El 25% de la atención hospitalaria gallega está en manos de empresas privadas, según un estudio de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (Ahosgal) que indica que esos centros gestionan una de cada cuatro actuaciones médicas en atención especializada y que agrupan al 18,5% de todas las camas hospitalarias de la comunidad. Ahosgal asocia a doce centros sanitarios privados acreditados por el Servicio Galego de Saúde (Sergas): tres en A Coruña, dos en Lugo, Ourense, Santiago y Vigo, y uno en Ferrol y en Pontevedra.

Según el estudio Diagnóstico de la Sanidad en Galicia 2017, que Ahosgal presentó el pasado lunes en Santiago, el volumen de negocio conjunto de esas clínicas ascendió en el año 2016 a 316,6 millones de euros, es decir un 4,3% más que la facturación que registraron en el 2015. De esa cantidad, 133,7 millones de euros correspondieron a las cantidades que los hospitales privados reciben del presupuesto sanitario público por sus conciertos para tratar a pacientes del Sergas.

El informe indica que los hospitales privados realizaron casi uno de cada cuatro ingresos en el conjunto de la sanidad gallega, así como el 33% de las intervenciones quirúrgicas, el 27% de toda la atención de las urgencias médicas y el 23% de las consultas externas. Aunque la mayoría de la actividad de las clínicas privadas concertadas con el Sergas, un 41%, corresponde a la que prestan a los tomadores de seguros privados de salud, casi un 40% se refiere a la que deriva en ellas la sanidad pública.

La gerente de Ahosgal, Marta Taboada, explicó durante la presentación del informe que, en términos relativos, Galicia destina a la sanidad pública un 10% menos que la media de las comunidades autónomas españolas: 1.919 euros por persona y año frente a los 2.152 euros del conjunto del Estado.  En total, de cada 100 euros de todo el gasto sanitario de Galicia, 27 corresponden a la financiación privada de empresas y particulares.

Sindicatos, asociaciones de usuarios y de profesionales sanitarios, así como la oposición política en el Parlamento gallego, vienen denunciando desde hace tiempo el proceso de privatización de la sanidad pública de la comunidad desde la llegada al poder en el año 2009 del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Ahosgal desmiente esa tesis, ya que, según indica su gerente, la actividad concertada del Sergas con los hospitales privados para atención especializada se redujo en un 6,82% desde el año 2012, con 9,8 millones menos. Esa cantidad representa, según afirma la asociación, el 3,5% del presupuesto del Sergas, y en ella están incluidas una partida de más de 75 millones de euros correspondiente al acuerdo con el hospital Povisa de Vigo, que recibe ese montante con carácter fijo para atender a pacientes con tarjeta sanitaria del Sergas, y otra de 11,2 millones para financiar la Fundación Centro Oncológico de Galicia, tutelada por la Xunta.

“Si se excluyen estas dos partidas, los recursos destinados a concertar la actividad especializada que correspondería realizar al Sergas ascendería a 47,5 millones de euros, el 1,25% del gasto sanitario público. Y estos conciertos permiten acelerar demoras en la atención a los usuarios y resolver problemas de salud con celeridad”, argumenta Taboada, quien asegura que esa cantidad es “similar” a los ingresos que percibe el Sergas por atender a usuarios sin tarjeta sanitaria o con un tercero obligado al pago de la factura derivada de sus servicios.

La gerente de Ahosgal va más allá e incluso aboga por una mayor participación de la empresa privada en la sanidad pública gallega, ya que, según matizó, la Xunta destina una media de 77 euros por persona a los conciertos médicos con hospitales privados, por debajo de los 125,4 euros de media del conjunto del Estado y de otras comunidades como Cataluña (324 euros) o Madrid (151 euros).

Esa tesis contradice un estudio de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que indicaba que Galicia, tras Cataluña y Madrid, es la tercera autonomía española con mayor incidencia de la privatización de la sanidad pública.

El informe de la FADP, presentado en el 2014, valoraba otros aspectos además de la cantidad de recursos públicos destinados a las empresas privadas, como la proliferación de los seguros privados o la existencia de las fórmulas de colaboración público-privada entre éstos y las administraciones autonómicas para la prestación de servicios sanitarios.

El estudio, además, advertía de que las cifras están mediatizadas por la extensión del modelo de Muface, la mutua de los funcionarios públicos, “que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados”, y por la extensión de las fórmulas de contratación directa entre hospitales públicos y privados para la realización de determinadas actuaciones, como pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas concretas, cuyas partidas “no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos”.

(*) NOTA:
Parte de esta información ha sido rectificada por la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (AHOSGAL)