producen como juegos. Los padres o abusadores suelen hacerlo jugando, por lo que el menor, en la mayoría de los casos, pueden no verlo como algo negativo. Es posible que el niño o la niña no esté traumatizado todavía porque el abuso se inicia como algo suave. Pero si no protegemos al menor, el abusador irá cada vez más allá, siendo cada vez más exigente y cruento con el menor”, relata García.

Tanto los tratados internacionales firmados por España en defensa de los menores, como la propia legislación española ponen un importante énfasis en la relevancia que se debe dar a la declaración del menor y al hecho de que su testimonio debe ser recogido en condiciones idóneas y tenido en cuenta en los procesos judiciales por este tipo de delitos. Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de las denuncias no lleguen siquiera a iniciar un juicio oral y se sobresean en la fase de investigación implica que, de forma generalizada, la declaración no es suficiente como para romper la presunción de inocencia del presunto abusador.

De hecho, nuestro país tiene un proceso de investigación abierto en el seno de la Comisión Europea por el posible incumplimiento en la aplicación de las directivas comunitarias en materia de protección judicial de menores que denuncian haber sufrido abusos sexuales y malos tratos en ámbito familiar. La Comisión investiga también el hecho de que España esté utilizando de forma generalizado el Síndrome de Alienación Parental.

Esta investigación de la UE se inició tras la denuncia en 2015 de un grupo de organizaciones sociales (Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Maltratos de Vigo, Agamme y Antigona) y ha sido ratificada el pasado mes de enero, aunque su tramitación se mantiene en secreto. Lo único que ha trascendido, tal como afirman las asociaciones denunciantes, es que el pasado mes de abril nuestro país presentó un escrito de respuesta que la Comisión está analizando.

Pocos datos y difíciles de cruzar

Según el estudio de Fundación ANAR Evolución de la Violencia a la Infancia en España según las Victimas (2009-2016) presentado el año pasado en el Congreso para impulsar una Ley Integral contra los abusos hacia menores de edad, los abusos sexuales en la infancia se incrementaron en un 178% en los últimos ocho años. En el 75% de los casos las víctimas son niñas. Estos datos proceden del análisis de 10.220 casos atendidos por el Teléfono de la organización entre 2009 y 2016 a partir de los testimonios de las propias víctimas o de su entorno.

A pesar de que los abusos sexuales en la infancia no son algo nuevo y su prevalencia es muy alta, no existe ningún estudio oficial en profundidad que analice este problema desde el punto de vista judicial. Los pocos datos existentes están repartidos por distintas instituciones y son difíciles de cruzar y analizar porque no hay una forma unificada de recopilarlos, en muchas ocasiones son incompletos o faltan datos clave. Esta ausencia de cifras completas, desagregadas y analizables hacen casi imposible conocer el alcance y las características del abuso sexual de menores con la profundidad necesaria para desarrollar e implementar políticas públicas de prevención, implantar medidas homogéneas de protección de los menores y corregir los fallos del sistema.

Según el Ministerio del Interior, de las 9.537 denuncias interpuestas por delitos a la libertad o indemnidad sexual durante el año 2017, casi la mitad (47,6%) tenían a un menor de 17 años como víctima (4.542). Estos totales no sólo hacen referencia a los abusos y agresiones sexuales, sino también a delitos como el exhibicionismo, la corrupción de menores, el acoso sexual o a pornografía y prostitución de menores, entre otros. Si nos atenemos sólo a las cifras que tiene que ver con abusos y agresiones sexuales, con o sin penetración, hacia menores de 17 años, los datos de Interior indican que a lo largo de 2017 se produjeron 3.041 denuncias, es decir, una cada tres horas. Si, como sostienen los expertos, solo se denuncian un 15% de los casos, nos encontramos con que probablemente en España se producen más de 20.000 abusos o agresiones sexuales a menores cada año.

Los datos relativos a los juicios por este tipo de delito son prácticamente inexistentes, puesto que tampoco hay cifras desagregadas ni estadísticas sobre el número de juicios iniciados, cuántos de ellos fueron sobreseídos, cuántos acabaron en absolución o los que ni siquiera pasaron de la fase de instrucción. El único dato que puede dar una dimensión de los hechos es el que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) de fuentes del Ministerio de Justicia: en 2017 fueron condenadas 320 personas por delitos de abuso y agresión sexual a menores (316 hombres y cuatro mujeres). Este dato corroboraría la estimación de la mayoría de los expertos, que indican que el 90% de este tipo de abusos los cometen hombres mayores de edad.

La baja cifra de condenas en relación con el número estimado de casos está en línea con lo que ha narrado a Público un amplio grupo de expertos.

La Fiscalía General del Estado acaba de publicar un avance de datos estadísticos de su memoria anual para 2018. En ellos se recoge que los delitos de abusos a menores se incrementaron en un 25,5% entre 2017 (1.672) y 2018 (2.099). La Fiscalía resalta, también, que las agresiones sexuales a menores de 16 años aumentaron un 40%. El ordenamiento jurídico de nuestro país distingue los abusos de las agresiones. En el primero de los casos son delitos que se cometen sin violencia e intimidación, que sí debe estar presente en los segundos para ser considerados como agresiones.

Con todo, el dato más llamativo es el que indica que las agresiones sexuales de menores de 16 años con acceso carnal (violación), se incrementaron entre 2017 y 2018 en un 54,7%, pasando de los 53 a 82 casos. Todos estos datos no son denuncias: hacen referencia a las diligencias (actuaciones) en las que intervino esta institución, lo que no sirve para completar el puzle del drama de los menores víctimas de estas violencias.

Los portavoces del Ministerio de Justicia afirman que no disponen de datos o estudios sobre la prevalencia de los abusos a menores y su tratamiento por parte de la justicia y derivan a este medio a buscar los datos recopilados por los distintos ministerios e instituciones. Aunque la apertura de una investigación por parte de la Comisión Europea parece indicar que existe un problema con el tratamiento judicial a los menores víctimas de abusos en España, a juzgar por las respuestas recibidas no parece que el Ministerio de Justicia se sienta especialmente interpelado por ello.

Para poder hacer frente a esta y otras violencias contra los menores, Save the Children y otras organizaciones reclaman desde hace años que se apruebe una ley de protección de la infancia contra la violencia. Sí hay una ley orgánica de protección del menor, que establece la obligatoriedad de escuchar a los niños y niñas. Pero no dice cómo. Y todo parece indicar que por ahora escuchamos poco y rematadamente mal.

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