La objeción de conciencia de los profesionales de la medicina es uno de los principales obstáculos para acceder al aborto en hospitales públicos catalanes, argumenta la Generalitat de Catalunya. Según datos facilitados por el Departament de Salut a partir de una petición del derecho al acceso de la información pública hecha por este medio, la mitad de los ginecólogos del sistema público –305 de 613– son objetores de conciencia, si bien la cifra no corresponde a la totalidad de los profesionales, sino que la muestra se limita al 80% de los centros del sistema sanitario público de Catalunya –que incluye también los concertados–. Es decir, que estos centros públicos no dan este servicio y derivan el 97,8% de abortos instrumentales o quirúrgicos a clínicas privadas. Esto dificulta el derecho al aborto, ya que según el Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, 482 personas tuvieron que desplazarse fuera de sus comarcas en 2018 para interrumpir sus embarazos.

Los profesionales se pueden acoger a la objeción de conciencia respecto al aborto de forma individual, pero la ley del 2010 indica que la administración pública debe garantizar el servicio. Se trata de un derecho individual, por lo que una institución como la Iglesia no podría prohibir practicar abortos a un centro que ofrece servicio público. Según ha podido saber Público, en el Hospital de Sant Pau, donde no se hacen interrupciones médicas desde el 2012 por presión de la Iglesia, hay profesionales que reclaman poder hacerlo de nuevo.

¿Todos los profesionales son objetores en el Hospital de Sant Pau?

En el hospital de Sant Pau de Barcelona se practicaban abortos instrumentales médicos de las 12 hasta las 22 semanas de gestación del 1985 hasta el 2012. El Hospital de Sant Pau está gestionado por tres fundaciones: la Fundació Sant Pau, propietaria de los edificios, que está formada por dos miembros de la Generalitat, dos del Ajuntament de Barcelona y dos del capítulo catedralicio de la Catedral de Barcelona; la Fundació d'Investigació y la Fundació de Gestió Sanitaria, que se encarga de dar la atención médica y la forman tres miembros de la Generalitat, uno del Ajuntament de Barcelona y otro del capítulo de la Catedral. La tercera fundación recibe un 94% de ingresos del Departament de Salut. Pese a ello, en 2012, debido a la presión eclesiástica, aumentada por grupos antiabortistas, el hospital público dejó de practicar interrupciones instrumentales hasta día de hoy. Así lo recuerda la matrona del hospital Maria Llavoré a Público, quien trabaja desde el 2005 en este centro hospitalario. Desde el 2005 hasta el 2012 ella había acompañado interrupciones médicas. "Las matronas intentábamos dar un acompañamiento muy emocional porque tienen un doble duelo: la pérdida del hijo que querían sano y la carga de culpa que tienen", explica.

Pero en 2012 dejaron de llegar personas que tenían que interrumpir su embarazo. "Nadie comunicó de forma oficial al colectivo de enfermería que ya no se practicarían abortos en el hospital", denuncia. Tampoco se le notificó a Anna Olivella, ginecóloga y obstetra del Hospital de Sant Pau. "Tenía totalmente asimilando que formaba parte de mi trabajo y de mi formación". Olivella llegó en febrero de 2010 y se dedicaba a hacer las ecografías para la detección de malformaciones, y fue al poco tiempo de su llegada que dejaron de practicarse interrupciones, lo que para ella es una "mala praxis". "Tú les estás diagnosticando que su hijo tiene una malformación fetal, que tienen la opción de tirar para adelante o interrumpir, y las dos opciones son igual de válidas y lícitas, pero a unas las podemos acompañar y a otras no", lamenta.

Así pues, ni Olivella ni Llavoré son objetoras y ambas practicarían interrupciones. Además, a ellas nadie les has preguntado si son objetoras o no, ni el centro hospitalario ni tampoco Salut. Desde el 2012, el CAP Guinardó –donde atienden médicos especialistas de Sant Pau– es donde se reciben las peticiones de interrupción del embarazo, y mientras sí que facilita el aborto farmacológico hasta las nueve semanas, los abortos instrumentales médicos los deriva al Hospital Clínic y los voluntarios a las clínicas privadas, como todos los hospitales públicos. El Departament de Salut no ha querido responder a la petición de entrevista de este medio, pero el conseller Josep Maria Argimon aseguró en comisión parlamentaria que era necesario garantizar la interrupción del embarazo "con equidad territorial".

