El juez Robin Knowles, del Tribunal Superior de Londres, ha lanzado toda su artillería contra los abogados Seamus Andrew y Trevor Burke a quienes ha mandado al órgano regulador de la abogacía por acceder a presuntos documentos prohibidos en una causa entre el Gobierno de Nigeria y la empresa de petróleo y gas P&ID. Andrew es manager y fundador de Velitor, la firma que defendió a Juan Carlos I en la última fase de la demanda presentada por Corinna Larsen por acoso, difamación y vigilancia ilegal.

Aquella demanda contra el rey emérito fue rechazada por la jueza Rowena Collins Rice al sentenciar que los tribunales ingleses no tienen competencia para juzgar a ciudadanos extranjeros de posibles delitos cometidos fuera de Inglaterra y Gales. ¿A mí, qué me contáis? Les vino a decir la jueza a Juan Carlos I y a Corinna Larsen a través de sus nutridos equipos de abogados, algunos con honorarios de 2.500 euros por hora de trabajo, tal como informó Público.

De hecho, Seamus Andrew es el abogado que atendía a los informadores que cubrieron presencialmente en julio la vista judicial ganada finalmente por el rey. Aunque la firma de Seamus Andrew (Velitor Law) ha salido victoriosa del litigio real, el nombre del fundador está ahora involucrado en un oscuro proceso ajeno al emérito, cuyas cifras de dinero marean y han lanzado al aire el prestigio del abogado del Borbón.

Seamus Andrew está ahora involucrado en un oscuro proceso ajeno al emérito

Andrew defendía a la empresa irlandesa de petróleo y gas Process & Industrial Development Ltd (P&ID), registrada en Islas Vírgenes, contra el Gobierno de Nigeria. Ambas partes firmaron un acuerdo en 2010 para que la empresa proveyera de energía al país africano. En 2017 un juez sentenció que Nigeria debía pagar a P&ID la friolera de 5.940 millones de euros (su presupuesto anual estatal) por incumplimiento de contrato. Nigeria apeló en fase de arbitraje aduciendo que P&ID obtuvo el contrato “con fraudes y sobornos” y, por consiguiente, el pacto debía de ser anulado. La indemnización (que de los 5.940 millones de 2017 subieron a 9.900 millones la semana pasada) ha sido perdonada finalmente a Nigeria por el Tribunal Superior de Londres.

El juez Robin Knowles no sólo ha fallado a favor de Nigeria, sino que ha mandado a Seamus Andrew al Solicitors Regulation Authority (SRA u órgano regulador de la abogacía) por haber utilizado documentos de Nigeria a los que, supuestamente, no tenía derecho a acceder. Knowles, en su reprimenda, no se ha ido por las ramas. “El señor Andrew sabía que manejaba una documentación privilegiada de Nigeria; así y todo, decidió usarla en lugar de informar a Nigeria y devolverla inmediatamente: esa decisión es indefensible”, ha dicho el juez.

El juez: “El señor Andrew sabía que manejaba una documentación privilegiada de Nigeria"

Por si no fuera poco el rapapolvo, Robin ha añadido que “la razón por la que [Andrew y Burke] actuaron de esta forma se debe a que esperaban obtener dinero”. Presunta corrupción, puesto que Andrew hubiese podido reclamar hasta 3.300 millones de euros de haber ganado P&ID, según informa la publicación de la abogacía inglesa y galesa The Law Society Gazette.

Por su parte, el abogado aduce que había acordado compartir los documentos con la parte contraria. Andrew afirma, en declaraciones a Público: “No acepto las críticas de la sentencia sobre la documentación legal e interna de Nigeria. Creo que actué de acuerdo con mis deberes profesionales y confío en que mi conducta será reivindicada en el momento adecuado por el órgano regulador”. El SRA decidirá si Andrew se pasó de la raya: le absolverá o castigará.

Velitor, la firma fundada por Andrew, fue el tercer despacho de abogados que utilizó Juan Carlos I en la disputa judicial con Corinna Larsen, un litigio que, según los expertos, ha tenido un coste millonario; un dinero con origen, directa o indirectamente, en la jefatura del Estado español.

El patrimonio de la examante del emérito aumentó al ritmo de su romance con Juan Carlos, quien se lucraba cuando era rey de España acumulando dinero en paraísos fiscales. Corinna Larsen se presenta como “asesora y estratega de grandes patrimonios y empresas líderes mundiales”; pero erró en los cálculos de una de sus operaciones más recientes: en enero de 2023 puso a la venta la finca Chyknell Hall Estate, en el oeste de Inglaterra, de 80.94 hectáreas de terreno con edificio de 11 dormitorios, por 17 millones de euros. Hoy se anuncia en la inmobiliaria Knight Frank por poco más de la tercera parte, 6,6 millones. Cuando la compró en 2015 pagó 6,5 millones de euros y gastó una cifra superior para reformarla. En el anuncio de la venta profirió a Daily Mail que la hacienda le recordaba “las fuerzas de la oscuridad de España” (metáfora del acoso).

Nadie conoce a la examante del rey de España por los parajes y pastos de Shropshire donde se ubica la hacienda, según ha publicado la prensa local. La operación Chyknell le está saliendo ruinosa a la examante, que en su día recibió del emérito un regalo del rey de 65 millones de euros, que algunos medios atribuyen a una comisión de Arabia Saudí por la construcción del AVE a la Meca.

Desde que se conocieron en febrero de 2004 y ella desplegó sus habilidades como honeymoon planner (organizadora de lunas de miel) para Felipe y Letizia,  hasta los últimos 146 millones de euros reclamados y no conseguidos, Corinna Larsen no ha dejado de reinventarse. En el Registro Mercantil de Londres, la danesa de nacionalidad, alemana de nacimiento y exresidente fiscal en Mónaco con propiedades en Inglaterra, citaba España como su país de residencia en 2005, al año siguiente de conocer al rey. Un dato revelado por Público que ella negó y adjudicó a un error, eliminado, del Registro Mercantil.

El romance con Juan Carlos le abrió muchas puertas, como la del financiero Wafic Said, la del azucarero cubano Pepe Fanjul, la del banquero Mohammed El Hussein, la de George Shehadeh (director de un fondo de inversiones de Dubai), la del sultán de Omán, las de la familia real de Catar y la de Arabia Saudí, sólo por citar algunas. En 2010 obtuvo 4,4 millones de euros del Banco Nacional de Kuwait, tras una visita oficial de Juan Carlos a aquel país; en 2015 ingresó 1,7 millones de euros del Gobierno de Baréin,luego de otro viaje oficial del monarca; en marzo de 2018 Corina recibía 9 millones de euros en Islas Vírgenes, investigados por la Fiscalía suiza. Las pesquisas acabaron con una multa por vulnerar la normativa contra el blanqueo de dinero y el archivo de la causa. Libres de culpa en Suiza.

En España, Juan Carlos ha sido exonerado de delitos financieros por prescripción, inmunidad y regularización. En Londres, la jueza ha desestimado la demanda de Corinna Laresen, de 58 años, contra Juan Carlos, de 85, por falta de jurisdicción.