Las mujeres migrantes tienen mucho que decir de cara a unas elecciones en las que no todas podrán votar, pero todas ven ponerse en juego sus derechos. Organizadas en el III Foro Político “Mujeres migrantes en el ejercicio de su ciudadanía”, más de veinte organizaciones han debatido sobre medidas concretas para ver estos derechos reconocidos y garantizados. “Queremos una España abierta, una España en la que las mujeres y las personas migrantes tengan su lugar y sus derechos”, han señalado las organizadoras del evento. “Es una vergüenza que haya partidos políticos que ahora mismo están de manera explícita lanzando consignas xenófobas”, denuncian.

El Foro, en el que han participado representantes de ESCODE, SEDOAC, Red de Mujeres Latinas y Caribe y una veintena de asociaciones, supone el punto de partida de un proceso de participación ciudadana “para analizar las necesidades de las mujeres migrantes y refugiadas, evidenciar las violencias institucionales y estructurales específicas y representar los intereses de las mujeres en condición de extrema vulnerabilidad, que se encuentran aún más invisibilizadas”, en palabras de las convocantes.

Pese a haber invitado a los cuatro principales partidos políticos a participar, el Foro sólo contó con la presencia de Mónica Silvina, secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE. Dina Bousselham, de Podemos, que había confirmado su asistencia, finalmente no pudo asistir. Ciudadanos y el Partido Popular decidieron ausentarse. “¿Por qué no les interesamos? Porque no votamos”, reflexionó Silvina Monteros, representante de ESCODE.

Las mujeres migrantes como sujeto político

Las trabas a la participación política de las mujeres migrantes comienzan con las limitaciones en el acceso al derecho a voto. El artículo 13.2 de la Constitución española restringe el sufragio de las personas extranjeras a los casos en los que la legislación de sus países de origen permita a los españoles votar. Silvina Monteros, coordinadora de investigación de ESCODE, ha asegurado que este requisito es inalcanzable para muchas personas migrantes, que no tienen control sobre las decisiones políticas de sus países de origen. “¿Cuál sería el mejor ejemplo de un país democrático que el hecho de que se nos permitiera votar?”, ha cuestionado. También, ha abogado por que España firme el Convenio de la Unión Europea de 1992 para la participación de las personas extranjeras en la vida pública “que reconoce el derecho a sufragio activo y pasivo para las personas extranjeras cuando llevan residiendo más de cinco años en los países europeos” en las elecciones locales.

“Para las mujeres migrantes es muy importante tener aquí un apoyo, por ejemplo, para la conciliación de la vida laboral y familiar”, afirma Monteros, que exige que se facilite la reagrupación de las personas migrantes con sus padres y madres. Además, ha recordado el compromiso de España de acoger 20.000 personas refugiadas (del que se ha cumplido menos del 15%) y el colapso de la Oficina de Asilo y Refugio, con “listas de espera de hasta 5 meses” sólo para pedir cita. “Hay una descoordinación a lo largo de toda la costa en cuanto a la atención y la derivación que se hace a las personas que llegan”, ha afirmado, exigiendo el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

“Nosotras limpiamos sus casas para que ellas rompan el techo de cristal”

“A pesar de que tengamos una formación, debido a los diferentes obstáculos para poder homologar nuestros títulos o dar valor a nuestra experiencia laboral en nuestros países de origen, se nos relega a un trabajo que es muy importante, pero que nadie lo quiere”, cuenta Carolina Elías, presidenta de SEDOAC. Ese trabajo es el empleo doméstico, al que se dedican más de 600.000 mujeres en nuestro país (sólo un 5% del trabajo del hogar lo realizan los hombres). De estas, el 60% son mujeres migrantes, explica Elías.

“¿Por qué nadie quiere este empleo?”, pregunta Elías, que acto seguido se responde: “Porque es un trabajo en condiciones indignas. En condiciones de precariedad, en condiciones de explotación y en condiciones de semi o total esclavitud”. El Régimen Especial de la Seguridad Social al que está sujeto el trabajo de cuidados en el hogar supone que no coticen por el total de su salario, sino por tramos, perdiendo el derecho a prestaciones por desempleo y a la baja por maternidad completa. “No se reconocen las enfermedades laborales, porque, claro, el lugar más seguro para trabajar es la casa”, denuncia la presidenta de SEDOAC, que enfatiza que la “inviolabilidad del hogar familiar” impide el acceso a la Inspección de Trabajo para comprobar sus condiciones laborales.

La lucha por la igualdad de derechos para las empleadas del hogar y por alternativas de empleo para las mujeres migrantes “es cuestión de justicia”, resalta Elías. “No lo podemos hacer solas, necesitamos que todas las mujeres feministas nos sumemos a esta reivindicación”, afirma la activista de SEDOAC. “Nosotras limpiamos sus casas para que ellas rompan el techo de cristal”, apunta Antonia Ávalos, de la Red de Mujeres Latinas y Caribe. “La discriminación y la falta de derechos que vivimos es estructural, hace falta que las mujeres españolas nos vean como iguales, como hermanas”, añade.

Sobrerrepresentadas en cifras de violencia de género, pero no en medidas para atajarla

“Las mujeres migrantes somos el 5% de la población, pero el 30% de los asesinatos machistas son en mujeres migrantes”, explica Tatiana Retamozo, de la Red Mujeres Latinas y Caribe, a Público. “Está ocurriendo algo que hace que esas mujeres no accedan a una protección, a unos recursos”, subraya. Para ella, las 24 medidas del Pacto de Estado de Violencia de Género destinadas específicamente a las mujeres migrantes son muy necesarias, pero no son suficientes si no van acompañadas de una adecuación de los servicios de atención a la realidad de las migradas. “El enfoque de género no es suficiente para comprender la desigualdad”, asegura.

El hecho de que la legislación española no considere la violencia sexual fuera de la pareja o expareja como violencia de género, una de las reivindicaciones del movimiento feminista nacional, perjudica por partida doble a las mujeres en situación irregular. La Ley de Extranjería permite a las migrantes que han denunciado un caso de violencia de género conseguir un permiso de residencia temporal y de trabajo, que se podrá prolongar si hay sentencia condenatoria. Al mismo tiempo, esta ley impide la expulsión de la mujer denunciante hasta que finalice el procedimiento legal. La representante de la Red de Mujeres Latinas insiste en la importancia de incluir este tipo de violencia en la Ley Orgánica de Violencia de Género, ya que lo contrario aboca a las mujeres migrantes que la sufran a la desprotección.

“Hay muchísimas mujeres que han padecido violencia machista, han tenido una orden de protección y regresan a sus países y no reciben atención”, denuncia Retamozo a Público. La activista reclama la creación de un protocolo de retorno, para que “cuando esta mujer decide regresar, que las medidas que tiene se mantengan, que todo lo que se ha ganado aquí no se pierda allí”. Aunque esta cooperación internacional aparece en la medida 64 del Pacto de Estado, aún no existe una línea de actuación unificada ni la suficiente coordinación con los Consulados de origen, matiza.