Cambio de rumbo en el Sant Pau

Manel Balcells es el presidente de la Fundació de Gestió Sanitaria de Sant Pau desde hace cuatro meses. Con prudencia, asegura a Público que Sant Pau "como hospital público, no puede hacer otra cosa que cumplir la ley y estar a la altura de lo que pide de la sociedad". "Una sociedad más feminista hace que nos tengamos que plantear cosas, como que los protocolos que se hicieron hace años no sirvan. Es el planteamiento formal y oficial que tenemos. Más claro no puedo ser", declara, aunque no concreta cuáles serán los pasos a seguir que hará Salut para que las mujeres puedan abortar quirúrgicamente en el hospital barcelonés. Por otro lado, descarta que los profesionales sean un impedimento, si bien tanto Balcells como la jefa de obstetricia y ginecología de Sant Pau, Elisa Llurba, coinciden en que hace falta más formación, así como equipamiento y adaptación de los espacios para hacer, como mínimo, las interrupciones médicas. "La capacidad la tenemos, pero por un tema de eficiencia y por el veto que hubo en su momento el circuito se montó de esta manera", detalla.

Esperar diez días para abortar, la desigualdad territorial

Por otra parte, fuera de Barcelona, la desigualdad territorial en el acceso al aborto afecta a muchos territorios de Catalunya, y uno de ellos es la Catalunya central. En el Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, centro de referencia en buena parte de este territorio, no se practican interrupciones del embarazo. Es un hospital concertado y gestionado por la Fundación Althaia, cuyo patronato está formado por el Ayuntamiento de Manresa, Mutuacat y la Ordren Hospitalaria de Sant Joan de Déu, y recibe un 70% en la contratación de servicios del hospital del Servei Català de la Salut. Ahora bien, la Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu señala lo siguiente: "La inviolabilidad de la vida humana excluye que en las obras de la Orden Hospitalaria se pueda practicar no solo el aborto voluntario, sino otras intervenciones que supriman la vida". El presidente del patronato de Althaia y alcalde de Manresa, Marc Aloy, niega que la orden religiosa sea el motivo de que no se practiquen abortos en el centro y recuerda que quien tiene que garantizar el servicio es el Departament de Salut. Fuentes de Althaia defienden que los abortos por causas médicas se derivan al Hospital Vall d'Hebron "para que se haga el posterior análisis y estudio del caso".

Ese fue el caso de Laia –nombre ficticio–. Laia reside en Manresa y llevaba meses intentando tener un hijo, y cuando estaba de 13 semanas gestando "un embarazo muy deseado" le hicieron la ecografía en el CAP Bages, donde le dijeron que el feto no sobreviviría. La profesional, que le hizo sentir "muy acompañada", le recomendó que interrumpiera el embarazo y le explicó que en el hospital "no se practicaban abortos por motivos religiosos". Fuentes de Althaia insisten en que se deriva a Vall d'Hebron por capacidad médica. "Quería tener a mi bebé por encima de todo, y pensaba que si aquí, en mi casa, me estaban diciendo que lo interrumpiera... ¿por qué no me podía quedar aquí a hacer lo que me decían?", relata. Después de esta visita, la atendió un ginecólogo de Sant Joan de Déu, quien le dijo que si su feto estaba muerto podía practicarle la interrupción en el hospital, pero la ecografía mostró que aún latía el corazón. Finalmente la derivaron a Vall d'Hebron. "Tuve que esperar diez días embarazada sabiendo que mi bebé moriría".

Hace meses el colectivo feminista Acció Lila, y más reciente la formación política Fem Manresa, están reclamando el acceso al aborto en el Hospital Sant Joan de Déu. No fue hasta diciembre del 2020 que el patronato de Althaia empezó un "proceso de reflexión" para garantizar el derecho al aborto en el centro. Con todo, tanto las asociaciones como el partido denuncian la falta de acción y transparencia por parte del patronato. Marc Aloy asegura que ya han pedido una reunión con el conseller Argimon "tan pronto como sea posible para encontrar soluciones".